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Acusan formalmente a inmigrante ilegal de quemar viva a una mujer en el subway de Nueva York
El hombre acusado de quemar a una mujer hasta la muerte en una estación de tren del subway de la ciudad de Nueva York fue acusado formalmente de cargos de homicidio y de incendio deliberado, informó el viernes un fiscal, mientras las autoridades siguen trabajando para confirmar la identidad de la víctima.
La acusación formal se produce días después del arresto de Sebastián Zapeta y su posterior interrogatorio policial, en el que, según las autoridades, afirmó no saber qué había sucedido, aunque se identificó a sí mismo en fotos y videos de vigilancia que mostraban el incendio.
El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, comentó a los reporteros que el acta de acusación será desprecintada el 7 de enero y que Zapeta ha sido acusado de varios cargos de homicidio así como de uno de incendio deliberado. El máximo cargo conlleva una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
“Fue un acto malicioso. Una mujer dormida y vulnerable en nuestro sistema de metro”, dijo González.
Zapeta, de 33 años, quien, según autoridades federales de inmigración es un ciudadano guatemalteco que ingresó ilegalmente a Estados Unidos, fue acusado inicialmente de asesinato e incendio deliberado en una denuncia penal.
Tales acusaciones suelen ser un primer paso en el proceso penal porque, en Nueva York, todos los casos de delitos graves requieren una acusación formal de un jurado investigador para proceder a juicio, a menos que el acusado renuncie a ese requisito.
El abogado que representa a Zapeta rechazó comentar al respecto.
Las autoridades dicen que Zapeta se acercó a la mujer, que estaba inmóvil y se cree que estaba dormida, en la parada de la estación de Coney Island, y le prendió fuego a su ropa con un encendedor el domingo por la mañana. Agitó una camisa hacia ella para avivar el fuego, provocando que la mujer quedara envuelta en llamas, señalaron las autoridades.
Posteriormente, Zapeta se sentó en una banca de la plataforma y observó mientras ella se quemaba, afirmaron los fiscales. La mujer fue declarada muerta en el lugar. La policía detuvo más tarde a Zapeta cuando viajaba en un tren de la misma línea.
Gonzalez comentó a los reporteros el viernes que la policía y los médicos forenses están trabajando para identificar a la mujer utilizando huellas dactilares y técnicas avanzadas de ADN, al tiempo que siguen sus pasos antes del asesinato.
El domicilio de Zapeta en Brooklyn, divulgado por la policía después de su arresto, corresponde a un refugio que proporciona vivienda y apoyo para personas que padecen abuso de sustancias.
Las autoridades federales de inmigración dijeron que fue deportado en 2018, pero regresó a Estados Unidos ilegalmente en algún momento después de esa fecha.
El terrible episodio ha renovado la preocupación por la seguridad en el mayor sistema de transporte público del país.
En general, la delincuencia en el metro es relativamente inusual, y los trenes y las plataformas generalmente son tan seguros como cualquier otro lugar público de la ciudad de Nueva York. Los datos de la policía muestran que los principales delitos disminuyeron este año hasta noviembre, en comparación con el mismo periodo de 2023.
Pero los homicidios aumentaron, y se registraron nueve asesinatos hasta noviembre frente a cinco durante el mismo periodo del año pasado. Esa cifra no incluye a la mujer que murió quemada ni al hombre que fue apuñalado mortalmente en una estación de metro de Queens el mismo día.
Los atentados de gran repercusión, como los apuñalamientos y los empujones violentos, también ponen nerviosos a muchos viajeros en una ciudad en la que millones de personas utilizan el metro cada día.
“Cuando se producen estos incidentes, el éxito se ve ensombrecido y eso afecta a la psique de los neoyorquinos”, declaró el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en una entrevista televisada a principios de esta semana, señalando que en muchos incidentes de gran repercusión están implicadas personas con problemas de salud mental.
Adams, quien es demócrata, ha ordenado a la policía que colabore con el equipo de investigación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para estudiar la posibilidad de presentar cargos penales contra Zapeta en virtud de la legislación federal sobre incendios deliberados, según un portavoz de la oficina del alcalde.
Gonzalez dijo a los periodistas el viernes que los cargos presentados por su oficina podrían dar lugar a una pena más severa, con la posibilidad de que Zapeta pudiera ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible «para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él».
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
«Un cascarón vacío»
Tras permanecer en silencio, con el ceño fruncido y sin mostrar ninguna emoción aparente durante la audiencia, Routh tomó la palabra. Se colocó unas gruesas gafas negras y comenzó a leer un discurso de 20 páginas que traía preparado.
«Mi sentencia es totalmente insignificante. Ante ustedes no hay nada; no soy más que un cascarón vacío», declaró, antes de definirse como una buena persona, trabajadora y entregada a su país.
La jueza Cannon lo interrumpió varias veces y le pidió que acortara un discurso que consideró irrelevante para el caso. Routh llegó a decir, por ejemplo, que cambiaría su vida por la de palestinos víctimas del conflicto con Israel.
El condenado volvió a mostrar su fijación por la invasión rusa de Ucrania, adonde había viajado para unirse a voluntarios extranjeros, y lamentó la pasividad del mundo ante esa guerra.
Frente a él, el fiscal John Shipley trató de desmontar la imagen de buen ciudadano defendida por Routh y su abogado, Martin Roth.
«Intentó llevar a cabo una matanza a sangre fría», con el «objetivo de subvertir la democracia estadounidense» matando al entonces candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, dijo Shipley.
Internacionales
Un documental de Netflix repasa el caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a bebés
«La investigación sobre Lucy Letby» suscitó la indignación de los padres de la enfermera de 36 años, que además de los 7 homicidios fue acusada de otros siete intentos, todos entre 2015 y 2016.
En un comunicado publicado el sábado en el sitio web del Sunday Times, John y Susan Letby calificaron la película como una «violación total de la vida privada», subrayando la constante presión mediática a la que se han visto sometidas estos años.
La queja de los padres de la enfermera se debe a las imágenes inéditas de la detención de su hija en su domicilio, grabadas por un policía.
La película se abre con esa escena, mostrando a la joven en su cama, en pijama, confundida, casi aturdida.
Letby es esposada, en bata, y es trasladada en auto a la comisaría.
«No mires mamá, vuelve (a casa)», le dice la joven a su madre, cuyos sollozos se escuchan.
Este documental de una hora y medios busca ofrecer al público las versiones de ambas partes.
— «¿La persona equivocada?» —
Letby fue condenada en agosto de 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena, un castigo poco frecuente, tras ser declarada culpable de haber matado a siete recién nacidos inyectándoles aire por vía intravenosa o utilizando sus sondas nasogástricas para introducir aire o una sobredosis de leche en sus estómagos.
La enfermera también fue declarada culpable de intento de asesinato de otros siete bebés en su unidad de cuidados intensivos del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra.
Letby siempre ha defendido su inocencia, pero la justicia británica le ha negado en dos ocasiones la posibilidad de apelar.
El caso está siendo examinado actualmente por la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC), un organismo independiente que se ocupa de posibles errores judiciales.
Por otra parte, las causas de la muerte de seis bebés serán examinadas a partir del 5 de mayo por un forense, cuyas conclusiones pueden ser transmitidas a la fiscalía.
En el séptimo caso, la investigación no permitió determinar si la muerte del bebé fue natural o no.
El documental también incluye imágenes inéditas extraídas de los vídeos de los interrogatorios de Lucy Letby, así como el testimonio de la madre de una de las víctimas.
El reportaje destaca elementos inquietantes, como cuando Lucy Letby responde «sin comentarios» a las preguntas de los policías, o muestra extractos de su diario íntimo en los que las fechas que coinciden con la muerte de los bebés están marcadas con un asterisco.
Por el contrario, la película incluye el testimonio del médico canadiense Shoo Lee, quien cuestionó los peritajes presentados en el juicio y afirma estar convencido de la inocencia de Lucy Letby.
El documental concluye con el testimonio del doctor John Gibbs, expediatra del hospital donde trabajó la joven.
«Vivo con dos culpas. Una es haber fallado a los bebés. La otra es ¿hemos detenido a la persona equivocada?. No creo que haya habido un error judicial, pero nos preocupa que nadie la haya visto cometer esos actos», declaró Gibbs.
Entrevistado el miércoles en la radio LBC News, el ministro británico de Salud, Wes Streeting, afirmó «seguir confiando en las decisiones de los tribunales», salvo que sean invalidadas por la propia justicia.
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
