Judicial
FGR moviliza a 40 fiscales para allanamiento en AL
Fotografía: DEM.
La Fiscalía General de la República (FGR) inició el proceso de investigación, este martes, a través del allanamiento de en la Asamblea Legislativa (AL), por las denuncias públicas de las plazas irregulares en este órgano de Estado.
El Juez de Paz, ordenó el allanamiento como parte de la investigación que realiza la fiscalía quienes recabarán la información necesaria y probatoria, ante estos delitos, según informó German Arriaza, fiscal de la Unidad Contra la Corrupción y la Impunidad de la FGR.
«Hay una orden que nos autoriza realizar esta diligencia, la cual nos permitirá incautar documentación y equipo informático para realizar el proceso investigativo», explicó Arriaza.
Esta sería la etapa inicial para determinar la existencia de las «plazas fantasmas», dentro de la AL, y también determinar la participación directa e indirecta ante los delitos que se estarían cometiendo, adelantó Arriaza.
«Tenemos diversidad de elementos probatorios. (…) Hay ciertas diligencias de carácter documental y testimonial que se han incorporado y que nos han permitido que (el allanamiento) se haya autorizado», dijo el fiscal del caso.
«Vamos a recolectar toda la información que nos permita establecer si hay personas que están contratadas en esta institución y que no están realizando sus funciones como la ley obliga. (…) Vamos a establecer la existencia del delito y determinar quien o quienes pudieron haber participado en distintitas calidades en estos hechos para establecer las responsabilidades», aseveró Arriaza.
La FGR ha movilizado a 40 fiscales y equipo de análisis que trabajarán durante 72 horas, en el allanamiento, para hacer efectivas las investigaciones necesarias.
Según el artículo 325, del Código Penal, señala: «El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho», tendrá que pagar de seis a quince años de prisión, según sea la cantidad monetaria con la que se ha lucrado.
Por primera vez en la historia la AL estaría siendo allanada por actos de corrupción, luego de más de 20 años estar dirigidas por las mismas fracciones legislativas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
