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El Gobierno de Nayib Bukele ha golpeado siete estructuras transnacionales de crimen organizado
Entre enero y el 5 de diciembre de 2025, siete estructuras criminales transnacionales, en su intento por arraigarse en El Salvador, fueron desarticuladas tras investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) dirigió junto con la Policía Nacional Civil (PNC), que como ente auxiliar efectuó las detenciones para que tribunales de crimen organizado dejaran en prisión a sus integrantes.
Venezolanos, colombianos, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, panameños y nicaragüenses ingresaron al país vía terrestre y aérea, pero con el paso del tiempo quedaron en situación migratoria irregular; otros accedieron a través de fronteras no habilitadas, conocidas como puntos ciegos.
Los delitos que más han cometido estos grupos criminales son estafa agravada, hurto por medios informáticos, robo y hurto; en algunos casos consumaron lavado de dinero, falsificaciones, tráfico de drogas y amenazas.
En el más reciente caso, por el cual se emitieron 30 órdenes de captura, varios salvadoreños formaban parte de una estructura transnacional que ofrecía de forma ilícita visas de trabajo para Estados Unidos. Los delincuentes son señalados de estafar a 700 víctimas, 44 casos en El Salvador, por $2.5 millones. La red delinquía en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador.
En las indagaciones de las autoridades salvadoreñas se estableció que forman parte de la denominada Delincuencia Transnacional Organizada (DOT) y tienen todas las características de crimen a esa magnitud, pero son grupos relativamente nuevos con menos de cinco años de existencia.
En el país representaban una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad económica de los salvadoreños, ya que con su accionar delictivo afectaron el patrimonio de decenas de víctimas.
Estas redes criminales estaban organizadas desde sus cabecillas hasta el nivel jerárquico más bajo; cada uno de sus miembros tenía una función específica para delinquir.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en una de las operaciones que llevó a desbaratar una estructura, les mandó un mensaje de cero impunidad: «Ustedes y sus cabecillas deben entender que no vendrán a cometer delitos impunemente a nuestro país. Contamos con todas las herramientas necesarias para detectar cualquier ilícito y llevar ante la justicia a cualquier persona u organización criminal para que pague por los delitos cometidos en nuestro territorio», dijo.
La estructura más antigua que había estado delinquiendo en el país fue desarticulada el pasado 31 de octubre, cuando más de 44 nicaragüenses, hondureños y salvadoreños fueron capturados. Según las pesquisas, habían estado operando entre enero de 2021 y el 31 de octubre de 2025; cada uno tenía distintos roles para cometer los robos y hurtos en las unidades del transporte.
Unos se encargaban de distraer a las víctimas, mientras otros registraban las carteras y mochilas de las personas a las que hurtaban. También había motoristas que trasladaban a los integrantes de la banda luego de consumar los hechos.
Otra organización desmantelada en dos fases fue una que, según la Fiscalía, involucra a 549 personas con presencia en Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador y México.
Se dedicaban a estafar a través de redes sociales y plataformas digitales. Mediante la denominada investigación Escudo Virtual, las autoridades verificaron que consumaron 4,728 casos en los cuales utilizaron cuentas personales para hacer transacciones de dinero hacia varios países.
A principios del año fue desbaratada una banda de cuatro venezolanos y un ecuatoriano, quienes crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de vehículos. Hicieron creer a las víctimas que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los autos que elegían.
Otra estructura desarticulada es una red de cibercrimen que intentó hackear cajeros automáticos. Son tres venezolanos y un mexicano quienes serán procesados acusados de agrupaciones ilícitas, hurto por medios informáticos y daños.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
Pandilleros de la estructura Fulton Locos Salvatruchos que delinquían en el departamento de Chalatenango, fueron condenados por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Entre los sentenciados está Víctor Morales Guardado, alias «Lechuza» o «Búho», a quien la Fiscalía General de la República vinculó con 19 hechos delictivos, incluyendo cuatro homicidios agravados.
Al final del juicio, el tribunal lo encontró responsable por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y agrupaciones ilícitas, imponiéndole 75 años de prisión.
También fue condenado Mariano de Jesús Ticas Rivas, alias «Bam Bam», el pandillero recibió 32 años de prisión por dos casos de extorsión agravada en perjuicio de víctimas con régimen de protección y Joel Armando Espinal Valle, fue sentenciado a cinco de cárcel.
Los mareros comenzaron a ser investigados tras la desaparición de dos hermanos en el 2017, en la jurisdicción de Tejutla, departamento de Chalatenango.
Otros hechos ocurrieron en 2018, en distintos puntos de ese departamento donde la estructura delictiva tenía presencia.
En la vista pública declararon varios testigos que fueron afectados por el accionar de los pandilleros, sobre todo, personas que estuvieron siendo extorsionadas.
La Fiscalía reforzó los testimonios de las víctimas con prueba documental y pericias que vincularon a los pandilleros con los crímenes acusados.
El pandillero prófugo, Julio César Martínez Ortiz, alias «Rizos», fue condenado a 45 años de cárcel, por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado, así como proposición y conspiración en homicidio agravado.
En la investigación presentada ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, trascendió que el pandillero es miembro de la estructura Silent Danger Locos Salvatruchos, una célula que dependía de la organización criminal que giraba instrucciones delictivas desde el centro de San Salvador.
Martínez Ortiz, por años se había arraigado en el distrito de Panchimalco, del municipio de San Salvador Sur, junto a otros terroristas estuvo cometiendo una serie de delitos.
En la acusación judicial, el ministerio público expuso que entre los hechos investigados se encuentra el homicidio agravado de una víctima quien fue interceptada, interrogada y luego asesinaron por tener «apariencia» de un pandillero de la 18.
«Rizos», consumó ese crimen junto a otros pandilleros, en Panchimalco, según lo probó la Fiscalía con testimonios y otras evidencias que el tribunal consideró darles validez.
El tribunal efectuó el juicio en contra del marero quien no está detenido, pero aplicó las reformas al Código Procesal Penal reformado por la Asamblea Legislativa en el 2023.
Esa enmienda faculta a los jueces realizar audiencia preliminar y vista pública a personas prófugas. Antes, una persona podía ser acusada en la fase inicial como ausente, pero si una vez vencía el plazo de instrucción y no llegaban a la audiencia preliminar, el expediente no podía avanzar y debía archivarse hasta que el imputado fuera detenido.
