Política
La sustentabilidad ambiental es la base del crecimiento económico y social del país
Roberto Rivera Ocampo, candidato a la vicepresidencia de VAMOS participó en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV), en el que presentaron la plataforma de diálogo a candidatos a la presidencia y vicepresidencia, quienes también hicieron propuestas relacionadas con la sustentabilidad.
Durante el encuentro, Rivera Ocampo planteó algunas de las medidas concretas que VAMOS a realizar, relacionadas con el abastecimiento de agua, el saneamiento, el transporte y la movilidad, energías renovables y eficiencia energética, innovación y la revitalización del campo.
Según expresó el candidato, la sustentabilidad ambiental es la base del crecimiento económico y social de El Salvador. A su juicio, la recuperación, restauración y protección de nuestros recursos naturales debería ser llevada al nivel de catalogarse como un “recurso estratégico para el desarrollo” y adquirir un estatus constitucional de tal manera que todo el Estado ponga al servicio de esta tarea los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para que en 10 años logremos una estabilidad ambiental.
“VAMOS a hacer la mayor inversión social del país en agua y saneamiento. Es responsabilidad de todos los ciudadanos e instituciones públicas el saneamiento del país” destacó el candidato.
Según explicó el tema del agua es uno de los pilares de su plan. “Nuestro compromiso es llevar agua a los 600 mil que no tienen en 5 años y hemos estimado el costo de la inversión que ronda 200 millones de dólares. En este sentido, fue enfático al señalar que VAMOS trabajará para llevar agua a todo El Salvador ya que “estamos convencidos que es una de las formas de desarrollar nuestro país. No hacerlo tiene unos costos muy elevados en materia social y económica, en particular para las familias rurales y vulnerables”, amplió.
Por otro lado, Rivera Ocampo se refirió a la gestión de saneamiento para lo que plantean realizar una inversión en sistemas domiciliares y para completar la construcción de plantas de tratamiento a lo largo del país. Asimismo, en temas relacionados con la alarmante situación de los desechos sólidos, señaló que buscarán la implementación de medidas responsables y serias.
“VAMOS a invertir en una campaña agresiva y en establecer un sistema de recolección clasificada de los desechos, en coordinación con las 262 alcaldías. Facilitaremos la inversión en nuevos rellenos sanitarios y en la atracción de tecnología más eficiente para reconvertir los desechos”, destacó. Además, invertirán en investigación para la innovación junto con la academia y la empresa privada y crearán incentivos para que la transformación productiva se haga realidad en los siguientes años.
Otra de las apuestas de VAMOS está relacionada con el transporte y la movilidad, problemas que, según dijo Rivera Ocampo, ningún gobierno ha querido asumir de manera responsable. “Proponemos el plan “CERO TRABAZÓN” que incluye, entre otros aspectos, la construcción del anillo periférico en el Área Metropolitana de San Salvador y posteriormente en otras ciudades como San Miguel y Santa Ana”, dijo Rivera Ocampo. Este plan incluye, entre otras acciones, la construcción de estaciones de parqueo en las principales entradas como la Carretera a Comalapa, Carretera a Los Chorros, Redondel Integración, Carretera al Puerto de La Libertad.
El candidato señaló que la mayor inversión será para reconvertir el sistema de transporte público en uno moderno, seguro y eficiente, amigable con el medio ambiente y que respeto los derechos de los usuarios, peatones y conductores. Esto se complementará con la instalación de un “Centro de Monitoreo de Trabazones y de Contaminación” con cámaras en principales arterias.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
