Política
FGR brinda aportes sobre iniciativa para que plazos judiciales por el delito de feminicidio no caduquen
Los diputados de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género iniciaron el estudio para reformar el Código Procesal Penal, para que los plazos judiciales de los delitos de feminicidio y feminicidio agravado no caduquen.
Además, la mesa de trabajo contempla incorporar el artículo 58-A a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), encaminado al mismo objetivo de que estos delitos no queden impunes.
“En esta Asamblea se hicieron reformas para que el delito de corrupción no prescribiera. Ahora, haremos algo similar incorporando la no prescripción del delito de feminicidio y feminicido agravado”, afirmó la presidenta de dicha mesa de trabajo, Alexia Rivas.
Actualmente, no se vence la acción penal en casos como la tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos en contra de menores o incapaz y peculado.
“Con estas reformas queremos determinar que si hubo 80 feminicidios, pues debe haber 80 capturados. Hoy habrá justicia para las víctimas, para las familias dolientes de esas mujeres que murieron a manos de cobardes”, comentó la legisladora Norma Lobo.
Los aportes técnicos y jurídicos
Para poder adquirir los diferentes puntos de vista en torno a esta modernización de las leyes, en la comisión fueron recibidas la fiscal adjunta de la Mujer y Grupos Vulnerables de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina Haydeé Martínez de Ortega; y la jefa de la Unidad Especializada para la Investigación de Feminicidios, Ana Isabel Durán.
“Estamos interesadas y expectantes de estas reformas, porque siempre ha habido plazos para estas investigaciones y nos estábamos quedando atrás. Ya no habría casos cerrados en donde no se les hace justicia a las víctimas”, aseguró Martínez de Ortega. “Históricamente, siempre es la mujer la que ha sido vulnerada de sus derechos y recae en hechos violentos”, agregó.
De acuerdo a la fiscal, esta actualización de las normativas es viable y con esto habría más herramienta para la institución que representa. A la vez, lamentó que de ser implementadas las reformas no serían retroactivas, pero es un paso importante para la búsqueda de la justicia para el sector femenino.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
