Política
Eugenio Chicas: “El FMLN no tuvo la entereza ni valentía de combatir la corrupción y el nepotismo de sus gobiernos”
El dirigente del FMLN, Eugenio Chicas, admitió que su partido no tuvo la “entereza” de combatir la corrupción y el nepotismo que ocurrieron en el partido y, como consecuencia, en sus períodos al frente del Ejecutivo. A criterio de Chicas, que se ha convertido en una de las voces disidentes frente al discurso predominante en el partido, esta omisión fue la que terminó erosionando la confianza de los votantes.
“Nos faltó entereza y nos faltó valentía como partido y como Gobierno para aquellas señales de corrupción que comenzaban a haber en nuestras filas, ir de frente y resolverlas y denunciarlas”, dijo Chicas, durante el programa de entrevistas matutino de Canal 21.
También hizo referencia a la contratación de familiares de los dirigentes en todo el aparato estatal en los dos periodos de gobierno. “No solo la corrupción: temas de nepotismo. No supimos enfrentarlos y resolverlos oportunamente”.
Durante el primer período del FMLN en la presidencia del órgano Ejecutivo, el prófugo Mauricio Funes utilizó la partida secreta para desviar fondos públicos. Con este dinero, se dedicó a satisfacer sus intereses personales y a comprar lealtades políticas. La Fiscalía General de la República estima que la malversación del prófugo y su círculo cercano asciende a $350 millones. Además, tiene otras seis órdenes de captura en su contra.
En tanto, Salvador Sánchez Cerén contrató durante su gobierno a por lo menos 10 familiares en diferentes instituciones. También la excomandate Nidia Díaz, los dirigentes Norma Guevara, Orestes Ortez, Roberto Lorenzana, Manuel Melgar y una larga lista de altos mandos del partido tenían a sus parientes trabajando en el Gobierno –incluidas las entidades supervisoras y las empresas públicas–; en la mayoría de las ocasiones, sin haber reunido la experiencia y el conocimiento para ejercer las funciones. Eran, en total, 34 empleados que requerían más o menos $1 millón en salarios.
Grupo empresarial
También el efemelenista se refirió a un grupo empresarial que se “enquistó” en el partido y comenzó a “desnaturalizar” su posición política. Esto contribuyó a desgastarlos frente a los futuros votantes. De igual manera, Chicas sostuvo que no lograron como partido aprovechar su correlación favorable en la Asamblea para impulsar reformas de beneficio para la población.
“La población, con mucha claridad, leyó la incapacidad que estábamos mostrando y, por lo tanto, cambió de apuesta”, sostuvo Chicas.
A juicio de Chicas, con cuatro diputados en la legislatura 2021-2024, no tendrán mucha relevancia institucional. Sin embargo, considera que con las 30 alcaldías que lograron ganar, sí podrán hacer algún trabajo.
Política
ARENA confirma participación electoral en medio de críticas por baja afluencia en internas
Judicial
Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Política
CCR se prepara de cara a elecciones 2027
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.






