Política
Diputados y representantes del gobierno estudian reapertura de la economía para el 10 de junio
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa y funcionarios del Gobierno se reunieron ayer para discutir una normativa que regule la emergencia nacional, la cuarentena domiciliar y la reanudación económica gradual que se estancó por la pandemia del coronavirus o Covid-19.
El secretario privado presidencial, Ernesto Castro y el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, junto con algunos diputados, iniciaron con una discusión en desacuerdo, sobre si partir del proyecto de ley enviado por la Presidencia de la República o si del decreto legislativo 645 aprobado por la Asamblea Legislativa, que finalmente se partió de ambos.
«No estamos aquí como invitados sino como parte de esto. Venimos no como invitados, venimos como parte de esto, comencemos a discutir y vayamos poniendo el detalle a las cosas», pidió Ernesto Castro.
A lo que posteriormente Carlos Reyes le respondió al secretario: «Sigue siendo invitado, parte no puede ser. Sigue siendo invitado, es muy importante aclarar esto».
Inmediatamente, Mario Ponce, presidente de la Asamblea, respondió ante la situación pidiendo orden y respeto hacia los diputados y delegados del gobierno, «Comportémonos porque necesitamos construir», dijo.
Entre los temas que entraron en discusión fue el nombre para la ley. Por lo tanto, fue el primer acuerdo que tuvieron entre los presentes en la reunión.
Rodolfo Parker, diputado del PDC, sugirió el nombre de “Ley especial transitoria de atención integral a la vida y la salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y de reapertura de la economía”.
Asimismo, al sugerir el nombre, Parker agregó que, “estamos queriendo ser generosos”, por lo que causó algunas risas entre los presentes en dicha reunión.
Por otra parte, Carlos Reyes destacó, que los fondos que el Gobierno maneja dejan mucho que desear. «Hoy por hoy, algunos informes dejan mucho que desear y mientras no haya transparencia será muy difícil que podamos ir avanzando en estos temas».
«No estamos para malversar fondos y si algún funcionario se atreve, se va a ir preso literalmente. No estamos para estar escondiendo cosas», sostuvo el secretario privado ante las declaraciones del diputado Reyes.
Uno de los puntos que entro a discusión era el día que se tendría que abrir la economía nacional y donde el Secretario Ernesto Castro, explicó que de llegar a un acuerdo este día, la economía se tendía que abrir hasta el diez de junio y no el 6 de junio.
«El día 6 de junio era si ustedes (diputados) hubieran llegado a un consenso en la pasada plenaria y como no se llegó a un acuerdo, los días se tienen que correr porque se deben cumplir 15 días», detalló Castro.
Tanto los miembros de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa como representantes del gobierno, seguirán con la reunión este martes a partir de las 10:00 para poder llegar a un consenso.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
