Política
Diputados de la Asamblea Legislativa respaldan proyectos de desarrollo que ejecutará Obras Municipales en 2023
La Dirección de Obras Municipales (DOM), entidad creada por el presidente Nayib Bukele para impulsar el desarrollo de las comunidades, cuenta con el respaldo de diputados de la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para la ejecución de más proyectos de beneficio de la población en el 2023.
El director ejecutivo de la DOM, Álvaro O´Byrne, fue recibido este lunes 7 de noviembre por los legisladores a quienes explicó la asignación institucional de más de $272 millones en el Presupuesto General de la Nación del 2023, para la ejecución de obras de infraestructura vial, infraestructura y equipamiento de centros educativos a nivel nacional e infraestructuras diversas para todo el territorio, entre otros rubros.
“Le agradezco como salvadoreño y como miembro de esta comisión por el trabajo que están realizando, sé que ha sido un reto desde crear una institución, dirigirla y que esto se esté transformando en obras a los salvadoreños”, resaltó el jefe de la fracción de Nuevas Ideas y presidente de la comisión de Hacienda, Cristian Guevara.
El diputado William Soriano, también de la bancada cyan, agregó la DOM está cumpliendo con el objetivo de su creación al atender “el llamado de las autoridades municipales, de las comunidades, para poder intervenir zonas que en muchos casos no les habría alcanzado el presupuesto municipal”
“El trabajo de la Dirección de Obras Municipales va ir a reforzar el cumplimiento de los objetivos que tenemos como Estado salvadoreño; dignificar la vida de nuestra gente creo que es una tarea que no podemos tomarla a la ligera”, agregó el legislador del departamento de La Unión.
Debido al total abandono que sufrieron las comunidades del país de parte de los pasados gobiernos, “las necesidades imperantes que nuestra gente tiene son muchas y en muchos casos muchos alcaldes hicieron la tarea, ya tienen listas las carpetas y esos son los proyectos que van saliendo más rápido”.
Por mandato del presidente Bukele “estamos trabajando con los 262 alcaldes del país, no estamos viendo ni banderas políticas, ni partidos, somos el brazo técnico de todas las alcaldías, no estamos siendo quizá el embudo de que la gente estaba pensando que los proyectos iban a estar detenidos”, resaltó el director ejecutivo de la DOM.
«Los proyectos llevan su tiempo de diseño y ejecución, por eso vamos paso a paso realizando las obras solicitadas y priorizadas por los alcaldes en beneficio de sus pobladores. Hay alcaldes que ya tenían carpetas de proyectos y son las que más rápido van saliendo”, agregó.
A menos de un mes de cumplir un año de su creación, Obras Municipales ha invertido más de $235 millones en diferentes proyectos que por primera vez son tangibles para los salvadoreños, destacando más de $128 millones del Plan Nacional de Bacheo que se está ejecutando a más de 140 municipios del país.
La DOM está administrando los recursos de manera transparente, por lo que el pasado 3 de noviembre recibió la certificación mundial del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 convirtiéndose en la primera entidad del Gobierno del presidente Bukele y de Latinoamérica, en el área de construcción, en contar con este reconocimiento.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
