Política
Comisión de Obras Públicas avala reformas a ley de tránsito que incluye 23 nuevas infracciones
La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, este martes.
Los cambios en la normativa tienen la finalidad de regular las infracciones que comenten los conductores, implementar mecanismos tecnológicos para la imposición de multas y otras sanciones conexas registradas por medio de sistemas de control automatizado.
Los legisladores explicaron que también se ha contemplado la adopción de medidas preventivas para disuadir y evitar la comisión de conductas que riñan con la ley y que pongan en riesgo la vida de las personas.
El presidente de la mesa de trabajo, Salvador Chacón, destacó la importancia de que la práctica de una conducción segura se haga por el respeto a las normas y no por el temor a recibir una sanción.
“Poco a poco hay más participación de la población. Ahora, los usuarios denuncian lo que se hace mal. Las leyes se hacen respetar y en esa dinámica de crear una educación vial es que analizamos esta propuesta de ley”, expresó el parlamentario.
Chacón aseveró que actualmente las instituciones públicas realmente trabajan por el bienestar de la población.
“Queda claro que la visión del Ejecutivo es que los conductores tengamos una mejor educación vial. Queremos que las cifras de accidentes de tránsito disminuyan”, destacó el parlamentario.
Para profundizar sobre las modificaciones a la ley, la Comisión de Obras Públicas recibió al Viceministro de Transporte, Nelson Reyes, y al titular de la Dirección de Tránsito Terrestre, Alfredo Alvayero.
Reyes ahondó en que las reformas buscan incrementar el valor de las sanciones y aplicar un sistema de puntaje para otorgar las licencias de conducir. Es decir, que por cada infracción de tránsito que un conductor cometa se acumularán puntos en su licencia de la siguiente manera: Infracción leve 1 punto, Infracción grave 3 puntos e infracción muy grave 6 puntos.
“Para nosotros es de suma importancia contar con estos elementos, porque estamos prontos a implementar los semáforos inteligentes y la aplicación de foto multas para mantener una cultura vial de respeto y tolerancia”, afirmo el viceministro.
El funcionario expuso que el país tiene un crecimiento en el parque vehicular del 8.5% anual. “Esto significa que hay más conductores en la calle, lo que nos obliga a tomar medidas para garantizar la seguridad vial de la población”, precisó.
El proyecto de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa incorpora 23 nuevas conductas al cuadro de infracciones de tránsito, que podrían ser sancionadas con multas de $50, $100 o $150, de acuerdo a la gravedad de las mismas:
Se agregan a la lista de infracciones Leves, con multa de $50:
1. Conducir vehículo como instructor de una escuela de manejo sin su respectivo carné o portarlo vencido.
2. Circular con vehículos fuera del sistema de registro público de vehículos por falta de refrenda.
3. No encender las luces direccionales al cruzar o cambiar de carril.
Se añadirían a las infracciones Graves, con multa de $100:
1. Circular con vehículos no inscritos en el Registro público de vehículos.
2. No mover el vehículo u objeto que obstruya el libre tránsito, producto de un siniestro vial, siempre que solo existan daños materiales y/o daños personales leves.
3. Ignorar la indicación de una autoridad competente de mover un vehículo u otro objeto que se encuentre obstruyendo la vía pública y el libre tránsito, producto de un siniestro vial con daños materiales y/o personales o por otras razones que la autoridad competente estime conveniente.
4. Conducir vehículos con niños menores de tres años de edad, sin que se cuente con una silla infantil debidamente sujetada por cinturones de seguridad y/ ser transportados dentro de la cabina del vehículo en la parte delantera.
5. Girar a la izquierda donde no es permitido.
6. No conceder el paso a ciclistas que transiten sobre la vía pública.
7. No respetar la zona de la vía pública destinada para la circulación de las bicicletas.
8. Sujetarse a otro vehículo en marcha mientras se conduce una bicicleta o motocicleta.
9. No respetar los dispositivos de seguridad colocados en las zonas de control temporal de tráfico por la autoridad de tránsito y por los gestores de tráfico.
10. Alterar las condiciones técnicas de toda clase de vehículos y motocicletas, así como: colocar bazucas, o cualquier tipo de dispositivo que pueda generar contaminación visual o auditiva.
Al listado de infracciones Muy graves, con multa de $150, se agregan:
1. Circular en lugares y horarios no permitidos por medio de resolución emitida por las direcciones generales de tránsito, de transporte o de transporte de carga del VMT.
2. Circular en la ciudad o carreteras con vehículos que tengan instaladas barras Led.
3. Negarse a la realización de pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, drogas, estimulantes o estupefacientes u otras sustancias análogas.
4. Conducir motocicletas sin utilizar anteojos protectores cuando el casco no tenga protector cortaviento.
5. Circular motocicletas por ciclovías y carriles destinados para la circulación de bicicletas.
6. Circular motocicletas por hombros de calle o en el bordillo del carril izquierdo o en las líneas divisorias de los carriles.
7. Circular después de las 18:00 horas y antes de las 6:00 del día siguiente sin que el motociclista y/o su acompañante usen chalecos o chaquetas reflectantes visibles.
8. Circular en motocicletas sin casos certificados.
9. Sobrepasar el límite de emisiones de gases permitido.
10. Circular con el sistema de control de emisiones en mal estado de funcionamiento.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
