Política
Asamblea Legislativa ya contrató seguro de vida: Diputados son asegurados por $125 mil
La Asamblea Legislativa contrató un seguro de vida por un poco más de medio millón de dólares con el que los diputados y los empleados de la institución estarán asegurados por $125,000 y $30,000, respectivamente.
El presidente del Órgano Legislativo, Norman Quijano, firmó el contrato con Fedecrédito el día 30 de agosto de 2018 y el servicio se extenderá por un año, con la posibilidad de ser prorrogado, por la cantidad de $518,637.50 que se pagaron con el presupuesto general del 2018, según la publicación hecha en la página de compras del Estado, Comprasal.
Según el contrato firmado por ambas partes, la empresa debe indemnizar en caso de una muerte accidental o “suicidio de forma inmediata”. En el caso de que haya una muerte accidental o pérdida de miembros a consecuencia de armas cortopunzantes, fuego, artefactos explosivos o incendios con una suma doble y una indemnización triple si uno de ellos fallece como pasajero de un vehículo y este se accidenta o se incendia.
Si uno de los parlamentarios sufre alguna incapacidad total y permanente causada por enfermedad, invalidez o accidente, la empresa le pagará el 50% al inicio de la incapacidad y el otro 50% en doce cuotas mensuales siempre y cuando presente la documentación que lo respalde.
De los 84 legisladores, solo 82 de ellos están asegurados. En el contrato firmado entre la empresa y Quijano no se detalla quiénes son los dos diputados que no están asegurados bajo este sistema ni las razones del porqué no fueron incluidos.
Si alguno de los 82 asegurados fallece, la empresa deberá dar, en concepto de gastos funerarios, $8,000 y otros $5,000 para los dependientes de este, como el cónyuge o hijos menores de 25 años.
Para poder acceder a los beneficios, la Asamblea deberá solicitarlo por escrito antes de los treinta días y pagar la prima.
Diputados no conocen montos del seguro
El diputado de GANA y secretario de la junta directiva, Numan Salgado, aseguró cuando se le consultó sobre el seguro que no manejaba las cifras exactas, pero que la Asamblea lo ha implementado en años anteriores.
“No le puedo decir una cifra exacta porque no tengo el documento a mano, pero sí recuerdo que renovamos eso en una oferta menor a lo que se ha pagado anteriormente”, dijo Salgado a El Salvador Times.
También explicó que hubo una petición del cuerpo de seguridad de la Asamblea Legislativa para que se extendiera en caso de desapariciones, pero la junta decidió que como nadie tiene ese beneficio no se les iba a otorgar a ellos.
“Les dijimos que si no lo tenía ningún empleado en la Asamblea o diputado, pues tampoco se les podía dar a ellos “, expuso.
Por su parte, el legislador de ARENA Emilio Corea dijo desconocer, al igual que Salgado, de los montos. “El seguro es por caso de fallecimiento y gozarán de cierta cantidad económica, ni nosotros sabemos por cuánto es el monto, pero te puedo decir que ya hay un seguro de vida ya firmado”, manifestó a este medio.
Al igual que Salgado y Corea, el subjefe de fracción del FMLN, Shafik Handal, coincidió en que no maneja los datos.
“Yo sé que hay un seguro, pero no sé cuánto vale, es un tema que desconozco, solo sé que el seguro médico es el que gozan los empleados y los diputados no, sé que había uno de vida, pero de $100,000 no me acuerdo que fuera de esa cantidad”, dijo Handal.
“El seguro los cubre a todos, desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto que es diputado, no recuerdo desde cuándo se implementó, pero se ha ido renovando, fue el único porque no tenemos seguro médico”, agregó el diputado Salgado.
Una fuente de la Asamblea dijo que los papeles del seguro le llegaron al equipo de trabajo del diputado independiente, pero dijo que no recordaba si Leonardo Bonilla formaba parte de los 82 asegurados.
Empleados asegurados por $30,000
Los casi 2,000 empleados con los que cuenta la Asamblea también cuentan con el seguro de vida, sin embargo, este es sustancialmente menor, pues si uno de ellos fallece el monto asegurado es de $30,000.
Al igual que con los legisladores se cubren hechos como muerte accidental, pérdida de miembros, muerte por fenómenos naturales o mientras viaje en vehículo como pasajero e incluso que muera por incendio dentro de un ascensor.
A diferencia de los legisladores, que están asegurados sin importar la edad, los empleados tienden derecho mientras estén entre los 18 y los 70 años. La empresa cancelará por gastos funerarios $4,000 y se le entregarán $3,000 a los dependientes de los trabajadores.
Por: El Salvador Times.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
