Política
Asamblea Legislativa ya contrató seguro de vida: Diputados son asegurados por $125 mil
La Asamblea Legislativa contrató un seguro de vida por un poco más de medio millón de dólares con el que los diputados y los empleados de la institución estarán asegurados por $125,000 y $30,000, respectivamente.
El presidente del Órgano Legislativo, Norman Quijano, firmó el contrato con Fedecrédito el día 30 de agosto de 2018 y el servicio se extenderá por un año, con la posibilidad de ser prorrogado, por la cantidad de $518,637.50 que se pagaron con el presupuesto general del 2018, según la publicación hecha en la página de compras del Estado, Comprasal.
Según el contrato firmado por ambas partes, la empresa debe indemnizar en caso de una muerte accidental o “suicidio de forma inmediata”. En el caso de que haya una muerte accidental o pérdida de miembros a consecuencia de armas cortopunzantes, fuego, artefactos explosivos o incendios con una suma doble y una indemnización triple si uno de ellos fallece como pasajero de un vehículo y este se accidenta o se incendia.
Si uno de los parlamentarios sufre alguna incapacidad total y permanente causada por enfermedad, invalidez o accidente, la empresa le pagará el 50% al inicio de la incapacidad y el otro 50% en doce cuotas mensuales siempre y cuando presente la documentación que lo respalde.
De los 84 legisladores, solo 82 de ellos están asegurados. En el contrato firmado entre la empresa y Quijano no se detalla quiénes son los dos diputados que no están asegurados bajo este sistema ni las razones del porqué no fueron incluidos.
Si alguno de los 82 asegurados fallece, la empresa deberá dar, en concepto de gastos funerarios, $8,000 y otros $5,000 para los dependientes de este, como el cónyuge o hijos menores de 25 años.
Para poder acceder a los beneficios, la Asamblea deberá solicitarlo por escrito antes de los treinta días y pagar la prima.
Diputados no conocen montos del seguro
El diputado de GANA y secretario de la junta directiva, Numan Salgado, aseguró cuando se le consultó sobre el seguro que no manejaba las cifras exactas, pero que la Asamblea lo ha implementado en años anteriores.
“No le puedo decir una cifra exacta porque no tengo el documento a mano, pero sí recuerdo que renovamos eso en una oferta menor a lo que se ha pagado anteriormente”, dijo Salgado a El Salvador Times.
También explicó que hubo una petición del cuerpo de seguridad de la Asamblea Legislativa para que se extendiera en caso de desapariciones, pero la junta decidió que como nadie tiene ese beneficio no se les iba a otorgar a ellos.
“Les dijimos que si no lo tenía ningún empleado en la Asamblea o diputado, pues tampoco se les podía dar a ellos “, expuso.
Por su parte, el legislador de ARENA Emilio Corea dijo desconocer, al igual que Salgado, de los montos. “El seguro es por caso de fallecimiento y gozarán de cierta cantidad económica, ni nosotros sabemos por cuánto es el monto, pero te puedo decir que ya hay un seguro de vida ya firmado”, manifestó a este medio.
Al igual que Salgado y Corea, el subjefe de fracción del FMLN, Shafik Handal, coincidió en que no maneja los datos.
“Yo sé que hay un seguro, pero no sé cuánto vale, es un tema que desconozco, solo sé que el seguro médico es el que gozan los empleados y los diputados no, sé que había uno de vida, pero de $100,000 no me acuerdo que fuera de esa cantidad”, dijo Handal.
“El seguro los cubre a todos, desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto que es diputado, no recuerdo desde cuándo se implementó, pero se ha ido renovando, fue el único porque no tenemos seguro médico”, agregó el diputado Salgado.
Una fuente de la Asamblea dijo que los papeles del seguro le llegaron al equipo de trabajo del diputado independiente, pero dijo que no recordaba si Leonardo Bonilla formaba parte de los 82 asegurados.
Empleados asegurados por $30,000
Los casi 2,000 empleados con los que cuenta la Asamblea también cuentan con el seguro de vida, sin embargo, este es sustancialmente menor, pues si uno de ellos fallece el monto asegurado es de $30,000.
Al igual que con los legisladores se cubren hechos como muerte accidental, pérdida de miembros, muerte por fenómenos naturales o mientras viaje en vehículo como pasajero e incluso que muera por incendio dentro de un ascensor.
A diferencia de los legisladores, que están asegurados sin importar la edad, los empleados tienden derecho mientras estén entre los 18 y los 70 años. La empresa cancelará por gastos funerarios $4,000 y se le entregarán $3,000 a los dependientes de los trabajadores.
Por: El Salvador Times.
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Los partidos ARENA y FMLN continúan con el proceso de inscripción de precandidatos de cara a sus elecciones internas, programadas para julio, como parte de las acciones previas a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
Por ARENA, el concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, informó a través de redes sociales que participará en el proceso de selección de candidatos con la aspiración de convertirse en candidato a alcalde de la capital. En una publicación, señaló que lo acompaña una planilla integrada por mujeres y hombres nacionalistas comprometidos con trabajar por San Salvador Centro.
Asimismo, Ondina Ramos acudió a las oficinas del partido para inscribirse como precandidata a alcaldesa de San Salvador Centro. Durante su inscripción, manifestó que existen diferentes problemas en la capital y afirmó que es necesario pasar de las palabras a las acciones. También expresó su intención de convertirse en una figura que contribuya al desarrollo del municipio.
Por su parte, el FMLN continúa sumando aspirantes a cargos de elección popular. Entre ellos figura Liliana Andrade, actual concejal de San Salvador Centro, quien buscará una diputación en la Asamblea Legislativa. Andrade señaló la necesidad de contar con un equilibrio de poder en el órgano legislativo y de analizar cada propuesta de ley que sea presentada.
El partido también inscribió a Gloria Anaya como precandidata a diputada por San Salvador. Anaya ha participado esta semana en protestas relacionadas con temas ambientales. Además, Carmelo Pineda se inscribió como precandidato a diputado por Cabañas, mientras que Alexis Rivas buscará la candidatura para gobernar la municipalidad de Cabañas Oeste.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó a jueces de siete cámaras de Primera Instancia y al secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia los avances de la plataforma que se utilizará para la emisión de constancias a candidatos para las elecciones generales de 2027, informó la institución en su revista mensual de abril.
El ente contralor explica que durante la presentación se abordaron los avances en la actualización de la información generada por las cámaras en los sistemas informáticos, como unidades organizativas que por medio del registro y la actualización de la información garantizan la integridad.
«Esta reunión se desarrolló en el marco de la ruta definida por el organismo de dirección para fortalecer dicho proceso, correspondiendo a esta coordinación articulada supervisar y dar seguimiento a las acciones, en estrecha relación con los avances tecnológicos que permitirán la implementación de este trámite en línea como parte del proceso de modernización que impulsa la CCR», explicó el coordinador general jurisdiccional, José Antonio Lemus.
Por otra parte, el jefe del área de la Dirección de informática y desarrollo tecnológico, Carlos Beltrán, indicó que «la modernización de este proceso permitirá mayor eficiencia en la gestión de datos y la atención oportuna a los ciudadanos que soliciten las constancias electorales».
La CRR recalca que la base legal para la extensión de dichas constancias para fines estrictamente electorales se encuentra en el Código Electoral, artículo 160 literal “f”, que indica que para la solicitud de inscripción de planillas o candidatura no partidaria deben de presentar el «finiquito, certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá extendida a más tardar dentro de los 15 días siguientes de haberse presentando la solicitud».
Y el artículo 166, que dice que las candidaturas para alcalde o alcaldesa deben de presentar «constancia o certificación de la Corte de Cuentas de que el candidato postulado no tiene responsabilidades establecidas por sentencia ejecutoriada pendiente de pago, como resultado del manejo de fondo u otros bienes públicos, fiscales o municipales».
