Política
Asamblea Legislativa ya contrató seguro de vida: Diputados son asegurados por $125 mil
La Asamblea Legislativa contrató un seguro de vida por un poco más de medio millón de dólares con el que los diputados y los empleados de la institución estarán asegurados por $125,000 y $30,000, respectivamente.
El presidente del Órgano Legislativo, Norman Quijano, firmó el contrato con Fedecrédito el día 30 de agosto de 2018 y el servicio se extenderá por un año, con la posibilidad de ser prorrogado, por la cantidad de $518,637.50 que se pagaron con el presupuesto general del 2018, según la publicación hecha en la página de compras del Estado, Comprasal.
Según el contrato firmado por ambas partes, la empresa debe indemnizar en caso de una muerte accidental o “suicidio de forma inmediata”. En el caso de que haya una muerte accidental o pérdida de miembros a consecuencia de armas cortopunzantes, fuego, artefactos explosivos o incendios con una suma doble y una indemnización triple si uno de ellos fallece como pasajero de un vehículo y este se accidenta o se incendia.
Si uno de los parlamentarios sufre alguna incapacidad total y permanente causada por enfermedad, invalidez o accidente, la empresa le pagará el 50% al inicio de la incapacidad y el otro 50% en doce cuotas mensuales siempre y cuando presente la documentación que lo respalde.
De los 84 legisladores, solo 82 de ellos están asegurados. En el contrato firmado entre la empresa y Quijano no se detalla quiénes son los dos diputados que no están asegurados bajo este sistema ni las razones del porqué no fueron incluidos.
Si alguno de los 82 asegurados fallece, la empresa deberá dar, en concepto de gastos funerarios, $8,000 y otros $5,000 para los dependientes de este, como el cónyuge o hijos menores de 25 años.
Para poder acceder a los beneficios, la Asamblea deberá solicitarlo por escrito antes de los treinta días y pagar la prima.
Diputados no conocen montos del seguro
El diputado de GANA y secretario de la junta directiva, Numan Salgado, aseguró cuando se le consultó sobre el seguro que no manejaba las cifras exactas, pero que la Asamblea lo ha implementado en años anteriores.
“No le puedo decir una cifra exacta porque no tengo el documento a mano, pero sí recuerdo que renovamos eso en una oferta menor a lo que se ha pagado anteriormente”, dijo Salgado a El Salvador Times.
También explicó que hubo una petición del cuerpo de seguridad de la Asamblea Legislativa para que se extendiera en caso de desapariciones, pero la junta decidió que como nadie tiene ese beneficio no se les iba a otorgar a ellos.
“Les dijimos que si no lo tenía ningún empleado en la Asamblea o diputado, pues tampoco se les podía dar a ellos “, expuso.
Por su parte, el legislador de ARENA Emilio Corea dijo desconocer, al igual que Salgado, de los montos. “El seguro es por caso de fallecimiento y gozarán de cierta cantidad económica, ni nosotros sabemos por cuánto es el monto, pero te puedo decir que ya hay un seguro de vida ya firmado”, manifestó a este medio.
Al igual que Salgado y Corea, el subjefe de fracción del FMLN, Shafik Handal, coincidió en que no maneja los datos.
“Yo sé que hay un seguro, pero no sé cuánto vale, es un tema que desconozco, solo sé que el seguro médico es el que gozan los empleados y los diputados no, sé que había uno de vida, pero de $100,000 no me acuerdo que fuera de esa cantidad”, dijo Handal.
“El seguro los cubre a todos, desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto que es diputado, no recuerdo desde cuándo se implementó, pero se ha ido renovando, fue el único porque no tenemos seguro médico”, agregó el diputado Salgado.
Una fuente de la Asamblea dijo que los papeles del seguro le llegaron al equipo de trabajo del diputado independiente, pero dijo que no recordaba si Leonardo Bonilla formaba parte de los 82 asegurados.
Empleados asegurados por $30,000
Los casi 2,000 empleados con los que cuenta la Asamblea también cuentan con el seguro de vida, sin embargo, este es sustancialmente menor, pues si uno de ellos fallece el monto asegurado es de $30,000.
Al igual que con los legisladores se cubren hechos como muerte accidental, pérdida de miembros, muerte por fenómenos naturales o mientras viaje en vehículo como pasajero e incluso que muera por incendio dentro de un ascensor.
A diferencia de los legisladores, que están asegurados sin importar la edad, los empleados tienden derecho mientras estén entre los 18 y los 70 años. La empresa cancelará por gastos funerarios $4,000 y se le entregarán $3,000 a los dependientes de los trabajadores.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
