Judicial
ÚLTIMA HORA: Por falsificar documentos para vender terrenos, hoy lo condenaron 8 años de cárcel
El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de cárcel a Daniel Antonio Guido García por los delitos de falsedad material y falsedad ideológica.
En el juicio se acreditó que se otorgó una compra venta el 10 de agosto de 2013 ante el notario Raúl Calderón, marcada con la escritura número 20 del libro de protocolo 35. La falsedad se da luego de comprobar a través de la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que a dicho notario no se le autorizó el libro 35 sino hasta el 33, este sería el último libro de trabajo autorizado, por lo que dicho documento era inexistente.
Se comprobó además que el notario nunca otorgó dicho documento a favor de García, ni que la dueña principal del inmueble ubicado en el cantn El Palmarcito del Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad, no otorgó la venta del inmueble al ahora condenado.
Sin embargo, como consta en el proceso, García inscribió (con documento falso) dicha escritura en el Centro Nacional de Registro (CNR) y posteriormente la vendió a otra persona por un valor de $15,500 dólares.
En el juicio se comprobó también que el imputado Guido García “si tenía conocimiento que dicha escritura era falsa y que la venta la hizo para obtener beneficio”, señaló el juez.
Además el juzgador ordenó la cancelación de la inscripción dela propiedad, por ser falsa.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
