Judicial
ÚLTIMA HORA: Por falsificar documentos para vender terrenos, hoy lo condenaron 8 años de cárcel
El Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de cárcel a Daniel Antonio Guido García por los delitos de falsedad material y falsedad ideológica.
En el juicio se acreditó que se otorgó una compra venta el 10 de agosto de 2013 ante el notario Raúl Calderón, marcada con la escritura número 20 del libro de protocolo 35. La falsedad se da luego de comprobar a través de la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que a dicho notario no se le autorizó el libro 35 sino hasta el 33, este sería el último libro de trabajo autorizado, por lo que dicho documento era inexistente.
Se comprobó además que el notario nunca otorgó dicho documento a favor de García, ni que la dueña principal del inmueble ubicado en el cantn El Palmarcito del Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad, no otorgó la venta del inmueble al ahora condenado.
Sin embargo, como consta en el proceso, García inscribió (con documento falso) dicha escritura en el Centro Nacional de Registro (CNR) y posteriormente la vendió a otra persona por un valor de $15,500 dólares.
En el juicio se comprobó también que el imputado Guido García “si tenía conocimiento que dicha escritura era falsa y que la venta la hizo para obtener beneficio”, señaló el juez.
Además el juzgador ordenó la cancelación de la inscripción dela propiedad, por ser falsa.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
