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TRIBUNALES: Demandan a Lina Pohl y Orestes Ortez por no proteger recurso hídrico nacional
Ante la crisis ambiental que vive el país y la escasez del recurso hídrico para el consumo humano y otros usos, la Mesa Nacional de Cambio Climático interpuso una denuncia en el Juzgado Ambiental contra el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez y la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl.
De acuerdo denunciantes, el inadecuado manejo de las cuencas hidrogáficas, sumado a los impactos de las últimas sequías, ha provocado una reducción severa de los caudales de los ríos a nivel nacional, a tal grado que para el 2015, el Río Lempa experimentó entre el 60 y 87% de disminución en relación a los promedios históricos.
Según la Mesa, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl, en reiteradas ocasiones ha manifestado que la ausencia de un marco jurídico e institucional no permite regular los diferentes usos del agua, y que no se puede hacer «nada» si no se tiene una Ley General del Agua.
Según la Ley de Medio Ambiente (LMA) y su reglamento, la responsabilidad de garantizar la cantidad y calidad del agua para el consumo humano y otros usos, conservar el recurso hídrico y asegurar su disponibilidad, recae en el MARN.
Por otro lado, El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es la institución responsable del cumplimiento de la Ley de Riego y Avenamiento (LRA), la cual tiene por objeto, regular la conservación, el aprovechamiento y la distribución de las aguas superficiales y subterráneas del territorio nacional.
Ante eso, la Mesa de Cambo Climático sostiene que a pesar de que el país aún no cuenta con una Ley General de Agua que integre en un solo instrumento las normas que regulan la protección y el uso sectorial del recurso hídrico, la legislación vigente brinda un marco jurídico amplio que mandata a las instituciones relacionadas a este recurso a velar por su conservación y aprovechamiento racional.
Razón por la cual, la Mesa demandó a Lina Pohl y a Orestes Ortez, por el incumplimiento del articulado jurídico ya existente en la normativa actual y la evasión de responsabilidades relacionadas con la protección, conservación y uso racional del agua.
Nota tomada de El Blog
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos.
: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
