Judicial
Tribunal 2° de Sentencia instala juicio contra agentes de la DECO por homicidio
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla instaló la vista pública contra dos agentes de la Policía Nacional Civil, quienes son acusados por la Fiscalia General de la Republica, del delito de homicidio agravado en perjuicio de una víctima.
El caso, que posee la reserva parcial basada en el Articulo 307 del Código Procesal penal, se instaló con la comparecencia de las partes procesales y los imputados, quienes mantienen medidas alternas a la detención y de quienes se omite la identidad por la reserva del caso.
En su primer día de juicio las partes procesales interpusieron una serie de incidentes ante el Juez a cargo del caso, para que en días posteriores se iniciara con la declaración de testigos de cargo y descargo, así como la prueba documental y pericial.
Los imputados son vinculados al homicidio de la víctima identificada como Josué David Barahona, en un hecho sucedido el 4 de abril de 2018, mientras se desarrollaba un operativo policial en el que participaban varias unidades elites de la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía General de la Republica en diferentes zonas entre los municipios de Santa Tecla y Ciudad Arce, específicamente frente a la fábrica Gumarsal. El proceso fue conocido en su etapa inicial por el Juzgado de Paz de San Juan Opico y en su fase de instrucción por el Juzgado de 1ª Instancia del mismo municipio.
Se espera que el juicio finalice en las próximas horas y el Juez a cargo del caso programe la fecha para emitir el fallo que corresponde y definir asi la situación jurídica de los procesados.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
