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Tome nota: Aumentan penas en percances viales ocurridos por causa de la conducción peligrosa
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La Asamblea Legislativa aprobó reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal para castigar con mayor rigor el delito de la conducción peligrosa. La iniciativa, que proviene de la presidencia de la República, busca garantizar la seguridad de los salvadoreños por la conducta de algunos conductores irresponsables.
La medida también establece la cero tolerancia de alcohol al conducir, el aumento de las penas de cárcel y modificaciones a la parte de la conciliación.
La nueva normativa prohíbe manejar bajo efectos del alcohol y estupefacientes, en cualquier grado.
Con la reforma al artículo 147-E del Código Penal se aumentan las penas de cárcel en las tragedias viales ocurridas por causa de la conducción peligrosa.
En la ley actual, la pena por dicha causa es de uno a tres años de prisión cuando el percance ocurra con un vehículo automotor liviano.
Con las modificaciones quedan establecidas de la siguiente manera: de 2 a 5 años, cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Pero las penas se ven aumentadas si en la tragedia hay un homicidio culposo o lesiones culposas graves y quedan de la siguiente forma: un máximo de 10 años, con vehículo liviano; y un máximo de 15 años, si es con transporte colectivo o de carga.
La ley establece, de la siguiente forma, los casos en los que se incurre en la conducción peligrosa: la disputa de la vía entre vehículos, realizar competencias de velocidad en la vía pública, sin permiso de las autoridades.
También están señaladas manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas y manejar bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas.
Las nuevas medidas establecen que el resultado positivo del examen de alcoholemia en aire espirado o en sangre —realizado por las autoridades en los puntos de control vehicular— se considere prueba suficiente en flagrancia de que se ha cometido el delito de conducción peligrosa.
Si un conductor es declarado culpable de dicho delito, se le privará del derecho de conducir con la suspensión de la licencia.
Los diputados también hicieron una reforma al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Otra medida modifica el artículo 38 del código, que establece los casos de mediación o conciliación entre un imputado y la víctima.
Con la actualización del numeral 2 de dicho artículo, en adelante, cuando haya víctimas en accidentes de tránsito por conducción peligrosa, se procederá penalmente, al margen de la conciliación.
Esto permitirá procesos judiciales más adecuados en los que los perjuicios y daños de los afectados serán considerados de manera más efectiva.
Según los datos del Viceministerio de Transporte (VMT), cuatro personas pierden la vida diariamente por causa de los percances viales en El Salvador.
El VMT también establece la distracción al volante como la primera causa de siniestros viales. En esta muchas veces inciden detalles como hablar por el teléfono celular al conducir.
La conducción peligrosa bajo efectos de alcohol es la séptima causa de tragedias.
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
