Sucesos
Megavisión dispuesto a que se investiguen supuestas denuncias contra Roberto Hugo Preza y lo separa temporalmente de su cargo mientras se aclara la situación
En la última semana se han publicado comentarios y acusaciones en redes sociales sobre supuestos abusos y agresiones sexuales por parte del reconocido periodista y director de noticieros del Grupo Megavisión Roberto Hugo Preza.
Ante lo sucedido, la cadena de televisión salvadoreña decidió separar de su cargo al periodista.
Por medio de un comunicado, Megavisión indica que la suspensión obedece a una «publicación» en la que se afirma que Preza, presuntamente, pudo realizar algún tipo de acoso hacia mujeres periodistas que laboraban en los canales de televisión del grupo.
“Como una medida de transparencia, y en apego a los procedimientos legales vigentes, se procedió de mutuo acuerdo, a la suspensión temporal del contrato de trabajo del señor Roberto Hugo Preza, mientras se esclarece esta situación”, dice el comunicado, publicado esta noche.
Origen del caso.
Todo esto se produce a raíz de unos reportajes especiales publicados en el sitio web del diario digital que se jace llamar La Voz de la Diáspora, con dos entregas en las que se recogen testimonios de las presuntas víctimas y algunos testigos que supuestamente afirman presenciar el acoso. La autora es la periodista Carmen Rodríguez.
Megavisión también indicó que separar a Preza, respondía a las declaraciones del Ministro de trabajo, Rolando Castro, quien informó que iniciarán una serie de acciones para determinar si en la cadena televisiva salvadoreña ha habido algún abuso de índole laboral.
En aras de contribuir al proceso que ha anunciado el Ministro Castro, Megavisión decidió separar de su cargo al periodista Roberto Hugo Preza para que las autoridades hagan sus indagaciones sin ninguna presión y con total transparencia. Esto no es un despido, es simplemente parte de las facilidades que tanto, el todavía director de los canales 19 y 21, acordaron para desvirtuar las acusaciones en contra se la empresa y del periodista, se dijo.
El escándalo ha provocado la condena anticipada de parte de la opinión pública en contra del periodista.
Grupo civiles que defienden el derecho de las mujeres también han externado su condena, sin embargo, hasta este día no hay denuncia formal contra Preza.
Según abogados consultados, habrá que esperar los resultados de las investigaciones del Ministerio de Trabajo, en las que se espera se deduzcan responsabilidades, es decir, si se comprueban las acusaciones se espera el inicio de un proceso legal.
Un hombre de Medios.
Ante la avalancha de comentarios en redes sociales y en otros medios digitales, Roberto Hugo Preza compartió un comunicado en el que deja claro que tras más de 40 años sirviendo al país desde el periodismo en distintos medios de El Salvador, viene a ser objeto de mentes oscuras que quieren perjudicar su imagen, su trayectoria y hasta su familia.
“Estoy atravesando uno de los episodios más críticos de mi vida, producto de una conspiración que está basada en calumnia y difamación contra este servidor.
Antes de ser periodista, soy esposo, hijo, hermano y fundamentalmente padre de familia; familia que junto a mi está soportando un cruel y despiadado ataque”.
A pesar de las duras críticas al comunicador, no han faltado las palabras de aliento y el apoyo de muchos colegas, funcionarios y amigos. Todos coinciden en que esto es producto de envidias y dan fe de la intachable trayectoria de Preza al frente de varios proyectos periodísticos en nuestro país.
Y es que para muchos, Roberto Hugo Preza ha sido un mentor y un amigo que les abrió las puertas al periodismo, de quien han aprendido los rigores de la profesión y no comprenden por qué se quiere destruir y desprestigiar la carrera de un periodista de su talla.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
