Sucesos
Megavisión dispuesto a que se investiguen supuestas denuncias contra Roberto Hugo Preza y lo separa temporalmente de su cargo mientras se aclara la situación
En la última semana se han publicado comentarios y acusaciones en redes sociales sobre supuestos abusos y agresiones sexuales por parte del reconocido periodista y director de noticieros del Grupo Megavisión Roberto Hugo Preza.
Ante lo sucedido, la cadena de televisión salvadoreña decidió separar de su cargo al periodista.
Por medio de un comunicado, Megavisión indica que la suspensión obedece a una «publicación» en la que se afirma que Preza, presuntamente, pudo realizar algún tipo de acoso hacia mujeres periodistas que laboraban en los canales de televisión del grupo.
“Como una medida de transparencia, y en apego a los procedimientos legales vigentes, se procedió de mutuo acuerdo, a la suspensión temporal del contrato de trabajo del señor Roberto Hugo Preza, mientras se esclarece esta situación”, dice el comunicado, publicado esta noche.
Origen del caso.
Todo esto se produce a raíz de unos reportajes especiales publicados en el sitio web del diario digital que se jace llamar La Voz de la Diáspora, con dos entregas en las que se recogen testimonios de las presuntas víctimas y algunos testigos que supuestamente afirman presenciar el acoso. La autora es la periodista Carmen Rodríguez.
Megavisión también indicó que separar a Preza, respondía a las declaraciones del Ministro de trabajo, Rolando Castro, quien informó que iniciarán una serie de acciones para determinar si en la cadena televisiva salvadoreña ha habido algún abuso de índole laboral.
En aras de contribuir al proceso que ha anunciado el Ministro Castro, Megavisión decidió separar de su cargo al periodista Roberto Hugo Preza para que las autoridades hagan sus indagaciones sin ninguna presión y con total transparencia. Esto no es un despido, es simplemente parte de las facilidades que tanto, el todavía director de los canales 19 y 21, acordaron para desvirtuar las acusaciones en contra se la empresa y del periodista, se dijo.
El escándalo ha provocado la condena anticipada de parte de la opinión pública en contra del periodista.
Grupo civiles que defienden el derecho de las mujeres también han externado su condena, sin embargo, hasta este día no hay denuncia formal contra Preza.
Según abogados consultados, habrá que esperar los resultados de las investigaciones del Ministerio de Trabajo, en las que se espera se deduzcan responsabilidades, es decir, si se comprueban las acusaciones se espera el inicio de un proceso legal.
Un hombre de Medios.
Ante la avalancha de comentarios en redes sociales y en otros medios digitales, Roberto Hugo Preza compartió un comunicado en el que deja claro que tras más de 40 años sirviendo al país desde el periodismo en distintos medios de El Salvador, viene a ser objeto de mentes oscuras que quieren perjudicar su imagen, su trayectoria y hasta su familia.
“Estoy atravesando uno de los episodios más críticos de mi vida, producto de una conspiración que está basada en calumnia y difamación contra este servidor.
Antes de ser periodista, soy esposo, hijo, hermano y fundamentalmente padre de familia; familia que junto a mi está soportando un cruel y despiadado ataque”.
A pesar de las duras críticas al comunicador, no han faltado las palabras de aliento y el apoyo de muchos colegas, funcionarios y amigos. Todos coinciden en que esto es producto de envidias y dan fe de la intachable trayectoria de Preza al frente de varios proyectos periodísticos en nuestro país.
Y es que para muchos, Roberto Hugo Preza ha sido un mentor y un amigo que les abrió las puertas al periodismo, de quien han aprendido los rigores de la profesión y no comprenden por qué se quiere destruir y desprestigiar la carrera de un periodista de su talla.
Principal
Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
