Sucesos
Megavisión dispuesto a que se investiguen supuestas denuncias contra Roberto Hugo Preza y lo separa temporalmente de su cargo mientras se aclara la situación
En la última semana se han publicado comentarios y acusaciones en redes sociales sobre supuestos abusos y agresiones sexuales por parte del reconocido periodista y director de noticieros del Grupo Megavisión Roberto Hugo Preza.
Ante lo sucedido, la cadena de televisión salvadoreña decidió separar de su cargo al periodista.
Por medio de un comunicado, Megavisión indica que la suspensión obedece a una «publicación» en la que se afirma que Preza, presuntamente, pudo realizar algún tipo de acoso hacia mujeres periodistas que laboraban en los canales de televisión del grupo.
“Como una medida de transparencia, y en apego a los procedimientos legales vigentes, se procedió de mutuo acuerdo, a la suspensión temporal del contrato de trabajo del señor Roberto Hugo Preza, mientras se esclarece esta situación”, dice el comunicado, publicado esta noche.
Origen del caso.
Todo esto se produce a raíz de unos reportajes especiales publicados en el sitio web del diario digital que se jace llamar La Voz de la Diáspora, con dos entregas en las que se recogen testimonios de las presuntas víctimas y algunos testigos que supuestamente afirman presenciar el acoso. La autora es la periodista Carmen Rodríguez.
Megavisión también indicó que separar a Preza, respondía a las declaraciones del Ministro de trabajo, Rolando Castro, quien informó que iniciarán una serie de acciones para determinar si en la cadena televisiva salvadoreña ha habido algún abuso de índole laboral.
En aras de contribuir al proceso que ha anunciado el Ministro Castro, Megavisión decidió separar de su cargo al periodista Roberto Hugo Preza para que las autoridades hagan sus indagaciones sin ninguna presión y con total transparencia. Esto no es un despido, es simplemente parte de las facilidades que tanto, el todavía director de los canales 19 y 21, acordaron para desvirtuar las acusaciones en contra se la empresa y del periodista, se dijo.
El escándalo ha provocado la condena anticipada de parte de la opinión pública en contra del periodista.
Grupo civiles que defienden el derecho de las mujeres también han externado su condena, sin embargo, hasta este día no hay denuncia formal contra Preza.
Según abogados consultados, habrá que esperar los resultados de las investigaciones del Ministerio de Trabajo, en las que se espera se deduzcan responsabilidades, es decir, si se comprueban las acusaciones se espera el inicio de un proceso legal.
Un hombre de Medios.
Ante la avalancha de comentarios en redes sociales y en otros medios digitales, Roberto Hugo Preza compartió un comunicado en el que deja claro que tras más de 40 años sirviendo al país desde el periodismo en distintos medios de El Salvador, viene a ser objeto de mentes oscuras que quieren perjudicar su imagen, su trayectoria y hasta su familia.
“Estoy atravesando uno de los episodios más críticos de mi vida, producto de una conspiración que está basada en calumnia y difamación contra este servidor.
Antes de ser periodista, soy esposo, hijo, hermano y fundamentalmente padre de familia; familia que junto a mi está soportando un cruel y despiadado ataque”.
A pesar de las duras críticas al comunicador, no han faltado las palabras de aliento y el apoyo de muchos colegas, funcionarios y amigos. Todos coinciden en que esto es producto de envidias y dan fe de la intachable trayectoria de Preza al frente de varios proyectos periodísticos en nuestro país.
Y es que para muchos, Roberto Hugo Preza ha sido un mentor y un amigo que les abrió las puertas al periodismo, de quien han aprendido los rigores de la profesión y no comprenden por qué se quiere destruir y desprestigiar la carrera de un periodista de su talla.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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