Sucesos
Empresa del presidente de ARENA entrega documentación a FGR para comprobar que armas israelíes entregadas a la Fuerza Armada no eran obsoletas
Representantes de la empresa Centrum acudieron a las oficinas del Fiscalía General de la Republica (FGR) para entregar documentación que, según explicaron, comprueba que las armas que suministraron al Ministerio de la Defensa Nacional estaban en buen estado.
La semana pasada, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, interpuso una denuncia en la Fiscalía contra el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (Coena), Gustavo López Davidson —propietario de Centrum— por haber suministrado armamento obsoleto a la Fuerza Armada.
“(Es) Una relación contractual que tuvo el Ministerio de la Defensa con una de las empresas propiedad del señor López Davidson, en la cual consideramos que ha habido cosas anormales en dicha permuta”, dijo Merino Monroy respecto al suministro de armas de 2013, cuyo valor fue de $2 millones.
Sin embargo, la mañana de este lunes 11 de noviembre, un equipo de abogados de la referida empresa llegó a la sede fiscal y se refirieron a los señalamientos hechos por el ministro.
“Vengo en representación de Centrum, vengo a traer toda la documentación y la prueba pertinente que muestra únicamente la relación contractual entre la empresa y el Ministerio de Defensa. No puedo hablar más del caso porque tiene reserva porque es (un tema) de seguridad nacional”, manifestó Karla Guzmán.
¿Pero si el caso no aún no está judicializado por qué tiene condición de reserva?, se le preguntó.
“Porque es un contrato que tiene que ver con la seguridad nacional; solo el Presidente de la República puede quitar la calidad de la reserva”, explicó.
Los abogados negaron las afirmaciones hechas por las autoridades gubernamentales del mal estado de las armas, aseguraron que estaban en buenas condiciones.
“Totalmente. Nosotros venimos a buscar que las instituciones funcionen de forma legal y por lo tanto hemos venido de forma voluntaria a presentar la documentación”, dijo Guzmán.
Agregó que “no quieren ataques políticos” y que por eso llegan de forma voluntaria.
Empresa dice que armas fueron probadas
Por su parte, el gerente general de la empresa, Héctor Herrera, aseguró que el ministerio de la Defensa envió a dos oficiales a verificar que las armas funcionaran.
“Tenemos las pruebas para descargar esas objeciones; hay actas de recepción, donde el ministerio aceptó el producto, inclusive hay un detalle importante, el ministerio mandó dos oficiales a Israel a verificar que las armas funcionaran, es más, las ocuparon, las utilizaron”, manifestó Herrera.
“Las probaron y funcionó y dijeron ‘OK, pueden embarcarlas’”, enfatizó.
Nota de: El Salvador Times
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
