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Régimen de excepción en El Salvador ha permitido en poco más de siete meses más de 56,000 capturas
En poco más de siete meses desde que el Gobierno implementó el régimen de excepción para combatir a las pandillas, las fuerzas de seguridad han concretado más de 56,000 capturas, de las cuales más de 50,000 criminales seguirán presos por orden de los juzgados especializados de Instrucción, informó ayer el fiscal general, Rodolfo Delgado
La detención de los criminales le permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar en las investigaciones, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), para sustentar las acusaciones por diversos delitos formulados en contra de mareros y sus colaboradores.
«Actualmente, la Policía ha detenido a 56,110 personas, las cuales hemos presentado en los tribunales, donde hemos elaborado más de 1,400 solicitudes ante los tribunales de justicia y actualmente tenemos más o menos a 50,000 personas que fueron presentadas a los juzgados», explicó Delgado durante la entrevista Diálogo, de Canal 21.
Según las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad, solo en el régimen de excepción les han decomisado a los mareros más de 1,600 armas de fuego, más de 2,051 vehículos y 12,900 celulares, los cuales les han permitido a las autoridades ubicar a otros delincuentes. Además, han sido decomisadas más de 6.2 toneladas de diferentes tipos de droga y dinero en efectivo que supera los $1.24 millones.
El fiscal destacó los resultados de las estrategias del Gobierno para combatir a las pandillas. «El Plan Control Territorial no inicia junto con el régimen de excepción, es decir, este último es una consecuencia de cada una de las fases previas del plan que han sido de utilidad para conocer dónde operan las estructuras criminales e identificar a sus integrantes», explicó.
A su criterio, la estrategia inicial de seguridad preparó el camino para que al momento de poner en marcha el régimen se garantizara su efectividad.
«Nunca se había visto una estrategia que lograra una reducción tan drástica de homicidios», manifestó Delgado.
El funcionario aseguró que en cada una de las capturas se ha garantizado el debido proceso, tanto así que hasta el momento más de 800 personas han recuperado su libertad porque se comprobó que no tenían vínculos con los mareros.
Además, restó importancia a quienes se muestra a favor de que se respeten los derechos humanos de los criminales.
«Que no me digan que se están violentando los derechos fundamentales cuando la PNC tiene a más de 56,000 personas detenidas y el nivel de confrontación con los grupos criminales ha sido mínimo. Únicamente ha habido 76 casos de enfrentamientos», dijo.
Las declaraciones del fiscal surgen justo cuando el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, han llegado a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar la forma en que serán distribuidos los recursos solicitados en el presupuesto de la nación para 2023. Villatoro también dio un resumen de cómo han sido utilizados los fondos en 2022.
Tras romper récord de visitantes internacionales en 2025, cuando llegaron a El Salvador 4.1 millones de extranjeros que generaron un derrame económico superior a $3,600 millones, este sector mantiene su dinamismo al inicio de 2026.
Datos del Ministerio de Turismo (Mitur) indican que, en enero pasado, el país recibió 413,000 visitantes internacionales atraídos por la oferta nacional de playas, montañas y el Centro Histórico de San Salvador, entre otros destinos.
«Este es el mes de enero con mayor ingreso de visitantes de los últimos años, es un dato histórico. Estos 413,000 significan alrededor de un 17 % más que en 2025. Hemos iniciado con pie derecho 2026, y significa un 101 % más que en 2019», resaltó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Esta cifra proyecta un crecimiento respecto a los resultados de enero de 2024, que sumaron 350,000 visitantes, es decir, una diferencia de 63,000 ingresos. La estadística oficial indica también que el principal país de procedencia en enero ha sido Estados Unidos, con un 38 %; seguido por Guatemala, con un 28 %; y Honduras, con un 20 %.
De estos, el 56 % llegó al país por vía terrestre, y el 44 % por la aérea. «Aquí vemos como nuestros hermanos centroamericanos, especialmente los guatemaltecos, han aumentado su visita a El Salvador», apuntó la titular. Resaltó que los datos positivos son impulsados por una serie de eventos a lo largo del primer mes de 2026, como varios torneos internacionales de golf, encuentros regionales de básquetbol, fútbol, entre otros.
En cuanto al tiempo de estadía promedio, el registro durante el primer trimestre de este año fue de tres semanas. El turismo se consolida desde 2019 como uno de los principales pilares de la economía, que tuvo como génesis la estrategia ancla Surf City que, en la actualidad, aporta un 10 % del producto interno bruto (PIB) y más 300,000 empleos.
Mientras tanto, el turismo nacional en sitios culturales y naturales públicos fue de 992,000. En este aspecto cabe destacar la marcada preferencia por lugares como el Centro Histórico de San Salvador, Surf City, el Cerro Verde, el parque Balboa y la Costa del Sol.
Respecto a este último parque recreativo, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, informó que en los próximos días se iniciarán las obras de la segunda fase en la que se apostará por el turismo deportivo, una conexión con el estero de Jaltepeque y la construcción de más cabañas.
El turismo interno en 2025 sumó más de 10.2 millones de visitas, según datos oficiales.
Principal
Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
