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Régimen de excepción en El Salvador ha permitido en poco más de siete meses más de 56,000 capturas
En poco más de siete meses desde que el Gobierno implementó el régimen de excepción para combatir a las pandillas, las fuerzas de seguridad han concretado más de 56,000 capturas, de las cuales más de 50,000 criminales seguirán presos por orden de los juzgados especializados de Instrucción, informó ayer el fiscal general, Rodolfo Delgado
La detención de los criminales le permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar en las investigaciones, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), para sustentar las acusaciones por diversos delitos formulados en contra de mareros y sus colaboradores.
«Actualmente, la Policía ha detenido a 56,110 personas, las cuales hemos presentado en los tribunales, donde hemos elaborado más de 1,400 solicitudes ante los tribunales de justicia y actualmente tenemos más o menos a 50,000 personas que fueron presentadas a los juzgados», explicó Delgado durante la entrevista Diálogo, de Canal 21.
Según las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad, solo en el régimen de excepción les han decomisado a los mareros más de 1,600 armas de fuego, más de 2,051 vehículos y 12,900 celulares, los cuales les han permitido a las autoridades ubicar a otros delincuentes. Además, han sido decomisadas más de 6.2 toneladas de diferentes tipos de droga y dinero en efectivo que supera los $1.24 millones.
El fiscal destacó los resultados de las estrategias del Gobierno para combatir a las pandillas. «El Plan Control Territorial no inicia junto con el régimen de excepción, es decir, este último es una consecuencia de cada una de las fases previas del plan que han sido de utilidad para conocer dónde operan las estructuras criminales e identificar a sus integrantes», explicó.
A su criterio, la estrategia inicial de seguridad preparó el camino para que al momento de poner en marcha el régimen se garantizara su efectividad.
«Nunca se había visto una estrategia que lograra una reducción tan drástica de homicidios», manifestó Delgado.
El funcionario aseguró que en cada una de las capturas se ha garantizado el debido proceso, tanto así que hasta el momento más de 800 personas han recuperado su libertad porque se comprobó que no tenían vínculos con los mareros.
Además, restó importancia a quienes se muestra a favor de que se respeten los derechos humanos de los criminales.
«Que no me digan que se están violentando los derechos fundamentales cuando la PNC tiene a más de 56,000 personas detenidas y el nivel de confrontación con los grupos criminales ha sido mínimo. Únicamente ha habido 76 casos de enfrentamientos», dijo.
Las declaraciones del fiscal surgen justo cuando el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, han llegado a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar la forma en que serán distribuidos los recursos solicitados en el presupuesto de la nación para 2023. Villatoro también dio un resumen de cómo han sido utilizados los fondos en 2022.
Como parte del mantenimiento necesario para los sistemas de agua, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realiza la limpieza del pozo de la planta de bombeo de Tutultepeque, en Nejapa. Por lo que, el servicio presentará deficiencia desde el miércoles 11 al sábado 14 de febrero de este año.
De acuerdo con la autónoma, el servicio será irregular en los caseríos: Cabral, San Luis, Potrerito, Amate, Gramal, Chirrinal, Las Vegas, Hacienda, Ceiba y aledaños.
Por ello, la ANDA implementará un plan de contingencia para abastecer con agua potable a las familias afectadas, mientras se ejecutan los trabajos. «Contaremos con rutas de abastecimiento con camiones cisterna para minimizar las afectaciones, mientras duren los trabajos y el servicio de reestablece gradualmente», indicó.
Por otra parte, las cuadrillas de ANDA trabajan en la reparación de una fuga de agua potable en el pasaje 2 de la colonia Santa Úrsula, en San Salvador Centro. La falla se originó por el colapso de una tubería antigua.
Para reparar la fuga, los técnicos cortaron el tubo dañado y colocaron uno nuevo, sustituyendo un tramo de 1.50 metros con dos uniones que permitirán restablecer el servicio de forma segura.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, este miércoles, las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, con máximas entre los 36 y 37 grados Celsius, especialmente en los departamentos de La Union y san Miguel.
Para este día el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de lluvias. El Viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 20 kilómetros por hora.
Medio Ambiente también indicó que las temperaturas continuarán disminuidas durante la noche y madrugada.
El meteorólogo Jonathan Hernández explicó que partir del jueves se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio nacional.
«El flujo del este y noreste dominará las condiciones en la región», agregó el Marn sobre las condiciones climáticas que influyen al país.
Wilfredo Carabantes Hernández recibió una pena de 17 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, receptación y disparos al aire sin justificación.
En su resolución, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, destacó que Carabantes Hernández fue sentenciado en el 2010 por similares delitos.
Según el informe judicial, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025 en la colonia Las Margaritas, Distrito de Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte. Ese día, el imputado realizó múltiples disparos injustificados en la vía pública, generando alerta y pánico entre los residentes de la zona, quienes denunciaron los actos a la policía.
Durante la inspección en la escena, los agentes recolectaron 11 casquillos. Al realizar la captura, detectaron que Carabantes no poseía licencia ni la documentación legal para el uso de armas de fuego.
En su resolución, el Tribunal aplicó una pena de 12 años por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, cuatro años por receptación y un año y medio por disparos con arma de fuego sin justificación.
