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Régimen de excepción en El Salvador ha permitido en poco más de siete meses más de 56,000 capturas
En poco más de siete meses desde que el Gobierno implementó el régimen de excepción para combatir a las pandillas, las fuerzas de seguridad han concretado más de 56,000 capturas, de las cuales más de 50,000 criminales seguirán presos por orden de los juzgados especializados de Instrucción, informó ayer el fiscal general, Rodolfo Delgado
La detención de los criminales le permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar en las investigaciones, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), para sustentar las acusaciones por diversos delitos formulados en contra de mareros y sus colaboradores.
«Actualmente, la Policía ha detenido a 56,110 personas, las cuales hemos presentado en los tribunales, donde hemos elaborado más de 1,400 solicitudes ante los tribunales de justicia y actualmente tenemos más o menos a 50,000 personas que fueron presentadas a los juzgados», explicó Delgado durante la entrevista Diálogo, de Canal 21.
Según las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad, solo en el régimen de excepción les han decomisado a los mareros más de 1,600 armas de fuego, más de 2,051 vehículos y 12,900 celulares, los cuales les han permitido a las autoridades ubicar a otros delincuentes. Además, han sido decomisadas más de 6.2 toneladas de diferentes tipos de droga y dinero en efectivo que supera los $1.24 millones.
El fiscal destacó los resultados de las estrategias del Gobierno para combatir a las pandillas. «El Plan Control Territorial no inicia junto con el régimen de excepción, es decir, este último es una consecuencia de cada una de las fases previas del plan que han sido de utilidad para conocer dónde operan las estructuras criminales e identificar a sus integrantes», explicó.
A su criterio, la estrategia inicial de seguridad preparó el camino para que al momento de poner en marcha el régimen se garantizara su efectividad.
«Nunca se había visto una estrategia que lograra una reducción tan drástica de homicidios», manifestó Delgado.
El funcionario aseguró que en cada una de las capturas se ha garantizado el debido proceso, tanto así que hasta el momento más de 800 personas han recuperado su libertad porque se comprobó que no tenían vínculos con los mareros.
Además, restó importancia a quienes se muestra a favor de que se respeten los derechos humanos de los criminales.
«Que no me digan que se están violentando los derechos fundamentales cuando la PNC tiene a más de 56,000 personas detenidas y el nivel de confrontación con los grupos criminales ha sido mínimo. Únicamente ha habido 76 casos de enfrentamientos», dijo.
Las declaraciones del fiscal surgen justo cuando el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, han llegado a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar la forma en que serán distribuidos los recursos solicitados en el presupuesto de la nación para 2023. Villatoro también dio un resumen de cómo han sido utilizados los fondos en 2022.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
