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Régimen de excepción en El Salvador ha permitido en poco más de siete meses más de 56,000 capturas
En poco más de siete meses desde que el Gobierno implementó el régimen de excepción para combatir a las pandillas, las fuerzas de seguridad han concretado más de 56,000 capturas, de las cuales más de 50,000 criminales seguirán presos por orden de los juzgados especializados de Instrucción, informó ayer el fiscal general, Rodolfo Delgado
La detención de los criminales le permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar en las investigaciones, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), para sustentar las acusaciones por diversos delitos formulados en contra de mareros y sus colaboradores.
«Actualmente, la Policía ha detenido a 56,110 personas, las cuales hemos presentado en los tribunales, donde hemos elaborado más de 1,400 solicitudes ante los tribunales de justicia y actualmente tenemos más o menos a 50,000 personas que fueron presentadas a los juzgados», explicó Delgado durante la entrevista Diálogo, de Canal 21.
Según las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad, solo en el régimen de excepción les han decomisado a los mareros más de 1,600 armas de fuego, más de 2,051 vehículos y 12,900 celulares, los cuales les han permitido a las autoridades ubicar a otros delincuentes. Además, han sido decomisadas más de 6.2 toneladas de diferentes tipos de droga y dinero en efectivo que supera los $1.24 millones.
El fiscal destacó los resultados de las estrategias del Gobierno para combatir a las pandillas. «El Plan Control Territorial no inicia junto con el régimen de excepción, es decir, este último es una consecuencia de cada una de las fases previas del plan que han sido de utilidad para conocer dónde operan las estructuras criminales e identificar a sus integrantes», explicó.
A su criterio, la estrategia inicial de seguridad preparó el camino para que al momento de poner en marcha el régimen se garantizara su efectividad.
«Nunca se había visto una estrategia que lograra una reducción tan drástica de homicidios», manifestó Delgado.
El funcionario aseguró que en cada una de las capturas se ha garantizado el debido proceso, tanto así que hasta el momento más de 800 personas han recuperado su libertad porque se comprobó que no tenían vínculos con los mareros.
Además, restó importancia a quienes se muestra a favor de que se respeten los derechos humanos de los criminales.
«Que no me digan que se están violentando los derechos fundamentales cuando la PNC tiene a más de 56,000 personas detenidas y el nivel de confrontación con los grupos criminales ha sido mínimo. Únicamente ha habido 76 casos de enfrentamientos», dijo.
Las declaraciones del fiscal surgen justo cuando el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, han llegado a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar la forma en que serán distribuidos los recursos solicitados en el presupuesto de la nación para 2023. Villatoro también dio un resumen de cómo han sido utilizados los fondos en 2022.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
