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Régimen de excepción en El Salvador ha permitido en poco más de siete meses más de 56,000 capturas
En poco más de siete meses desde que el Gobierno implementó el régimen de excepción para combatir a las pandillas, las fuerzas de seguridad han concretado más de 56,000 capturas, de las cuales más de 50,000 criminales seguirán presos por orden de los juzgados especializados de Instrucción, informó ayer el fiscal general, Rodolfo Delgado
La detención de los criminales le permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar en las investigaciones, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), para sustentar las acusaciones por diversos delitos formulados en contra de mareros y sus colaboradores.
«Actualmente, la Policía ha detenido a 56,110 personas, las cuales hemos presentado en los tribunales, donde hemos elaborado más de 1,400 solicitudes ante los tribunales de justicia y actualmente tenemos más o menos a 50,000 personas que fueron presentadas a los juzgados», explicó Delgado durante la entrevista Diálogo, de Canal 21.
Según las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad, solo en el régimen de excepción les han decomisado a los mareros más de 1,600 armas de fuego, más de 2,051 vehículos y 12,900 celulares, los cuales les han permitido a las autoridades ubicar a otros delincuentes. Además, han sido decomisadas más de 6.2 toneladas de diferentes tipos de droga y dinero en efectivo que supera los $1.24 millones.
El fiscal destacó los resultados de las estrategias del Gobierno para combatir a las pandillas. «El Plan Control Territorial no inicia junto con el régimen de excepción, es decir, este último es una consecuencia de cada una de las fases previas del plan que han sido de utilidad para conocer dónde operan las estructuras criminales e identificar a sus integrantes», explicó.
A su criterio, la estrategia inicial de seguridad preparó el camino para que al momento de poner en marcha el régimen se garantizara su efectividad.
«Nunca se había visto una estrategia que lograra una reducción tan drástica de homicidios», manifestó Delgado.
El funcionario aseguró que en cada una de las capturas se ha garantizado el debido proceso, tanto así que hasta el momento más de 800 personas han recuperado su libertad porque se comprobó que no tenían vínculos con los mareros.
Además, restó importancia a quienes se muestra a favor de que se respeten los derechos humanos de los criminales.
«Que no me digan que se están violentando los derechos fundamentales cuando la PNC tiene a más de 56,000 personas detenidas y el nivel de confrontación con los grupos criminales ha sido mínimo. Únicamente ha habido 76 casos de enfrentamientos», dijo.
Las declaraciones del fiscal surgen justo cuando el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, han llegado a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar la forma en que serán distribuidos los recursos solicitados en el presupuesto de la nación para 2023. Villatoro también dio un resumen de cómo han sido utilizados los fondos en 2022.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, desde la noche del miércoles, se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño. Este nuevo incremento de vientos podría generar ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del país.
El Marn explicó que el nuevo ciclo de vientos nortes podría tener influencia sobre El Salvador hasta el viernes 16 de enero.
«Para la noche del día miércoles 14 de enero se esperan Vientos Nortes con velocidades promedio entre 10 a 25 km/h y ráfagas de entre 40 y 60 km/h, que se podrían extender hasta la madrugada el día viernes 16», agregó el informe de Medio Ambiente.
Además, agregaron que estas condiciones climáticas se deben a «un frente frío y la alta presión que lo acompañan incursionan sobre el Caribe provocando vientos nortes».
El pandillero José Roberto Crespín Hércules, alias Joker, fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de un empresario.
De acuerdo con la acusación fiscal, en 2008, Crespín y otros pandilleros abordaron un microbús propiedad de la víctima, de donde sustrajeron dinero y posteriormente agredieron físicamente a su hijo. Mientras los sujetos huían, la víctima interceptó a uno de ellos y le propinó una paliza.
Durante el juicio se estableció que, «como represalia, el 6 de mayo de 2008, en la colonia Valle del Sol, jurisdicción de Apopa, alias Joker, junto con otros miembros de la estructura criminal, -Crespín Hércules- vigiló y ubicó a la víctima cuando se conducía en uno de los microbuses y le quitó la vida con arma de fuego», detallaron fuentes judiciales.
Las extorsiones y el asesinato de transportistas eran parte común el accionar de las pandillas en El Salvador cuando controlaban diversos territorios. Hasta antes del 2019, este sector pagaba anualmente entre $12 a $34 millones en concepto de extorsión, además fueron víctimas de atentados armados como diariamente sucedía en los gobiernos de ARENA y FMLN.
Sin embargo, actualmente, representantes del sector transporte han asegurado que gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción han logrado una reducción del 100% de lo que entregaban de extorsión cada año a pandilleros.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en momentos en que aumenta la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.
«Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente», dijo Trump en su red Truth Social.
Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.
Antes de este anuncio, Trump amenazó el fin de semana con una posible intervención militar en Irán debido a la represión en las protestas, en las que según grupos de derechos humanos han aumentado el número de muertos.
«Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe», comentó este lunes a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Agregó sin embargo que Irán tiene abierto un canal diplomático con el enviado especial de Trump Steve Witkoff y lo que dice Teherán en privado es «bastante diferente» de lo que dice en declaraciones públicas
