Judicial
PURGA INTERNA: Los cuatro pandilleros asesinados en el penal de Quezaltepeque habría sido por un ajuste de cuentas
Sin embargo, Ramírez Landaverde dijo que las investigaciones apuntan a que la masacre al interior del penal de Quezaltepeque fue originada por problemas de convivencia al interior del penal.
Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública explicó las supuestas razones de los asesinatos ejecutados de los reos del penal de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad, la tarde del sábado; según Landaverde, se trataba por un ajuste de cuentas entre miembros de la pandilla 18 y 18 Revolucionarios.
“Estas cuatro personas fueron víctimas del mismo grupo al que ellos pertenecían. Son ajustes de cuentas… es una especie de limpieza la que están haciendo”, indicó el funcionario.
Sin embargo, Ramírez Landaverde dijo que las investigaciones apuntan a que el problema en Quezaltepeque fue por problemas de convivencia al interior del penal.
“Ellos fueron víctimas del mismo grupo al que ellos pertenecían. Ellos fueron sometidos y estrangulados, es una especie de limpieza que ellos están haciendo”, aseveró.
De igual forma detalló, que no será difícil individualizar quienes son los que están involucrados en los hechos, porque serían las mismas personas con las que compartían celdas.
“Desde la operación Jaque, Cuscatlán y los operativos antipandillas que las autoridades han efectuado desde el 2016, las pandillas tienen diferencias por hacerse del control territorial y eso se demuestra con el triple homicidio ocurrido ayer (domingo) en San Miguel. Hay fuertes contradicciones y conflicto entre las pandillas”, puntualizó el funcionario.
Por otra parte, afirmó, que no hay repunte de homicidios en lo que va del 2019 y que el mes de febrero lo cerramos con 206 asesinatos, siendo una de las cifras más bajas que se ha registrados en varios meses.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
