En este periodo de vacaciones por la Semana Santa, el Gobierno tiene programado instalar 1,060 puntos de control vial para practicar pruebas antidoping, al azar, entre los conductores. El objetivo es sacar de circulación a personas que manejen bajo el consumo de drogas o alcohol. 

Para cumplir con la misión participan 3,000 colaboradores de distintas instituciones como Policía Nacional Civil, Unidad de Antidoping, Viceministerio de Transporte, Gestores de Tránsito, entre otros.

Como parte de las acciones encomendadas, los equipos ejecutarán 2,000 pruebas antidopaje para constatar que los conductores no manejen bajo los efectos del alcohol o drogas; además, porten sus documentos en regla, cumplan con los requisitos como llevar los accesorios: mica, llanta de repuesto, extintor, el cono o triángulo reflectivo.

Solo en los primeros dos días del Plan Verano 2023, las autoridades han sorprendido a 11 conductores peligrosos en las carreteras, quienes manejaban con niveles por encima de 100 mg/dl de alcohol en sangre.

De sobrepasar ese nivel, un conductor es detenido, el vehículo es remitido a un parqueo estatal, y la persona enfrentará cargos por el delito de conducción peligrosa cuya sanción penal mínima es de 3 a 6 años de prisión (vehículo liviano) y de 6 a 8 años (transporte público de pasajeros o de carga), pagar una esquela de $57.14 y el costo de la grúa para el traslado del automotor para que quede en custodia.

“Cuando una persona toma la mala decisión de conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes no solo pone en riesgo su vida, sino la de los demás usuarios de las vías”, afirmó el viceministro, Nelson Reyes.