Judicial
Presuntos estafadores vendían casas a nombre del FSV
FOTO REFERENCIA / El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador inició, este jueves, la audiencia preliminar en contra de cinco personas acusadas por el delito de estafa agravada, en la modalidad del delito continuado, por vender casas a nombre del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Se trata de Blanca Estela Arévalo de López, Omar Alexander Flores Romero, exempleados del FSV, también, los particulares René Armando Alvarado Villatoro, Manuel Rodríguez Rivera, este último se mantiene en prisión y Orlando Abdala Ferrufino, quien mantiene activa orden judicial de captura debido a que evadió el proceso.
“En este caso como Fiscalía, contamos con todos los elementos necesarios como para que los acusados enfrenten la etapa de juicio. Para el caso, tenemos las pericias grafo técnicas que demuestran que uno de los implicados, el ingeniero Alvarado Villatoro, era el supuesto evaluador de los inmuebles y que en conexión con las con las otras personas ofrecieron casas que decían ser nuevas, pero se determinó que eran viviendas viejas y ubicadas en lugares peligrosos en donde ni permisos para su construcción habían obtenido”, detalló la fiscal.
Las denuncias se conocieron hasta que las víctimas reclamaron al FSV y fue así como se ordenaron las inspecciones que llevaron a descubrir la red de estafadores.
“Los hechos sucedieron en los años 2007 y 2008, los imputados estafaron a siete víctimas haciéndoles creer que le vendían casas a nombre del FSV en Ayutuxtepeque, pero todo fue falso. Un total de $257,013.56 es el monto de lo defraudado y que reclamaremos a favor de las víctimas”, sostuvo la fiscal del caso.
La audiencia seguirá en desarrollo y podría finalizar este viernes 23 de Julio de 2021.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
