Judicial
Presuntos estafadores vendían casas a nombre del FSV
FOTO REFERENCIA / El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador inició, este jueves, la audiencia preliminar en contra de cinco personas acusadas por el delito de estafa agravada, en la modalidad del delito continuado, por vender casas a nombre del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Se trata de Blanca Estela Arévalo de López, Omar Alexander Flores Romero, exempleados del FSV, también, los particulares René Armando Alvarado Villatoro, Manuel Rodríguez Rivera, este último se mantiene en prisión y Orlando Abdala Ferrufino, quien mantiene activa orden judicial de captura debido a que evadió el proceso.
“En este caso como Fiscalía, contamos con todos los elementos necesarios como para que los acusados enfrenten la etapa de juicio. Para el caso, tenemos las pericias grafo técnicas que demuestran que uno de los implicados, el ingeniero Alvarado Villatoro, era el supuesto evaluador de los inmuebles y que en conexión con las con las otras personas ofrecieron casas que decían ser nuevas, pero se determinó que eran viviendas viejas y ubicadas en lugares peligrosos en donde ni permisos para su construcción habían obtenido”, detalló la fiscal.
Las denuncias se conocieron hasta que las víctimas reclamaron al FSV y fue así como se ordenaron las inspecciones que llevaron a descubrir la red de estafadores.
“Los hechos sucedieron en los años 2007 y 2008, los imputados estafaron a siete víctimas haciéndoles creer que le vendían casas a nombre del FSV en Ayutuxtepeque, pero todo fue falso. Un total de $257,013.56 es el monto de lo defraudado y que reclamaremos a favor de las víctimas”, sostuvo la fiscal del caso.
La audiencia seguirá en desarrollo y podría finalizar este viernes 23 de Julio de 2021.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
