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PNC verifica el uso permitido del polarizado en los vehículos
Esta mañana, agentes de tránsito colocaron un retén sobre el bulevar Los Héroes para inspeccionar el polarizado, y en al menos dos horas se impusieron más de 40 infracciones.
El polarizado en los vidrios de los vehículos es algo que está regulado en la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial; si los vidrios polarizados son más oscuros de lo permitido la multa es de $11.43.
El jefe policial a cargo de la inspección, explicó que aparte de infringir la ley con vidrios demasiado oscuros, esto dificulta manejar en la noche o cuando llueve y lo que se busca es reducir los accidentes y que no surjan percances viales por este motivo.
También es necesario tener vidrios claros para evitar que dentro de vehículos muy polarizados, se cometan ilícitos o se transporten personas con órdenes de captura o privadas de libertad.
Esta inspección también permitió identificaron a personas que manejaban con licencia vencida, por lo que también se les atribuyó otra multa.
Durante toda la semana, la División de Tránsito Terrestre de la PNC, a través de su Departamento de Control Vehicular, se enfocará en inspeccionar polarizado de vehículos en diferentes puntos de San Salvador. Sin embargo, la campaña del polarizado es permanente, igual que las otras que han llevado a cabo las autoridades de Tránsito.
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos indebidos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
