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PNC confirma reducción de extorsiones en lo que va de 2021
La Policía Nacional Civil (PNC) registra una reducción en el índice de denuncias por el delito de extorsión en lo que va del año. De acuerdo con las estadísticas policiales entre el 1 de enero y el 22 de febrero de 2021, el delito de extorsión ha tenido un descenso de un 29.4% en comparación con el mismo período del año pasado.
Los datos policiales señalan que en este año son 211 casos de extorsión los denunciados, mientras que en ese mismo intervalo de tiempo de 2020 fueron 299.
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De acuerdo con las autoridades de Seguridad, la baja en la cifra de chantajes es el resultado de las acciones ejecutadas como parte del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que ha logrado reducir los índices de los delitos de alto impacto, entre ellos los homicidios.
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Muestra de ese trabajo es el arresto de 10 hombres perfilados como pandilleros acusados de ese delito en diferentes municipios del país. Las capturas fueron ejecutadas este martes. “Capturamos mediante operativo policial al cabecilla de una estructura criminal. Además, a nueve sujetos y a un adolescente, todos acusados del delito de extorsión agravada”, dijo el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.
También el director policial felicitó a los agentes por el trabajo realizado que finalizó con los arrestos. “Buen procedimiento compañeros policías. Esta administración sigue comprometida en reducir no solo los homicidios y desapariciones, sino también las extorsiones”, concluyó Arriaza Chicas.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
