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PNC captura a 17 homicidas por hechos vinculados a intolerancia social
La labor profesional de las distintas unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) ha permitido la captura de al menos 17 presuntos homicidas entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, todos vinculados a crímenes relacionados con hechos de intolerancia social.
Uno de los casos más recientes es el de Julio Alberto Zomoza Bonilla, de 35 años, acusado de asesinar a un hombre de 54 años cuyo cuerpo fue localizado en un cañal de Atiquizaya, Ahuachapán. De acuerdo con las investigaciones, el crimen se originó tras amenazas mutuas entre víctima y agresor. La víctima tenía antecedentes por homicidio y había cumplido una condena de 11 años en prisión.
En otro hecho, ocurrido en la comunidad El Guarumo, Cojutepeque (Cuscatlán), fue arrestado José Carlos Flores Hernández, quien atacó con un corvo a su pareja tras una discusión, causándole graves lesiones en la cabeza y las manos.
Asimismo, en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate, fue detenido Elmer Antonio Ayala Solórzano, señalado de causar la muerte de un hombre con quien compartía bebidas alcohólicas, tras golpearlo y atacarlo con un corvo.
En San Salvador, la PNC capturó a Moisés Acosta Lemus, de 44 años, acusado de herir con arma blanca a otro hombre durante una reunión en la zona entre la 20ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II.
Otro arresto relevante ocurrió en la colonia Turcios, en Santa Rosa de Lima, La Unión, donde Edelmer José Pastora Rivera, de nacionalidad nicaragüense, fue detenido por disparar contra dos compañeros durante una discusión. La PNC informó que al momento del arresto se le incautó un revólver con el que habría perpetrado el ataque.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reiteró el compromiso del Gobierno en la lucha contra la impunidad. “Lo hemos dicho claro: vamos a perseguir a todos aquellos que atenten contra la vida de los salvadoreños y vamos a hacer que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”, afirmó.
El funcionario también destacó la captura de Cristian Antonio Segovia Flores, acusado de cometer un homicidio el pasado 4 de febrero en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
A las detenciones de este año se suma la de Inés de Jesús Zavala Bonilla, arrestado por orden judicial en Zacatecoluca, La Paz, por un homicidio agravado ocurrido en 2003. Según la PNC, el sujeto disparó contra la madre de la víctima durante una discusión, y uno de los proyectiles impactó a una niña de seis años, causándole la muerte. Zavala fue capturado en febrero de este año en San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulután.
La PNC reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la reducción de la impunidad en los crímenes que atentan contra la vida de los salvadoreños.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
