Internacionales
Perú busca replicar estrategia seguridad de Nayib Bukele
Ciudadanos de Iquitos, Perú, han salido a las calles a protestar por el incremento de la violencia que afecta a esa región, y utilizando pancartas expresaron su deseo de tener a un presidente como Nayib Bukele para que combata la delincuencia y mejore la seguridad pública.
«Auxilio Presidente Nayib Bukele. En Iquitos, Perú, estamos siendo masacrados por la delincuencia», se leyó en varios de los carteles que utilizaron los manifestantes para salir a protestar en las principales calles de dicha ciudad puerto.
En la marcha, una de las manifestantes que sostenía una fotografía del presidente salvadoreño también gritó: «Queremos esta clase de presidentes que dé la cara por la ciudadanía».
A este hecho se suma que el mes pasado Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, capital de Perú, planteó la idea de implementar en esa región las mismas acciones de seguridad utilizadas por Nayib Bukele en El Salvador.
El gobernante salvadoreño mantiene una lucha en contra de las pandillas, que por décadas fueron las responsables de hechos delincuenciales como masacres, amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas.
A pesar de los bloqueos y las constantes críticas por parte de la oposición política, el Ejecutivo implementó desde junio de 2019 el Plan Control Territorial (PCT), que consta de siete fases. Está en ejecución de la quinta, conocida como Extracción.
Esta fase incorpora la instalación de cercos de seguridad, que iniciaron en diciembre del año pasado en Soyapango, luego se extendieron a las comunidades Tutunichapa y La Granjita, de San Salvador, y ayer a Nueva Concepción, Chalatenango, a causa del homicidio contra un agente policial a manos de pandilleros.
La ejecución del PCT se robusteció en marzo de 2022 con la implementación del régimen de excepción.
Internacionales
Fiscalía de Milán pide cadena perpetua para salvadoreño acusado de feminicidio de Jhoanna Nataly Quintanilla
La Fiscalía de Milán solicitó este 20 de octubre la pena de cadena perpetua (ergastolo) para el salvadoreño Pablo González Rivas, de 50 años, acusado del feminicidio de su compañera, la salvadoreña Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, de 40 años.
Según la acusación, González Rivas habría asfixiado a Nataly la noche del 24 al 25 de enero de 2025, en el apartamento que compartían en la piazza dei Daini, zona Bicocca, en Milán. Posteriormente habría colocado el cuerpo en una maleta deportiva y lo arrojó al río Adda, donde fue hallado en marzo de 2025 en Zelo Buon Persico.
La fiscal Alessia Menegazzo pidió el ergastolo por homicidio voluntario agravado y ocultamiento de cadáver ante la Corte de Asís de Milán.
El caso conmocionó a la comunidad salvadoreña en Italia. La víctima era originaria de El Salvador y trabajaba como niñera. Su pareja confesó el crimen alegando un «juego erótico» que terminó mal, versión que la autopsia y la fiscalía desmintieron.
La familia de Nataly, su tía y su prima, viajaron desde El Salvador para constituirse como parte civil y exigen justicia.
Se espera que el tribunal de Milán dicte sentencia en los próximos días.
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Guatemalteco recibe 30 años de cárcel por su papel en la tragedia de 53 migrantes en Texas
Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco por su participación en la operación de tráfico de migrantes que terminó con 53 muertos en San Antonio, Texas, en junio de 2022. La sentencia fue dictada este martes 20 de octubre por el juez Orlando García.
Miranda Orozco admitió haber organizado el viaje y alojamiento de tres personas que terminaron en el camión: dos fallecieron y una sufrió lesiones graves. Fue detenido en Guatemala en 2024 y extraditado a Estados Unidos en 2025. Posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con el ingreso irregular de migrantes con resultado de muerte y lesiones.
La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando un remolque con migrantes fue abandonado en una carretera de San Antonio. Según las autoridades, el sistema de aire acondicionado falló durante el recorrido desde Laredo. Dentro del vehículo murieron 48 personas y otras cinco fallecieron después en hospitales. Los traficantes cobraban hasta 15,000 dólares por persona para realizar el traslado.
El proceso también ha derivado en condenas contra otros integrantes de la red. Felipe Orduna Torres, identificado por los fiscales como uno de sus líderes en Estados Unidos, recibió prisión perpetua, mientras Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años. Otros involucrados, incluido el conductor del camión, permanecían pendientes de sentencia, de acuerdo con los reportes consultados.
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Ébola en RD del Congo: más de 9,400 casos y 4,500 muertes mientras el brote se extiende
La República Democrática del Congo acumulaba 9,415 casos de ébola y 4,536 fallecimientos al 16 de octubre, según el balance recogido por Reuters. Las cifras actualizan los más de 9,000 casos y 4,300 decesos mencionados en reportes anteriores y reflejan la gravedad del brote detectado en mayo de 2026.
La epidemia se extendió a una octava provincia, Ubangi del Norte, donde el Instituto Nacional de Investigación Biomédica confirmó dos casos, uno de ellos mortal. Su ubicación fronteriza con la República Centroafricana añade dificultades a la vigilancia sanitaria. Ituri continúa como el principal foco de transmisión dentro del territorio congoleño.
El brote es causado por el virus Bundibugyo, para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La transmisión ocurre mediante contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas, así como con materiales contaminados. La atención temprana y los cuidados de soporte pueden mejorar las posibilidades de supervivencia.
La respuesta sanitaria enfrenta dificultades para detectar rápidamente a los pacientes y dar seguimiento a sus contactos. La OMS advierte que las muertes fuera de los centros de tratamiento reflejan retrasos en el acceso a la atención. El control del brote requiere aislamiento y cuidado de los enfermos, protección del personal sanitario, entierros seguros y colaboración con las comunidades.
