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Perú busca replicar estrategia seguridad de Nayib Bukele 

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Foto: Cortesía

Ciudadanos de Iquitos, Perú, han salido a las calles a protestar por el incremento de la violencia que afecta a esa región, y utilizando pancartas expresaron su deseo de tener a un presidente como Nayib Bukele para que combata la delincuencia y mejore la seguridad pública.

«Auxilio Presidente Nayib Bukele. En Iquitos, Perú, estamos siendo masacrados por la delincuencia», se leyó en varios de los carteles que utilizaron los manifestantes para salir a protestar en las principales calles de dicha ciudad puerto.

En la marcha, una de las manifestantes que sostenía una fotografía del presidente salvadoreño también gritó: «Queremos esta clase de presidentes que dé la cara por la ciudadanía».

A este hecho se suma que el mes pasado Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, capital de Perú, planteó la idea de implementar en esa región las mismas acciones de seguridad utilizadas por Nayib Bukele en El Salvador.

El gobernante salvadoreño mantiene una lucha en contra de las pandillas, que por décadas fueron las responsables de hechos delincuenciales como masacres, amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas.

A pesar de los bloqueos y las constantes críticas por parte de la oposición política, el Ejecutivo implementó desde junio de 2019 el Plan Control Territorial (PCT), que consta de siete fases. Está en ejecución de la quinta, conocida como Extracción.

Esta fase incorpora la instalación de cercos de seguridad, que iniciaron en diciembre del año pasado en Soyapango, luego se extendieron a las comunidades Tutunichapa y La Granjita, de San Salvador, y ayer a Nueva Concepción, Chalatenango, a causa del homicidio contra un agente policial a manos de pandilleros.

La ejecución del PCT se robusteció en marzo de 2022 con la implementación del régimen de excepción.

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Trump firma orden ejecutiva para regular el deporte universitario

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a regular los deportes universitarios estadounidenses, a raíz de los cambios normativos que permiten a los estudiantes deportistas recibir una compensación económica.

La orden instruye a la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA) a establecer normas que permitan a los atletas universitarios competir durante un período «no mayor a cinco años».

También solicitó que se implementen reglas que les permitan cambiar de institución educativa una sola vez antes de graduarse, sin tener que permanecer inactivos durante una temporada.

Está previsto que estos cambios entren en vigor el 1 de agosto, y las instituciones que permitan competir a atletas sin cumplir estos criterios se arriesgan a perder su financiación federal.

Trump afirmó que la flexibilización de «normas o límites» de elegibilidad, las transferencias y los «esquemas de pagar por jugar han desatado una carrera armamentista financiera fuera de control que está endeudando a las universidades».

La orden además insta a los organismos rectores a prohibir los acuerdos financieros que consideren «indebidos», y exhorta al Congreso a aprobar legislación para abordar estas problemáticas.

La medida da continuidad a otra orden que Trump emitió en julio para frenar ciertos pagos de terceros a deportistas universitarios durante el reclutamiento, sobre todo en deportes que mueven mucho dinero, como el fútbol americano y el baloncesto masculino, para proteger recursos para los deportes femeninos y otras disciplinas menos rentables.

El presidente declaró el mes pasado que el creciente valor de los contratos por los famosos acuerdos NIL (nombre, imagen e identidad, por sus siglas en inglés) ha supuesto una carga para las universidades, obligando a algunas de ellas a suprimir otras disciplinas deportivas.

Deportes menos populares como el atletismo, la natación y la gimnasia han sido históricamente una cantera para los equipos olímpicos de Estados Unidos.

Durante mucho tiempo, la NCAA prohibió a los estudiantes deportistas aceptar cualquier tipo de acuerdo NIL. Sin embargo, tras un fallo de la Corte Suprema en 2021, se modificaron las normas para permitir que algunos atletas universitarios reciban una compensación económica.

 

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París suspende a 31 monitores escolares en tres meses por presuntos abusos sexuales

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Bajo presión, el nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció un plan millonario para responder a las denuncias de presuntos abusos sexuales en las escuelas, que llevaron a la suspensión de 31 monitores desde inicios del año.

El regidor socialista, de 48 años, asumió el cargo el pasado domingo con estos abusos como su «primera lucha», después de que sus rivales se responsabilizaran de la situación durante la campaña de su predecesora, Anne Hidalgo.

En París, el ayuntamiento es el encargado de contratar y formar a los monitores que cuidan y realizan actividades con los niños después de las clases en las escuelas públicas, antes de que sus padres puedan ir a recogerlos.

«Hay que revisarlo todo desde el principio con un objetivo: tolerancia cero», declaró el alcalde socialista, quien en noviembre confesó que él mismo fue víctima de abusos cuando era niño en el marco de una actividad extraescolar.

Desde inicios de 2026, 78 monitores fueron suspendidos, entre ellos 31 por sospechas de violencia sexual, detalló Grégoire, que prometió «transparencia total» a las familias, cuya «ira», en su opinión, «es legítima».

De los suspendidos este año por violencia física o sexual, nueve trabajaron en la misma escuela infantil. Los padres de alumnos han acusado a la dirección del centro de no informarles de sus sospechas.

La «inmensa mayoría de casos» de violencia sexual «remontan a 2024 y, sobre todo, a 2025», principalmente en escuelas infantiles, explicó. El año pasado, la alcaldía apartó a 16 monitores por sospechas, según cifras de la alcaldía.«Si hubo un error colectivo, fue tratar estos casos como incidentes aislados cuando en realidad reflejan un riesgo sistémico, y quizás incluso un código de silencio sistémico», reconoció el regidor al diario Le Monde.

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Doce muertos en un terremoto en Afganistán

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Doce personas fallecieron a causa de un terremoto de magnitud 5,8 que se sintió el viernes por la noche en varias regiones de Afganistán, según un balance actualizado difundido este sábado por el gobierno y la Media Luna Roja.

El sismo ocurrió a las 20H42 locales (16H12 GMT) en el noreste del país a una profundidad de 186,4 km, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El balance anterior era de ocho muertos.

El epicentro se situó a 35 km al sur de Jorm, en la provincia de Badajshán, pero la sacudida se sintió en numerosas provincias de Afganistán, incluida la capital, Kabul, según periodistas de la AFP.

«Lamentablemente, 12 personas murieron y cuatro resultaron heridas a causa del temblor», indicó en la red X el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat.

El balance fue confirmado a AFP por el portavoz de la Media Luna Roja afgana, Abdul Qadeem Abrar, quien precisó que los fallecimientos se produjeron en la provincia de Kabul.

Previamente, el ministerio de Salud había dado parte del fallecimiento de ocho miembros de una familia en la zona de Gosfand Dara, en la provincia de Kabul.

Afganistán sufre terremotos con frecuencia, en particular a lo largo de la cordillera del Hindu Kush, cerca del punto de unión entre las placas tectónicas euroasiática e india.

En agosto de 2025, un terremoto de magnitud 6, el más mortífero de la historia reciente del país, afectó a las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2.200 personas.

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