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Operativo coordinado por Interpol incautó 28 toneladas de explosivos en Sudamérica
«La Operación Claymore (del 11 de agosto al 11 de octubre de 2024) reunió a las fuerzas del orden de nueve países para combatir el robo, el contrabando y el tráfico de explosivos y materiales relacionados», informó la organización internacional de cooperación policial.
Durante le operación, se incautaron también 93.000 metros de cordón detonante y mecha de seguridad, 205 granadas, 73.000 detonadores y miles de kilos de precursores químicos.
Según Interpol «el comercio de estos materiales está estrechamente vinculado al crimen organizado y a los grupos armados, ya que los artefactos explosivos improvisados se utilizan para una variedad de actividades delictivas, desde ataques terroristas y violencia territorial hasta robos y ataques a las fuerzas de seguridad».
Participaron del operativo fuerzas de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
En Ecuador, que enfrenta un aumento de la violencia por parte de grupos armados, la policía confiscó ocho bloques de explosivos de demolición C4, 30.000 cartuchos de municiones de diferentes calibres, 620 cargadores, 15 granadas de mano y 750 cilindros de heroína.
La policía colombiana allanó una fábrica de explosivos improvisados en donde se incautaron 3.000 artefactos explosivos fabricados con cantimploras metálicas y 800 artefactos improvisados tipo granada, entre otros, mientras que, en Perú, incautaron 16 toneladas de material explosivo y detuvieron 22 personas.
En Brasil, las autoridades encontraron 900 kg de emulsión explosiva y 240 detonadores en un camión, y en Argentina detuvieron a un sospechoso de fabricar un artefacto explosivo que detonó en una residencia en Estados Unidos dejando dos heridos.
El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, señaló en el comunicado: «Estamos viendo un aumento preocupante de grupos terroristas, crimen organizado y bandas que utilizan explosivos, desde ataques violentos hasta operaciones mineras ilegales».
«Esta operación exitosa en Sudamérica demuestra que estamos avanzando, pero la amenaza es real y global», dijo Urquiza.
Médicos especializados en oftalmología de Suecia, El Salvador y España desarrollaron una jornada quirúrgica que brindó atención a 250 pacientes con padecimientos de cataratas, estrabismo y pterigión.
Esta jornada estuvo a cargo del doctor salvadoreño, residente en Suecia, Frank Rico; la organización sueca Visión para todos y Rotary Internacional; así como médicos de los Hospitales Nacionales Zacamil y Benjamín Bloom.
El doctor Frank Rico, quien tiene una década de residir en Suecia, explicó que el proyecto nació, precisamente, en la representación diplomática de El Salvador en la nación europea, una oportunidad en la que planteó la necesidad de atender a niños y adultos con diferentes padecimientos oculares.
«Tuvimos una reunión con la viceministra Patricia Godínez, que entonces era la embajadora en Suecia, y hablamos de organizar esta campaña junto a Vision for all [Visión para todos], la cual está liderada por el salvadoreño Nelson Gómez y quien ha traído en varias ocasiones jornadas de entrega de lentes», dijo Rico.
En una de las jornadas pasadas, los especialistas llegaron a la conclusión que además de facilitar lentes para la población, era necesario realizar procedimientos quirúrgicos especializados.
«Logramos conseguir un grupo de 25 operantes, entre médicos, enfermeras que estaban operando cataratas», mencionó Rico, quien destacó, además, la incursión de colegas y compañeros en Suecia.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la ejecución de la condena de 13 años y cuatro meses de prisión impuesta a Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido ARENA. Esta medida se hace efectiva tras su arribo al país el pasado 26 de enero, luego de ser capturado y deportado por las autoridades de los Estados Unidos, poniendo fin a un periodo de evasión de la justicia que inició en abril de 2021.
La condena fue emitida originalmente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, tras un juicio realizado en ausencia gracias a las reformas del Código Procesal Penal. El tribunal encontró a Quijano culpable de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, al demostrarse que pactó con cabecillas de pandillas durante su campaña presidencial en 2014. Las investigaciones fiscales, sustentadas en pruebas del caso Operación Cuscatlán, revelaron reuniones directas donde se ofrecieron beneficios penitenciarios y sumas de dinero a cambio de apoyo en las urnas.
Tras su ingreso a territorio salvadoreño, el exfuncionario fue sometido a una evaluación médica que incluyó electrocardiogramas y radiografías de tórax. La defensa de Quijano ha manifestado que el procesado se encuentra bajo control cardiológico desde el año 2006 debido a padecimientos de hipertensión arterial y angina inestable, factores de riesgo que requieren medicación diaria constante dentro del sistema penitenciario.
A pesar de los alegatos de salud, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la detención provisional del imputado y su traslado inmediato al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. La sede judicial determinó mantener la medida cautelar más gravosa tras considerar que existe un riesgo elevado de fuga, señalando que la presencia de Quijano en El Salvador no responde a su voluntad propia, sino a la acción coercitiva y estratégica de las autoridades que lograron su captura y deportación desde Texas.
En el ámbito procesal, la audiencia de revisión de medidas programada para este 28 de enero fue cancelada debido a que aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto ante la Sala de lo Penal en junio de 2024. Su abogado defensor, Lisandro Quintanilla, ha indicado que la sentencia aún no está en firme y que buscarán agotar las instancias correspondientes, incluyendo un posible recurso de casación, con el objetivo de solicitar medidas sustitutivas a la detención en el futuro.
Además de la pena de prisión, la condena conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la suspensión de sus derechos ciudadanos. Las autoridades salvadoreñas han procedido a notificar formalmente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) sobre la situación jurídica de Quijano para oficializar su inhabilitación del cargo que ostentaba.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
