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«No se pueden tener símbolos de pandillas en ningún lado»: Presidente Bukele sobre destrucción de lápidas con distintivos de pandillas
Tras las expresiones de crítica de parte de organismos internacionales contra la destrucción de lápidas en tumbas de miembros de pandillas en El Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó un video en sus redes sociales donde asegura que esto se ha hecho porque las recientes leyes aprobadas en el país así lo establecen.
El video recoge parte de las palabras del presidente Bukele durante una conferencia de prensa esta semana, en las que detalla que la Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada por la actual Asamblea Legislativa, mandata que no pueden existir símbolos que hagan apología a las pandillas en ningún sitio, por lo que la destrucción de lápidas está amparada en la ley.
«Cuando la Dirección de Centros Penales sacó a los reos para que fueran a destruir las lápidas y las tumbas de los pandilleros. La gente lo aplaudió aquí y afuera. Pero, inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y de derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su ser querido», comentó.
¿Por qué destruimos las lápidas en las tumbas de los pandilleros?#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/DUHUFKSdBG
— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 11, 2022
«Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Estamos prohibiendo que la tumba diga “Mara Salvatrucha” o “Barrio 18”. Simplemente porque, en El Salvador, a partir de la aprobación de la Ley de Proscripción de Pandillas están prohibidos esos símbolos. No se pueden tener símbolos de pandillas en ningún lado, ni en el grafiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba», explicó el mandatario.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) ha movilizado a reos en fase de confianza a distintos cementerios de todo el país para destruir las lápidas de las tumbas de miembros de pandillas, donde otros terroristas se concentraban para conmemorar la memoria de sus compañeros fallecidos. Ante esto, las autoridades tomaron la decisión de hacer cumplir la ley y destruir estos espacios de apología a estas estructuras criminales.
Bukele recordó la experiencia de Alemania cuando se decidió penalizar por ley toda expresión que hiciera apología al nazismo. El mandatario señaló que es necesario erradicar de raíz todo aquello que sienta un mal precedente para la historia de un país si se busca un cambio real y una solución a problemáticas como las pandillas.
Además, el mandatario reiteró que continuarán con los esfuerzos con combatir a estos grupos criminales en todo el territorio salvadoreño. Actualmente, gracias a la implementación del Plan Control Territorial y la vigencia del régimen de excepción, se ha logrado una reducción histórica de la violencia y la criminalidad en todo El Salvador.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
