Nacionales
MINISTRO DE TRABAJO: “Exfiscal estafó al Estado salvadoreño», pero Raúl Melara le dio sobreseimiento sin investigar
Esta mañana de martes el ministro de trabajo Rolando Castro, dio ha conoce la premisa que pronto se le notificará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que abra una investigación contra el exfiscal general Douglas Meléndez.
Castro dijo que Douglas Meléndez habría cometido el delito de Estafa contra el Estado salvadoreño cuando fue gerente general de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), lugar que dejó por convertirse en fiscal general de la República y cobrar al cien por ciento su indemnización al salir de la autónoma por un monto de $34, 000.
“Hemos descubierto que el ex Fiscal General Douglas Meléndez cuando fue gerente general interino de CEPA estafó al Estado Salvadoreño, presentaré informe a la fiscalía. Estos delitos de cuello blanco no pueden ser», señaló esta mañana el ministro de trabajo en la entrevista Frente a Frente de TCS.
El funcionario dejó en claro que Dogulas Meléndez no tenía que haber cobrado la indemnización en su totalidad, sino de manera proporcional en base al cuadro y como lo manda la ley la cual correspondía al 50%.
“La dan como premio la indemnización, incluso en haber incurrido en la figura de abandono de trabajo, le dan el doble al darle $35 mil y fracción, este es erario público, es dinero del pueblo y eso es sagrado y debe respetarse.
Los que voy hacer en estos momentos lo presento ya a mi departamento jurídico para que mis abogados preparen el aviso para presentarlo a la fiscalía. Si un funcionario público se entera de algo y no lo notifica también cae en el delito de omisión, por lo tanto nosotros vamos a proceder porque hemos venido a aplicar como establece el mandato de ley y del presidente de la República, que es hacer las cosas justas. Estos delitos de cuello blanco deben de ser parte del pasado”, recalcó el ministro de trabajo.
Cobro de la indemnización.
En el mes de octubre de 2018 Duglas Meléndez confirmó en una entrevista radial que cobró su indemnización al 100%.
Me retiré por disolución laboral (de CEPA). Esto (que se ha dicho sobre mi retiro) es parte de la campaña de desprestigio. Si la institución así lo decidió (dar el 100% de indemnización) es decisión administrativa no de la persona que se retira”, expresó en su momento Meléndez.
Su afirmación se dio ante los cuestionamientos que le hiciera el expresidente Mauricio Funes mediante sus cuentas de redes sociales el “por qué el Fiscal Meléndez cobró $35 mil en CEPA correspondiente al 100% de indemnización si no fue despedido. Por retiró voluntario CEPA solo debió pagar un 42%. ¿Será que fue el pago por asegurar impunidad una vez en el cargo de Fiscal General?”, publicó Funes en aquel entonces.
Rolando Castro también señaló que también se están investigando otros casos similares al de Douglas Meléndez y que pronto serán dados a conocer para que le FGR tome cartas en el asunto.
Un nuevo golpe contra las pandillas se registra hoy con la detención de José Francisco Yanes Linares, de 22 años, quien de acuerdo a la Policía Nacional Civil es miembro de la MS13, clica Arce Malditos Locos Salvatruchos.
Las investigaciones arrojan que este sujeto tenía un cargo principal para la financiación de la mara, de acuerdo a la corporación policial.
«Según las investigaciones se encargaba de movilizar la droga y dinero para la pandilla», informó la PNC en la red social X.
Yanes Linares fue capturado en el cantón La Esperanza, en Ciudad Arce, La Libertad Centro.
Tras su aprehensión será remitido por el delito de pertenencia a esta organización terrorista.
Una mujer fue puesta bajo arresto luego de ser denunciada por comerciar y distribuir droga en la zona occidental. Al momento de su captura se le incautaron estupefacientes y miles de dólares en efectivo, informó la Fiscalía General de la República.
De acuerdo a la versión del Ministerio Público, la detenida, identificada como Andrea Dessire Beltrán Calderón se dedicaba al comercio y distribución de cocaína en Ciudad Real, San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
La Policía Nacional Civil llevó a cabo el procedimiento en la vivienda de Beltrán Calderón en la cual se encontraron diferentes porciones de droga, una báscula y 15,129 dólares en efectivo.
La FGR detalló que Beltrán Calderón fue denunciada, lo que llevó a las autoridades a seguirle la pista comprobando el cometimiento de los delitos de tráfico de droga y lavado de activos, por los cuales será juzgada.
Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), en lo que va del año al menos 10 personas acusadas de estafa han sido condenadas a prisión.
Las cantidades defraudadas por los imputados oscilan entre $12,000 y $375,360, mientras que las penas impuestas van desde seis hasta 62 años de cárcel.
Las autoridades aseguran que las detenciones de estafadores y posteriores condenas se deben al trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía, quienes han fortalecido sus esfuerzos tanto en la investigación de estos casos como en la propuesta y diseño de reformas legales orientadas a combatir delitos para combatir delitos que afectan contra el patrimonio de los salvadoreños.
«Tenemos la responsabilidad de gestionar, ordenar e investigar para poner tras las rejas y frente a un juez a los responsables de delitos graves. Hemos venido trabajando en una técnica de empezar por los delitos más graves, todo lo que tiene que ver con los delitos de la libertad sexual, violaciones, agresiones sexuales, estafas, robos y hurtos», señaló recientemente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario detalló que, para luchar contra este tipo de delitos, se presentaron el año pasado ante la Asamblea Legislativa, una serie de reformas relacionadas a delitos patrimoniales.
«El año pasado también llevamos a la Asamblea el último compacto de reformas que estaba relacionado a delitos patrimoniales, y también estamos analizando la información, escuchando las nuevas formas en que los salvadoreños se manifiestan y denuncian este tipo de delitos para lograr capturar a los implicados y llevarlos tras las rejas», indicó Villatoro.
El pasado 16 de febrero, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decretó una condena de seis años de prisión a Jorge Franklin Ríos Rugamas, quien fue declarado culpable por el delito de estafa agravada. El imputado también fue condenado a pagar $85,000 en calidad de responsabilidad civil.
«Los hechos sucedieron a comienzos del año 2020 cuando la víctima conoció a Ríos Rugamas, quien se hacía pasar como un empresario del área de las edificaciones y otros rubros. El imputado le ofreció a la víctima diferentes servicios del sector construcción y suscribió varios contratos para efectuar los proyectos», explicó el fiscal del caso.
Al vencer los plazos establecidos, Ríos Rugamas incumplió los contratos; sin embargo, simuló que respondería económicamente debido a los daños y perjuicios que ocasionó, pero lo hizo emitiendo cheques sin fondos.
En otro caso, un mes después, el 20 de marzo, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó que Edgar Omar Revelo Álvarez siga en prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra por el delito de estafa agravada en perjuicio de 23 víctimas.
«En 2025 se comenzaron a recibir múltiples denuncias contra el imputado, quien ofrecía boletos aéreos a bajo costo a través de redes sociales», explicó la fiscal del caso.
Según la representación fiscal, Revelo Álvarez se hacía pasar por empleado de una aerolínea y promocionaba supuestas ofertas bajo modalidades como el pago únicamente de impuestos o promociones de 2×1 a países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Indonesia, Tailanda, Japón, Panamá, Perú y México.
«Las víctimas realizaban transferencias por los supuestos boletos; sin embargo, el imputado cortaba toda comunicación posteriormente, y las reservaciones resultaban falsas o inexistentes. El monto total de lo estafado asciende a $50,491.04», dijo la fiscal.
Mientras que, en Usulután, el Tribunal de Sentencia de dicha localidad declaró culpables a Santos Tomás Mercado y José Reinaldo Turcios Callejas por el delito de estafa y les impuso una pena de ocho años de prisión. Los imputados estafaron a 32 personas residentes en distintas comunidades del departamento.
«Los ahora condenados solicitaron a las víctimas diversas cantidades de dinero a cambio de supuestos beneficios como viviendas, terrenos, ganado y abonos para proyectos agrícolas. Los imputados aseguraban que dichos recursos serían entregados mediante una presunta ayuda humanitaria proveniente de China Taiwán», detalló el fiscal del caso.
En abril de 2025, las víctimas fueron convocadas a una reunión en San Salvador, donde supuestamente recibirían escrituras y otros beneficios; sin embargo, las promesas nunca se concretaron. Tras constatar el incumplimiento y la pérdida de su dinero, los afectados interpusieron la denuncia que dio origen al proceso judicial y a la posterior sentencia condenatoria.
