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MINISTRO DE TRABAJO: “Exfiscal estafó al Estado salvadoreño», pero Raúl Melara le dio sobreseimiento sin investigar
Esta mañana de martes el ministro de trabajo Rolando Castro, dio ha conoce la premisa que pronto se le notificará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que abra una investigación contra el exfiscal general Douglas Meléndez.
Castro dijo que Douglas Meléndez habría cometido el delito de Estafa contra el Estado salvadoreño cuando fue gerente general de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), lugar que dejó por convertirse en fiscal general de la República y cobrar al cien por ciento su indemnización al salir de la autónoma por un monto de $34, 000.
“Hemos descubierto que el ex Fiscal General Douglas Meléndez cuando fue gerente general interino de CEPA estafó al Estado Salvadoreño, presentaré informe a la fiscalía. Estos delitos de cuello blanco no pueden ser», señaló esta mañana el ministro de trabajo en la entrevista Frente a Frente de TCS.
El funcionario dejó en claro que Dogulas Meléndez no tenía que haber cobrado la indemnización en su totalidad, sino de manera proporcional en base al cuadro y como lo manda la ley la cual correspondía al 50%.
“La dan como premio la indemnización, incluso en haber incurrido en la figura de abandono de trabajo, le dan el doble al darle $35 mil y fracción, este es erario público, es dinero del pueblo y eso es sagrado y debe respetarse.
Los que voy hacer en estos momentos lo presento ya a mi departamento jurídico para que mis abogados preparen el aviso para presentarlo a la fiscalía. Si un funcionario público se entera de algo y no lo notifica también cae en el delito de omisión, por lo tanto nosotros vamos a proceder porque hemos venido a aplicar como establece el mandato de ley y del presidente de la República, que es hacer las cosas justas. Estos delitos de cuello blanco deben de ser parte del pasado”, recalcó el ministro de trabajo.
Cobro de la indemnización.
En el mes de octubre de 2018 Duglas Meléndez confirmó en una entrevista radial que cobró su indemnización al 100%.
Me retiré por disolución laboral (de CEPA). Esto (que se ha dicho sobre mi retiro) es parte de la campaña de desprestigio. Si la institución así lo decidió (dar el 100% de indemnización) es decisión administrativa no de la persona que se retira”, expresó en su momento Meléndez.
Su afirmación se dio ante los cuestionamientos que le hiciera el expresidente Mauricio Funes mediante sus cuentas de redes sociales el “por qué el Fiscal Meléndez cobró $35 mil en CEPA correspondiente al 100% de indemnización si no fue despedido. Por retiró voluntario CEPA solo debió pagar un 42%. ¿Será que fue el pago por asegurar impunidad una vez en el cargo de Fiscal General?”, publicó Funes en aquel entonces.
Rolando Castro también señaló que también se están investigando otros casos similares al de Douglas Meléndez y que pronto serán dados a conocer para que le FGR tome cartas en el asunto.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
