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MINISTRO DE TRABAJO: “Exfiscal estafó al Estado salvadoreño», pero Raúl Melara le dio sobreseimiento sin investigar
Esta mañana de martes el ministro de trabajo Rolando Castro, dio ha conoce la premisa que pronto se le notificará a la Fiscalía General de la República (FGR) para que abra una investigación contra el exfiscal general Douglas Meléndez.
Castro dijo que Douglas Meléndez habría cometido el delito de Estafa contra el Estado salvadoreño cuando fue gerente general de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), lugar que dejó por convertirse en fiscal general de la República y cobrar al cien por ciento su indemnización al salir de la autónoma por un monto de $34, 000.
“Hemos descubierto que el ex Fiscal General Douglas Meléndez cuando fue gerente general interino de CEPA estafó al Estado Salvadoreño, presentaré informe a la fiscalía. Estos delitos de cuello blanco no pueden ser», señaló esta mañana el ministro de trabajo en la entrevista Frente a Frente de TCS.
El funcionario dejó en claro que Dogulas Meléndez no tenía que haber cobrado la indemnización en su totalidad, sino de manera proporcional en base al cuadro y como lo manda la ley la cual correspondía al 50%.
“La dan como premio la indemnización, incluso en haber incurrido en la figura de abandono de trabajo, le dan el doble al darle $35 mil y fracción, este es erario público, es dinero del pueblo y eso es sagrado y debe respetarse.
Los que voy hacer en estos momentos lo presento ya a mi departamento jurídico para que mis abogados preparen el aviso para presentarlo a la fiscalía. Si un funcionario público se entera de algo y no lo notifica también cae en el delito de omisión, por lo tanto nosotros vamos a proceder porque hemos venido a aplicar como establece el mandato de ley y del presidente de la República, que es hacer las cosas justas. Estos delitos de cuello blanco deben de ser parte del pasado”, recalcó el ministro de trabajo.
Cobro de la indemnización.
En el mes de octubre de 2018 Duglas Meléndez confirmó en una entrevista radial que cobró su indemnización al 100%.
Me retiré por disolución laboral (de CEPA). Esto (que se ha dicho sobre mi retiro) es parte de la campaña de desprestigio. Si la institución así lo decidió (dar el 100% de indemnización) es decisión administrativa no de la persona que se retira”, expresó en su momento Meléndez.
Su afirmación se dio ante los cuestionamientos que le hiciera el expresidente Mauricio Funes mediante sus cuentas de redes sociales el “por qué el Fiscal Meléndez cobró $35 mil en CEPA correspondiente al 100% de indemnización si no fue despedido. Por retiró voluntario CEPA solo debió pagar un 42%. ¿Será que fue el pago por asegurar impunidad una vez en el cargo de Fiscal General?”, publicó Funes en aquel entonces.
Rolando Castro también señaló que también se están investigando otros casos similares al de Douglas Meléndez y que pronto serán dados a conocer para que le FGR tome cartas en el asunto.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
