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Ministerio de Hacienda lanza el programa Inspectores Fiscales Sin Fronteras
El Ministerio de Hacienda de El Salvador ha dado a conocer el lanzamiento del programa «Inspectores Fiscales Sin Fronteras», una iniciativa de aprendizaje práctico orientada a mejorar las auditorías fiscales y la investigación de delitos tributarios. Esta nueva estrategia presenta componentes esenciales, tales como el enfoque en Precios de Transferencia y la Investigación de Delitos Fiscales.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, subrayó que esta iniciativa tiene como fin fortalecer la lucha contra la evasión fiscal tanto a nivel local como internacional. El programa busca optimizar las tareas de inspección e investigación fiscal y penal, brindando apoyo a entidades como la Fiscalía General de la República y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El componente relacionado con los Precios de Transferencia permitirá la asesoría de un experto en auditoría tributaria, ofreciendo capacitación práctica a inspectores y auditores, lo que mejorará sus habilidades para detectar y sancionar irregularidades fiscales.
Por otro lado, el programa de Investigación de Delitos Fiscales fortalecerá las capacidades de la unidad de investigación penal tributaria del Ministerio de Hacienda. Este soporte facilitará la identificación de áreas de mejora y el desarrollo de competencias efectivas para especializar a los auditores fiscales.
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es aumentar los ingresos fiscales internos de El Salvador, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde el lanzamiento de un plan anti evasión en octubre de 2019, Hacienda ha recuperado hasta la fecha US$1,900 millones.
Miguel Kattan, secretario de Comercio e Inversiones, enfatizó que estas acciones impulsarán el desarrollo económico al combatir la evasión de impuestos, asegurando que todos los contribuyentes contribuyan de manera adecuada al sistema fiscal nacional.
El viceministro de Ingresos, Juan Neftalí Murillo Ruiz, afirmó que la lucha contra la evasión fiscal es fundamental para construir una economía más equitativa y sostenible. El programa promete aumentar la recaudación y destinar esos ingresos a mejorar la calidad de vida de la población.
Finalmente, Rafael Pleitez, representante del PNUD en El Salvador, destacó que se requieren a nivel global US$4.2 trillones para alcanzar los ODS. En este contexto, el país avanza hacia sus propios objetivos de desarrollo a través del programa «Inspectores Fiscales Sin Fronteras», que no solo permitirá identificar áreas de mejora y activar competencias fiscales, sino que también contribuirá al cumplimiento de los ODS en El Salvador.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
