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Más medidas de seguridad en el DUI resguardan identidad de los salvadoreños
Son 40 nuevas medidas de seguridad las que tiene la tarjeta del Documento Único de Identidad (DUI), que fue actualizado el año pasado por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
Desde hace siete meses, los salvadoreños que renuevan u obtienen el DUI por primera vez constatan los avances en materia tecnológica, de seguridad y durabilidad que presenta la nueva tarjeta.
«Este diseño es muy innovador, está revestido de toda la tecnología de punta para este tipo de producto. Tiene su foto grabada en láser, relieve en el diseño de la foto, y la fotografía en sí ya nosotros la reconocemos por medio del sistema API, ya hay un reconocimiento facial. Nuestra base de datos ya reconoce facialmente a todos los ciudadanos», detalló recientemente Fernando Velasco, presidente del RNPN, en la entrevista radial Al Cierre.
Velasco reveló que las medidas de seguridad del nuevo diseño del DUI hacen que sea prácticamente imposible que este sea reproducido o falsificado, por lo que benefician en gran medida a la población salvadoreña frente a pérdidas o hurtos de la documentación.
«La información está en relieve, tiene una ventana transparente en donde también está la fotografía como una medida de seguridad, y también una ventana de relieve de blanco y negro, que también es otra medida de seguridad», indicó Velasco.
El nuevo diseño del DUI ha sido catalogado como innovador en la región y, de acuerdo con el titular del RNPN, en distintas convenciones se han recibido felicitaciones por parte de autoridades latinoamericanas.
«Esto es porque el diseño del DUI es realmente bonito. Tiene a nuestra ave nacional, el torogoz, y en sí todo el diseño que tiene este DUI ha sido reconocido internacionalmente», añadió.
También explicó que una de las modificaciones más innovadoras aplicadas a la nueva tarjeta del DUI es la flexibilidad, pues a diferencia de los modelos anteriores, la actual no se quiebra con facilidad.
«La materia prima es de policarbonato. Esta materia, además de ser amigable con nuestro medioambiente, la hace más resistente, más durable. Es más, cuando todos nuestros ciudadanos ya tengan la nueva tarjeta del DUI podrán doblarla y verificar que esta tarjeta no se rompe», dijo.
Una de las curiosidades que muchos ciudadanos han tenido, según Velasco, es que en los nuevos DUI emitidos en El Salvador ya no se lee la dirección domiciliar de los usuarios, solamente tiene consignados el municipio y el departamento en los que reside.
Para Velasco, esto constituye una de las medidas de seguridad más significativas de los nuevos diseños y se ha aplicado únicamente para los DUI de los salvadoreños que viven en el país.
«Si bien es cierto que ahora estamos en un país muchísimo más seguro, esto se pensó como una medida de seguridad para el ciudadano. Sabemos que antes, en las comunidades, les pedían su DUI y era un problema si las personas no pertenecían a una de esas comunidades dominadas por uno de los grupos delictivos. Obviamente al ciudadano sí se le captura toda la información, la cual es resguardada en la base de datos del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), pero en el DUI nacional no tiene la dirección», explicó.
Los DUI que se imprimen en el exterior, aunque conservan todas las medidas de seguridad nuevas, sí tienen en el reverso la ciudad y la dirección exacta de los connacionales.
«Es porque el DUI en el exterior, específicamente en Estados Unidos, ya viene siendo un documento reconocido por varias de las ciudades como un segundo documento de identificación», añadió.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
