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Más de 11,200 multas se han impuesto al sector transporte desde la reapertura económica en el país
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene una vigilancia permanente a través del Viceministerio de Transporte (VMT) y la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) en las operaciones del sector para garantizar el cumplimiento de la ley. Producto de esta vigilancia, desde agosto que se dio la reapertura económica a la fecha, las autoridades de tránsito han aplicado más de 11,200 multas al rubro de transporte.
Las infracciones impuestas han sido por diferentes causales como la saturación de las unidades, la no portación de los documentos en regla de los conductores o incongruencias en los documentos y la unidad.
“Vamos a continuar garantizando que las operaciones del transporte se de en las mejores condiciones para la gente”, sostuvo el titular del Viceministerio de Transporte.
El Gobierno busca mejorar el sistema de transporte colectivo para beneficio de la población salvadoreña y desde el VMT se le está apostando a varios proyectos de modernización. Además, la institución trabaja en la elaboración de un pliego de reformas a la ley para presentarlas cuando asuma la nueva legislatura.
“Con la entrada de la nueva Asamblea Legislativa estamos muy optimistas y quisiéramos ser de las primeras entidades de Gobierno en decirle a la nueva Asamblea que aquí esta nuestro grupo de reformas para que sean analizadas y se tome una decisión”, dijo el funcionario.
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Estas reformas incluyen una revisión de los montos de las multas, un mejor control de las unidades de transporte y otras leyes dirigidas a mejorar detectar el transporte ilegal, que ha sido una de las quejas permanentes del sector. También se estudia una reforma que busca reducir la velocidad de circulación en ciertas zonas de la capital para disminuir la cantidad de accidentes.
El Viceministerio sigue trabajando también en la formación de los motoristas del transporte colectivo. Otro de los proyectos que ha venido avanzando es el tema del control de las unidades por medio de la instalación de los GPS.
“En la medida que podamos tener un mayor control de la operación en general vamos a poder sugerirle al sector modificaciones que al final redunden con un mejor servicio para la gente”, indicó.
De acuerdo con la institución, alrededor del 70 % de la población se moviliza en el transporte público. Por tal motivo, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele realiza un trabajo permanente para garantizar que las empresas ofrezcan un servicio de calidad, digno y seguro a los salvadoreños.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
