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Judicial

Juez condena a profesor que abusó de una alumna y la dejó embarazada en Ahuachapán

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El profesor Rafael Francisco García Alfaro, de 46 años de edad, fue condenado a 10 años de prisión luego de ser declarado culpable por el delito de violación, en perjuicio de una adolescente que contaba con 17 años de edad al momento de cometido el hecho.

El expediente detalla que en Vista Pública realizada el 29 de noviembre de 2018, fue absuelto el profesor Rafael Francisco García Alfaro, motivo por el cual la representación fiscal interpuso recurso de apelación el 8 de enero de 2019, resolviendo la Cámara de la Tercera Sección de Occidente revocar el fallo de sentencia absolutoria, el 24 de marzo de 2019, la cual fue notificada a representación fiscal el día 03 de abril de 2019.

La relación de los hechos detalla que el profesor García Alfaro, fue detenido en cumplimiento de una Orden Administrativa de detención dictada en su contra, por la Fiscalía General de la República, con base a los hechos que sucedieron en el mes de septiembre del año 2016, a eso de las 3:00 de la tarde, en perjuicio de la víctima quien era de 17 años al momento de los hechos, la cual se encontraba sola, en el aula donde recibía clases, de su Centro Escolar, en el departamento de Ahuachapán.

Dentro de su declaración la víctima manifiesta, que ella se encontraba leyendo una obra, cuando de pronto, cuando el profesor García Alfaro, la llamó para el aula donde él estaba, es decir en frente, por lo que ella como alumna le hizo caso porque pensó que él necesitaba un favor, pero cuando ella se acercó este la tomó por la fuerza y cometió el hecho, luego el imputado la soltó y huye del lugar, y no le contó a nadie lo sucedido, por temor, ya que se sentía muy mal y producto del abuso quedó embarazada.

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Más de 400 pandilleros condenados por homicidios y extorsiones en El Salvador

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Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.

Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.

Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.

En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.

En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.

Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.

Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.

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Procesan a mujer por amenazas contra dos personas protegidas en Soyapango

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El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.

Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.

Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.

El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.

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Exdirectivos de Argoz enfrentan nuevo proceso penal por estafa agravada

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.

Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.

De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.

Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.

El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.

La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.

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