Judicial
ÚLTIMA HORA: Ana Ligia de Saca confesaría delito de lavado a cambio de condena de tres años sin prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta mañana ante el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador que el fiscal general, Raúl Melara, autorizó el procedimiento abreviado (confesión de delitos para reducir condena) para la ex primera dama Ana Ligia Mixco de Saca, procesada por lavado de dinero, por una condena de tres años de utilidad pública, sin prisión.
La ex primera dama está dispuesta a confesar el delito de lavado de dinero a cambio de una condena de tres años de utilidad pública, sin prisión.
En enero pasado, la Fiscalía aseguró que había negado el procedimiento abreviado a la ex primera dama porque la defensa buscaba que no ingresara a prisión. El fiscal del caso dijo en esa ocasión que su postura era una pena de cinco años de carcel. La defensa de la ex primera dama respondió que no estaban dispuestos a un acuerdo que involucrara prisión.
Según lo declarado esta mañana ante el Juzgado Séptimo de Instrucción, la Fiscalía accedió a la petición de Ana Liga de Saca y aceptó la confesión del delito de lavado de dinero por una condena de tres años de utilidad pública, sin que ingrese a prisión.
La Fiscalía acusa a Ana Ligia de Saca de ser parte de una red que ayudó a lavar $22 millones a su esposo, el ex presidente Antonio Saca, durante el período que estuvo al frente del Gobierno. Saca fue condenado el año pasado a 10 años de cárcel tras confesar que malversón $301 millones de fondos públicos.
El juez Miguel Ángel García, a petición de un abogado defensor, decidió esta mañana suspender la audiencia preliminar para que las partes presenten la solicitud del proceso abreviado por la tarde y que la ex primera dama confiese el delito hoy.
Flores Durel confirmó a las afueras de la sala de audiencia que en el acuerdo solo existe una diferencia con Fiscalía en la parte de responsabilidad civil, puesto que la FGR busca que Mixco de Saca cancele una cantidad en concepto de responsabilidad civil, pero la defensa no está de acuerdo.
Las dos partes explicaron ante el juez García que la ex primera dama ya confesó el delito de manera extrajudicial frente a la Fiscalía y esta tarde ratificará su culpabilidad frente al juez instructor.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
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Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















