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Testigos de un homicidio cambiaron de residencia en varias ocasiones cuando eran solicitados en tribunales y ahora varios pandilleros quedaron en libertad

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El Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador desarrolló hoy una audiencia preliminar contra 28 imputados, acusados por agrupaciones ilícitas y dos casos de homicidios agravados; sin embargo y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la administradora de justicia sobreseyó provisionalmente a varios. 

La petición de la FGR obedece a que se programó tres veces los reconocimientos en rueda de personas y fotografías, pero los testigos cambiaron de residencia y no se pudieron ubicar para que colaboraran en el caso. Por lo tanto, la jueza los dejó libres de cargos provisionalmente; no obstante el ente investigador del Estado puede reabrir el proceso en el lapso de un año. 

Los que pasaron a juicio son: Elmer Ernesto Ancheta, Arlette Liliana Torres Domínguez y Ángel Ernesto Vásquez Méndez acusados por el homicidio agravado en perjuicio  Carlos Alfredo Quintanilla Chacón, hecho ocurrido el 5 de mayo de 2018. Según declaró un testigo llegaron a la casa del ahora occiso, ubicada en la comunidad Las Palmas, cercana al Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) y apareció muerto sobre la carretera hacia Comalapa, cerca de la entrada a Olocuilta. Pero, la suscrita cambió la tipificación del ilícito y lo pasó a proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; ya que el testigo jamás mencionó quién le disparó a la víctima. 

Aparentemente estas personas llegaron a la residencia del ofendido vestidos con trajes negros que simulaban ser de la Policía Nacional Civil (PNC). 

De igual forma, envió a juicio al imputado: Ever Manuel Martínez Aparicio, acusados en un inicio por el homicidio agravado en René Alexander Salinas Rivera, a quien mataron adentro de un taller, ubicado en la referida comunidad, el 19 de enero del año pasado. El ilícito sufrió una modificación y pasó a ser proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, ya que no existe mayor relación de una supuesta participación en el crimen. 

Agentes de la PNC les aprehendieron a finales de 2018 en la mencionada comunidad luego de varias investigaciones. En inicio se trataba de 28 imputados, pero solo cuatro pasaron a juicio, debido a la petición de la Fiscalía.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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