Judicial
Testigos de un homicidio cambiaron de residencia en varias ocasiones cuando eran solicitados en tribunales y ahora varios pandilleros quedaron en libertad
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador desarrolló hoy una audiencia preliminar contra 28 imputados, acusados por agrupaciones ilícitas y dos casos de homicidios agravados; sin embargo y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la administradora de justicia sobreseyó provisionalmente a varios.
La petición de la FGR obedece a que se programó tres veces los reconocimientos en rueda de personas y fotografías, pero los testigos cambiaron de residencia y no se pudieron ubicar para que colaboraran en el caso. Por lo tanto, la jueza los dejó libres de cargos provisionalmente; no obstante el ente investigador del Estado puede reabrir el proceso en el lapso de un año.
Los que pasaron a juicio son: Elmer Ernesto Ancheta, Arlette Liliana Torres Domínguez y Ángel Ernesto Vásquez Méndez acusados por el homicidio agravado en perjuicio Carlos Alfredo Quintanilla Chacón, hecho ocurrido el 5 de mayo de 2018. Según declaró un testigo llegaron a la casa del ahora occiso, ubicada en la comunidad Las Palmas, cercana al Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) y apareció muerto sobre la carretera hacia Comalapa, cerca de la entrada a Olocuilta. Pero, la suscrita cambió la tipificación del ilícito y lo pasó a proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; ya que el testigo jamás mencionó quién le disparó a la víctima.
Aparentemente estas personas llegaron a la residencia del ofendido vestidos con trajes negros que simulaban ser de la Policía Nacional Civil (PNC).
De igual forma, envió a juicio al imputado: Ever Manuel Martínez Aparicio, acusados en un inicio por el homicidio agravado en René Alexander Salinas Rivera, a quien mataron adentro de un taller, ubicado en la referida comunidad, el 19 de enero del año pasado. El ilícito sufrió una modificación y pasó a ser proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, ya que no existe mayor relación de una supuesta participación en el crimen.
Agentes de la PNC les aprehendieron a finales de 2018 en la mencionada comunidad luego de varias investigaciones. En inicio se trataba de 28 imputados, pero solo cuatro pasaron a juicio, debido a la petición de la Fiscalía.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
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«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
Marlon Antonio Ramírez Arias fue condenado a seis años de cárcel tras ser detenido el 7 de junio de 2023 en los alrededores de la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, portando una mochila con marihuana y cocaína.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena al encontrarlo culpable de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un patrullaje rutinario que realizaban en la zona.
En el acta de captura, los policías consignaron que, al observarlo actuar de forma sospechosa y nerviosa, le ordenaron que se detuviera para registrarlo.
Al momento de la intervención, le abrieron la mochila que portaba y le encontraron 30.5 gramos de marihuana y 0.4 gramos de cocaína, droga valuada en $50. También le incautaron bolsas plásticas y una balanza.
El condenado cumplirá su pena en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Además, enfrenta otro proceso penal en un juzgado por delitos adicionales.
