Judicial
Testigos de un homicidio cambiaron de residencia en varias ocasiones cuando eran solicitados en tribunales y ahora varios pandilleros quedaron en libertad
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador desarrolló hoy una audiencia preliminar contra 28 imputados, acusados por agrupaciones ilícitas y dos casos de homicidios agravados; sin embargo y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la administradora de justicia sobreseyó provisionalmente a varios.
La petición de la FGR obedece a que se programó tres veces los reconocimientos en rueda de personas y fotografías, pero los testigos cambiaron de residencia y no se pudieron ubicar para que colaboraran en el caso. Por lo tanto, la jueza los dejó libres de cargos provisionalmente; no obstante el ente investigador del Estado puede reabrir el proceso en el lapso de un año.
Los que pasaron a juicio son: Elmer Ernesto Ancheta, Arlette Liliana Torres Domínguez y Ángel Ernesto Vásquez Méndez acusados por el homicidio agravado en perjuicio Carlos Alfredo Quintanilla Chacón, hecho ocurrido el 5 de mayo de 2018. Según declaró un testigo llegaron a la casa del ahora occiso, ubicada en la comunidad Las Palmas, cercana al Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) y apareció muerto sobre la carretera hacia Comalapa, cerca de la entrada a Olocuilta. Pero, la suscrita cambió la tipificación del ilícito y lo pasó a proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; ya que el testigo jamás mencionó quién le disparó a la víctima.
Aparentemente estas personas llegaron a la residencia del ofendido vestidos con trajes negros que simulaban ser de la Policía Nacional Civil (PNC).
De igual forma, envió a juicio al imputado: Ever Manuel Martínez Aparicio, acusados en un inicio por el homicidio agravado en René Alexander Salinas Rivera, a quien mataron adentro de un taller, ubicado en la referida comunidad, el 19 de enero del año pasado. El ilícito sufrió una modificación y pasó a ser proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, ya que no existe mayor relación de una supuesta participación en el crimen.
Agentes de la PNC les aprehendieron a finales de 2018 en la mencionada comunidad luego de varias investigaciones. En inicio se trataba de 28 imputados, pero solo cuatro pasaron a juicio, debido a la petición de la Fiscalía.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
