Judicial
Terrorista sentenciado a 26 años de cárcel por crimen de agente PNC ocurrido en Ahuachapán
Nuevamente, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana, fue contundente al declarar culpable a otro terrorista de la “Mara Salvatrucha”, a quien la Fiscalía Antipandillas, le comprobó participación en el crimen de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en el año 2016, en el departamento de Ahuachapán.
El proceso de investigación se refiere al homicidio del policía Luis Alonso Trujillo Torres, por cuya acción, esta vez fue llevado al banquillo de los acusados el imputado Brando Alexis Mendoza Herrera, alias “Brandon”. El delincuente está perfilado como parte de la “MS-13”, de la “Clica ACLS, ahuachapanecos criminales”.
La prueba de tipo pericial, documental y principalmente la testimonial, esta última fue a cargo del testigo con clave “Carlos”, quien de manera clara relató en juicio la actuación del implicado. Es así como el delincuente fue ubicado en tiempo y lugar durante la escena.
Todo lo expuesto por el Fiscal Antipandillas, fue validado por el Tribunal, el cual al final declaró culpable a Mendoza Herrera, por lo que el Juzgador le impuso la pena de 26 años y 8 meses en prisión.
De acuerdo a las investigaciones, el 7 de noviembre de 2016, al menos 10 sujetos planificaron y participaron en el asesinato del miembro de la Corporación policial, a quien le privaron de la vida utilizando armas de fuego y cortantes. La escena del crimen fue ubicada en la Calle Principal, que conduce a la Cooperativa San Cayetano, Caserío San José, Cantón Llano La Laguna, departamento de Ahuachapán.
A la fecha, ya han recibido condenas otros delincuentes de la misma estructura, entre los que figura un menor con el alias “Chimbombín”, quien cumple 15 años de internamiento; así también, uno de los participantes murió al atacar a agentes de la PNC cuando trataban de capturarlo y otros que aún esperan enfrentar la vista pública.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
