Judicial
Terrorista sentenciado a 26 años de cárcel por crimen de agente PNC ocurrido en Ahuachapán
Nuevamente, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana, fue contundente al declarar culpable a otro terrorista de la “Mara Salvatrucha”, a quien la Fiscalía Antipandillas, le comprobó participación en el crimen de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en el año 2016, en el departamento de Ahuachapán.
El proceso de investigación se refiere al homicidio del policía Luis Alonso Trujillo Torres, por cuya acción, esta vez fue llevado al banquillo de los acusados el imputado Brando Alexis Mendoza Herrera, alias “Brandon”. El delincuente está perfilado como parte de la “MS-13”, de la “Clica ACLS, ahuachapanecos criminales”.
La prueba de tipo pericial, documental y principalmente la testimonial, esta última fue a cargo del testigo con clave “Carlos”, quien de manera clara relató en juicio la actuación del implicado. Es así como el delincuente fue ubicado en tiempo y lugar durante la escena.
Todo lo expuesto por el Fiscal Antipandillas, fue validado por el Tribunal, el cual al final declaró culpable a Mendoza Herrera, por lo que el Juzgador le impuso la pena de 26 años y 8 meses en prisión.
De acuerdo a las investigaciones, el 7 de noviembre de 2016, al menos 10 sujetos planificaron y participaron en el asesinato del miembro de la Corporación policial, a quien le privaron de la vida utilizando armas de fuego y cortantes. La escena del crimen fue ubicada en la Calle Principal, que conduce a la Cooperativa San Cayetano, Caserío San José, Cantón Llano La Laguna, departamento de Ahuachapán.
A la fecha, ya han recibido condenas otros delincuentes de la misma estructura, entre los que figura un menor con el alias “Chimbombín”, quien cumple 15 años de internamiento; así también, uno de los participantes murió al atacar a agentes de la PNC cuando trataban de capturarlo y otros que aún esperan enfrentar la vista pública.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
