Judicial
Terrorista sentenciado a 26 años de cárcel por crimen de agente PNC ocurrido en Ahuachapán
Nuevamente, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana, fue contundente al declarar culpable a otro terrorista de la “Mara Salvatrucha”, a quien la Fiscalía Antipandillas, le comprobó participación en el crimen de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en el año 2016, en el departamento de Ahuachapán.
El proceso de investigación se refiere al homicidio del policía Luis Alonso Trujillo Torres, por cuya acción, esta vez fue llevado al banquillo de los acusados el imputado Brando Alexis Mendoza Herrera, alias “Brandon”. El delincuente está perfilado como parte de la “MS-13”, de la “Clica ACLS, ahuachapanecos criminales”.
La prueba de tipo pericial, documental y principalmente la testimonial, esta última fue a cargo del testigo con clave “Carlos”, quien de manera clara relató en juicio la actuación del implicado. Es así como el delincuente fue ubicado en tiempo y lugar durante la escena.
Todo lo expuesto por el Fiscal Antipandillas, fue validado por el Tribunal, el cual al final declaró culpable a Mendoza Herrera, por lo que el Juzgador le impuso la pena de 26 años y 8 meses en prisión.
De acuerdo a las investigaciones, el 7 de noviembre de 2016, al menos 10 sujetos planificaron y participaron en el asesinato del miembro de la Corporación policial, a quien le privaron de la vida utilizando armas de fuego y cortantes. La escena del crimen fue ubicada en la Calle Principal, que conduce a la Cooperativa San Cayetano, Caserío San José, Cantón Llano La Laguna, departamento de Ahuachapán.
A la fecha, ya han recibido condenas otros delincuentes de la misma estructura, entre los que figura un menor con el alias “Chimbombín”, quien cumple 15 años de internamiento; así también, uno de los participantes murió al atacar a agentes de la PNC cuando trataban de capturarlo y otros que aún esperan enfrentar la vista pública.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
