Judicial
Sujetos acusados de quitarle la vida a dos repartidores de comida rápida son enviados a juicio
Pandilleros acusados de la desaparición y asesinato de Diego Miguel de León Sibrián y Wilmer Vladimir Escalante, dos repartidores de comida rápida, fueron enviados a juicio.
Los imputados fueron perfilados como miembros activos de la pandilla Barrio 18, y operaban en el sector de la Residencial Nuevo Lourdes, en el municipio de Colón, departamento de La Libertad. El crimen se cometió en ese lugar en el año 2020.
Luis Eduardo Cruz, Raúl Erasmo Alfaro Pérez, Fernando Antonio Guillén, Sergio Alcides Reyes y Robin Antonio Bonilla enfrentarán el juicio por la desaparición y posterior asesinato de dos trabajadores de una empresa de comida rápida.
Durante la segunda audiencia, el fiscal del caso aportó suficientes elementos probatorios al Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, entre documentos, pericias y el testimonio de un testigo criteriado, que establecen que los acusados fueron los encargados de llevar a Diego y Wilmer hasta una cancha de baloncesto ubicada en la zona de donde los desaparecieron el 27 de noviembre de 2020, y cuyos cuerpos fueron ubicados y exhumados el 22 de enero de 2021, en medio de unos cafetales en la zona rural.
Cabe destacar que dos imputados más -quienes fueron detenidos durante el régimen de excepción- enfrentarán aparte audiencia preliminar.
El caso denominado “China Wok” cobró mucha connotación en su momento por la forma en que las víctimas fueron desaparecidas y asesinadas, pues se trataba de dos jóvenes a quienes se les truncó su futuro por el simple hecho de no aceptar ser parte de esos grupos delincuenciales que operaban en la zona en mención.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
