Judicial
Sujetos acusados de quitarle la vida a dos repartidores de comida rápida son enviados a juicio
Pandilleros acusados de la desaparición y asesinato de Diego Miguel de León Sibrián y Wilmer Vladimir Escalante, dos repartidores de comida rápida, fueron enviados a juicio.
Los imputados fueron perfilados como miembros activos de la pandilla Barrio 18, y operaban en el sector de la Residencial Nuevo Lourdes, en el municipio de Colón, departamento de La Libertad. El crimen se cometió en ese lugar en el año 2020.
Luis Eduardo Cruz, Raúl Erasmo Alfaro Pérez, Fernando Antonio Guillén, Sergio Alcides Reyes y Robin Antonio Bonilla enfrentarán el juicio por la desaparición y posterior asesinato de dos trabajadores de una empresa de comida rápida.
Durante la segunda audiencia, el fiscal del caso aportó suficientes elementos probatorios al Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, entre documentos, pericias y el testimonio de un testigo criteriado, que establecen que los acusados fueron los encargados de llevar a Diego y Wilmer hasta una cancha de baloncesto ubicada en la zona de donde los desaparecieron el 27 de noviembre de 2020, y cuyos cuerpos fueron ubicados y exhumados el 22 de enero de 2021, en medio de unos cafetales en la zona rural.
Cabe destacar que dos imputados más -quienes fueron detenidos durante el régimen de excepción- enfrentarán aparte audiencia preliminar.
El caso denominado “China Wok” cobró mucha connotación en su momento por la forma en que las víctimas fueron desaparecidas y asesinadas, pues se trataba de dos jóvenes a quienes se les truncó su futuro por el simple hecho de no aceptar ser parte de esos grupos delincuenciales que operaban en la zona en mención.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
