Judicial
Sujeto que violó a una joven con discapacidad mental fue condenado a 14 años de cárcel en Chalatenango
Omar Guerra deberá cumplir una pena de 14 años de prisión, luego que Fiscalía lograra establecer su participación en el delito de Violación en perjuicio de una joven de 21 años, con discapacidad mental.
El hecho ocurrió el 9 de septiembre de 2020, en el municipio de La Laguna, del departamento de Chalatenango; explicó el jefe de la oficina Fiscal de esta jurisdicción, Andrés Amaya.
La Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y la Adolescencia de la oficina de Chalatenango dio a conocer que el imputado fue llevado ante el Juzgado de Sentencia de Chalatenango, el 28 de mayo del presente año, donde fue declarado culpable y condenado a 14 años de prisión por el delito de Violación en Menor e Incapaz.
El hecho se dio a conocer mediante la detención en flagrancia de Omar Guerra, el 9 de septiembre de 2020, en el municipio de La Laguna.
La madre de la víctima se había ido a trabajar y Omar Guerra aprovechó esa oportunidad para ingresar a la vivienda y abusar sexualmente de la joven. Una vecina que por cercanía a la familia pasa pendiente del cuidado de la joven observó que el sujeto entró por una de las ventanas de la casa, e inmediatamente fue a llamar a otras vecinas para ir a ver lo que sucedía.
Al entrar a la vivienda encontraron al sujeto abusando sexualmente de la joven, inmediatamente le comenzaron a gritar al imputado quien al verlas salió huyendo por la misma ventana que había entrado.
Las señoras dieron aviso a la policía quienes procedieron a buscarlo dando con su paradero y así lograr su captura.
Es de mencionar que la víctima tiene 21 años cronológica, pero tiene un retardo mental moderado lo que significa una edad mental de una niña entre 6 a 9 años.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
