Judicial
Sujeto que le quitó la vida a su familia por una herencia pasará 180 años tras las rejas
Con suficientes pruebas, la Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar que Luis Eduardo Mejía Mencía asesinó con lujo de barbarie a su padre, hermano, abuela y madrastra, con el fin de cobrar una herencia.
Por el crimen cometido en el municipio de Ayutuxtepeque, a Eduardo se le impuso una condena de cárcel de 180 años.
La resolución establece la pena de 50 años de prisión por cada uno de sus familiares con el mismo grado de consanguinidad, es decir, su abuela materna Berta Marina Miranda de Mejía, su padre Oscar Eduardo Mirada Mejía, su hermano Oscar José Miranda Mencía y 30 años por el homicidio de la señora Berta del Socorro Santos de Mejía, madrastra.
De acuerdo a las evidencias, el motivo de los asesinatos fue económico, y pese a no residir con su núcleo familiar recibía apoyo económico para su sobrevivencia.
“Era una persona que no laboraba, pero siempre pasaba pidiéndoles dinero e inventaba coartadas para conseguirlo, como ejemplo que era objeto continuo de amenaza por parte de pandilleros extorsionistas, quienes le exigían grandes cantidades dinero a cambio de no atentar contra él ni contra sus familiares, algo que era totalmente falso”, mencionó la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos de Homicidio.
Al enterarse de sus oscuros pasos y de las perversas intenciones que siempre tuvo, sus familiares decidieron darle la espalda y evitar seguir apoyándolo, lo cual enfureció al imputado y en la fecha del 18 de marzo decidió quedarse cerca de la vivienda y por la noche ingresó a la misma para cometer el cuádruple homicidio con un arma corto punzante.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
