Judicial
Sujeto que le quitó la vida a su familia por una herencia pasará 180 años tras las rejas

Con suficientes pruebas, la Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar que Luis Eduardo Mejía Mencía asesinó con lujo de barbarie a su padre, hermano, abuela y madrastra, con el fin de cobrar una herencia.
Por el crimen cometido en el municipio de Ayutuxtepeque, a Eduardo se le impuso una condena de cárcel de 180 años.
La resolución establece la pena de 50 años de prisión por cada uno de sus familiares con el mismo grado de consanguinidad, es decir, su abuela materna Berta Marina Miranda de Mejía, su padre Oscar Eduardo Mirada Mejía, su hermano Oscar José Miranda Mencía y 30 años por el homicidio de la señora Berta del Socorro Santos de Mejía, madrastra.
De acuerdo a las evidencias, el motivo de los asesinatos fue económico, y pese a no residir con su núcleo familiar recibía apoyo económico para su sobrevivencia.
“Era una persona que no laboraba, pero siempre pasaba pidiéndoles dinero e inventaba coartadas para conseguirlo, como ejemplo que era objeto continuo de amenaza por parte de pandilleros extorsionistas, quienes le exigían grandes cantidades dinero a cambio de no atentar contra él ni contra sus familiares, algo que era totalmente falso”, mencionó la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos de Homicidio.
Al enterarse de sus oscuros pasos y de las perversas intenciones que siempre tuvo, sus familiares decidieron darle la espalda y evitar seguir apoyándolo, lo cual enfureció al imputado y en la fecha del 18 de marzo decidió quedarse cerca de la vivienda y por la noche ingresó a la misma para cometer el cuádruple homicidio con un arma corto punzante.

Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Judicial
Abusadores de menor reciben 32 y 20 años de cárcel; madre permitió los ataques

La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
Continúa juicio contra Muyshondt y otros exfuncionarios

Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.