Judicial
Sujeto que le quitó la vida a su familia por una herencia pasará 180 años tras las rejas
Con suficientes pruebas, la Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar que Luis Eduardo Mejía Mencía asesinó con lujo de barbarie a su padre, hermano, abuela y madrastra, con el fin de cobrar una herencia.
Por el crimen cometido en el municipio de Ayutuxtepeque, a Eduardo se le impuso una condena de cárcel de 180 años.
La resolución establece la pena de 50 años de prisión por cada uno de sus familiares con el mismo grado de consanguinidad, es decir, su abuela materna Berta Marina Miranda de Mejía, su padre Oscar Eduardo Mirada Mejía, su hermano Oscar José Miranda Mencía y 30 años por el homicidio de la señora Berta del Socorro Santos de Mejía, madrastra.
De acuerdo a las evidencias, el motivo de los asesinatos fue económico, y pese a no residir con su núcleo familiar recibía apoyo económico para su sobrevivencia.
“Era una persona que no laboraba, pero siempre pasaba pidiéndoles dinero e inventaba coartadas para conseguirlo, como ejemplo que era objeto continuo de amenaza por parte de pandilleros extorsionistas, quienes le exigían grandes cantidades dinero a cambio de no atentar contra él ni contra sus familiares, algo que era totalmente falso”, mencionó la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos de Homicidio.
Al enterarse de sus oscuros pasos y de las perversas intenciones que siempre tuvo, sus familiares decidieron darle la espalda y evitar seguir apoyándolo, lo cual enfureció al imputado y en la fecha del 18 de marzo decidió quedarse cerca de la vivienda y por la noche ingresó a la misma para cometer el cuádruple homicidio con un arma corto punzante.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
