Judicial
Sujeto fue condenado a 60 años de prisión por asesinar a un agente de la PNC
La Fiscalía General de la República dio a conocer el fallo condenatorio emitido en Santa Ana, en contra de un miembro de estructura, quien fue declarado culpable de causarle la muerte a un agente de la Policía Nacional Civil y tratar de causarle la muerte a un segundo policía. Por ambos hechos pagará con 60 años en prisión.
La Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio dio a conocer que el proceso se aperturó en contra de Carlos Alfredo Chinchilla Torres.
El juicio fue instalado por el Tribunal Segundo de Sentencia Santa Ana, ante el cual se le procesó por los delitos de Homicidio Agravado en perjuicio del agente José Dolores Romero y Homicidio Agravado Imperfecto en contra de la otra víctima.
El Tribunal dio por válida la investigación fiscal junto a la prueba de cargo ofrecida por la FGR, por lo que al final emitió el fallo condenatorio.
Quedó plenamente demostrado que el 9 de junio del año 2019 en un área rural del municipio de Chalchuapa, varios delincuentes portando armas de fuego atacaron el carro patrulla en el que se conducían.
Luego de encontrarlo culpable, el Tribunal determinó que, por el crimen de Chinchilla Torres, cumplirá 40 años en prisión y le sumó 20 años por el intento de muerte de la otra víctima.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
