Judicial
Sujeto es sentenciado a 30 años de cárcel por abusar de dos mujeres, una de ellas terminó en el hospital

A 30 años fue condenado un hombre por violar a mujer de 36 años y a una menor de 14 años en el departamento de Santa Ana. Una de las víctimas fue golpeada por el sujeto al negarse a ser abusada y tuvo que ser ingresada a un hospital.
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana realizó la vista pública y condenó a Luis R., de 42 años por los delitos de violación en modalidad de delito continuado y violación en menor e incapaz.
En el caso de la mujer adulta, el juez le impuso a Luis una condena de 10 años, mientras que por la menor de edad fue condenado a 20 años de prisión.
Según el tribunal, el sujeto era procesado por amenazas y lesiones, pero fue absuelto de ambos delitos de responsabilidad civil y penal y debido a ello fue cesado de la detención provisional, no obstante guardará prisión por las condenas impuestas por las dos violaciones.
Las investigaciones detallan que los hechos ocurrieron en el 2018 en una zona rural de Santa Ana cuando el imputados buscaba a las dos víctimas para acosarlas y después violarlas.
El hombre las violaba de manera separada y en reiteradas oportunidades, además las amenazaba y golpeaba si no accedían a sus deseos.
La fuente judicial que brindó la información no detalló si las víctimas eran madre e hija.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
Judicial
Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.