Judicial
Secuestradores de madre e hija son condenados a más de 80 años en prisión
Un hombre y una mujer, identificados como Set Mauricio Muñoz Sorto y Karen Lisseth Beltrán Velásquez, fueron encontrados culpables por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla del delito de secuestro en perjuicio de las víctimas “Violeta” y “Dalia”, por lo que fueron condenados a 82 años con 4 meses y 4 años de cárcel, respectivamente.
El juez que conoció el caso estableció que hay elementos suficientes para emitir un fallo condenatorio contra los dos implicados en el secuestro de “Dalia” y “Violeta”, esta última desaparecida hasta hoy.
Set Mauricio fue sentenciado a 3 años por el delito de tenencia y portación de arma de fuego, 5 años y 4 meses por el delito de privación de libertad, 14 años por dos robos a las dos víctimas, y 60 años por el secuestro. Por su parte, Karen Lisseth, fue condenada a 4 por privación de libertad.
Según los reportes, ambos procesados privaron de libertad el 25 de enero del 2021, en el Cantón Primavera de Quezaltepeque, La Libertad.
Dos días después de la desaparición de ambas víctimas (madre e hija), una mujer llamó a clave “Clavel” madre y abuela de las víctimas, a quien le exigieron $15,000 dólares a cambio de entregar con vida a “Violeta” y “Dalia”.
Uno de los policías investigadores asignados al caso, relató ante el juez durante el juicio que duró 3 días, que ese día la víctima clave “Clavel” recibió tres llamadas en la que le dijeron que primero entregarían a “Dalia” en Metro Centro, la segunda llamada que en el Parque Infantil y la tercera finalmente en la Panadería “El Rosario”, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo Segundo.
En ese lugar rescataron a “Dalia” quien relató a los policías que “Una mujer vestida de pantalón negro y blusa roja” la había ido a dejar a ese lugar, de inmediato se realizó un operativo de búsqueda pero no fue localizada en ese momento.Ese mismo día, clave “Clavel” recibió otra llamada en la que pedían $15,000 dólares por la libertad de la víctima “Violeta” y tras una negociación se hizo la entrega del dinero; sin embargo, la víctima no apareció.
Tras una negociación, víctima “Clavel” llegó a un acuerdo con los secuestradores de recibir $3,000 dólares a cambio de la libertad de “Violeta”, el 21 de enero de ese mismo año, y a pesar de que se hizo la entrega del dinero por el rescate, la víctima aún no aparece.
Por este mismo caso también está involucrada una menor de edad que fue procesada y condenada en un tribunal de menores de Santa Tecla, ya que fue la responsable de negociar con la víctima para el pago del rescate de “Dalia” y “Violeta”.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
