Judicial
Secuestradores de madre e hija son condenados a más de 80 años en prisión
Un hombre y una mujer, identificados como Set Mauricio Muñoz Sorto y Karen Lisseth Beltrán Velásquez, fueron encontrados culpables por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla del delito de secuestro en perjuicio de las víctimas “Violeta” y “Dalia”, por lo que fueron condenados a 82 años con 4 meses y 4 años de cárcel, respectivamente.
El juez que conoció el caso estableció que hay elementos suficientes para emitir un fallo condenatorio contra los dos implicados en el secuestro de “Dalia” y “Violeta”, esta última desaparecida hasta hoy.
Set Mauricio fue sentenciado a 3 años por el delito de tenencia y portación de arma de fuego, 5 años y 4 meses por el delito de privación de libertad, 14 años por dos robos a las dos víctimas, y 60 años por el secuestro. Por su parte, Karen Lisseth, fue condenada a 4 por privación de libertad.
Según los reportes, ambos procesados privaron de libertad el 25 de enero del 2021, en el Cantón Primavera de Quezaltepeque, La Libertad.
Dos días después de la desaparición de ambas víctimas (madre e hija), una mujer llamó a clave “Clavel” madre y abuela de las víctimas, a quien le exigieron $15,000 dólares a cambio de entregar con vida a “Violeta” y “Dalia”.
Uno de los policías investigadores asignados al caso, relató ante el juez durante el juicio que duró 3 días, que ese día la víctima clave “Clavel” recibió tres llamadas en la que le dijeron que primero entregarían a “Dalia” en Metro Centro, la segunda llamada que en el Parque Infantil y la tercera finalmente en la Panadería “El Rosario”, ubicada sobre la Alameda Juan Pablo Segundo.
En ese lugar rescataron a “Dalia” quien relató a los policías que “Una mujer vestida de pantalón negro y blusa roja” la había ido a dejar a ese lugar, de inmediato se realizó un operativo de búsqueda pero no fue localizada en ese momento.Ese mismo día, clave “Clavel” recibió otra llamada en la que pedían $15,000 dólares por la libertad de la víctima “Violeta” y tras una negociación se hizo la entrega del dinero; sin embargo, la víctima no apareció.
Tras una negociación, víctima “Clavel” llegó a un acuerdo con los secuestradores de recibir $3,000 dólares a cambio de la libertad de “Violeta”, el 21 de enero de ese mismo año, y a pesar de que se hizo la entrega del dinero por el rescate, la víctima aún no aparece.
Por este mismo caso también está involucrada una menor de edad que fue procesada y condenada en un tribunal de menores de Santa Tecla, ya que fue la responsable de negociar con la víctima para el pago del rescate de “Dalia” y “Violeta”.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
