Judicial
Sección de Investigación Judicial de la CSJ admite denuncia contra juez 8° de Instrucción por varios delitos contra empresario Rais
La Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema Justicia (CSJ) admitió una denuncia contra el Juez 8º de Instrucción, Mario Osmín Mira Montes, por una serie de delitos contra el empresario Enrique Rais.
El abogado Rafael Hernán Cortez Saravia acusó al juez Mario Mira Montes de admitir prueba “nula e ilegal” ya que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca contó con la autorización para intervenir los teléfonos cuya propiedad se atribuía a su representando.
Dicha ilegalidad fue incluso reconocida por la fiscal del caso que en un escrito ante la Cámara 1° de lo Penal cuando admitió: “Disculpe señor juez, fue un error de la técnico Ena Maricela Granados Ponce, efectivamente el número (intervenido) no era de enrique rais, era de otra persona”.
Entre las diligencias de investigación contra el juez Mira Montes, se ha solicitado una constancia a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar que el juez tiene investigación abierta en dicha institución. Además, se pide un expediente administrativo al Consejo Nacional de la Judicatura en el que conste auditorias realizadas a dicho juez, afecto de determinar que este ha resulto los otros procesos de forma distinta al tramitado actualmente contra el empresario Enrique Rais.
Los apoderados legales del empresario, han denunciado que se está llevando una persecución contra su definido, así como una serie de irregularidades en el caso, entre ellas la sostiene que el juez Mira Montes fue traído desde el Juzgado de Paz de Soyapango para que conociera este caso en específico.
De acuerdo a la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial de la CSJ, el juez 8° de Instrucción de San Salvador admitió pruebas contaminadas porque la FGR rompió la cadena de custodia, y desarrolla un juicio que tiene como origen anular al señor Enrique Rais para arrebatarle su empresa MIDES y para sacarlo del negocio de la disposición final de la basura.
En la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial se solicitó que se separe del caso al juez Mario Mira Montes por su sesgo a favor de la representación del ministerio público.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
