Judicial
Sección de Investigación Judicial de la CSJ admite denuncia contra juez 8° de Instrucción por varios delitos contra empresario Rais
La Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema Justicia (CSJ) admitió una denuncia contra el Juez 8º de Instrucción, Mario Osmín Mira Montes, por una serie de delitos contra el empresario Enrique Rais.
El abogado Rafael Hernán Cortez Saravia acusó al juez Mario Mira Montes de admitir prueba “nula e ilegal” ya que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca contó con la autorización para intervenir los teléfonos cuya propiedad se atribuía a su representando.
Dicha ilegalidad fue incluso reconocida por la fiscal del caso que en un escrito ante la Cámara 1° de lo Penal cuando admitió: “Disculpe señor juez, fue un error de la técnico Ena Maricela Granados Ponce, efectivamente el número (intervenido) no era de enrique rais, era de otra persona”.
Entre las diligencias de investigación contra el juez Mira Montes, se ha solicitado una constancia a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar que el juez tiene investigación abierta en dicha institución. Además, se pide un expediente administrativo al Consejo Nacional de la Judicatura en el que conste auditorias realizadas a dicho juez, afecto de determinar que este ha resulto los otros procesos de forma distinta al tramitado actualmente contra el empresario Enrique Rais.
Los apoderados legales del empresario, han denunciado que se está llevando una persecución contra su definido, así como una serie de irregularidades en el caso, entre ellas la sostiene que el juez Mira Montes fue traído desde el Juzgado de Paz de Soyapango para que conociera este caso en específico.
De acuerdo a la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial de la CSJ, el juez 8° de Instrucción de San Salvador admitió pruebas contaminadas porque la FGR rompió la cadena de custodia, y desarrolla un juicio que tiene como origen anular al señor Enrique Rais para arrebatarle su empresa MIDES y para sacarlo del negocio de la disposición final de la basura.
En la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial se solicitó que se separe del caso al juez Mario Mira Montes por su sesgo a favor de la representación del ministerio público.
Judicial
Acusados de estafar con paquetes turísticos seguirán en prisión mientras avanza investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que David Antonio Rugamas Leiva, Juan Carlos Henríquez López, Lised Cristina Posada Cuadros, Gregorio Andrés García Echeverry, Jonathan David Torres Builes y Natalia Paniagüa Jaramillo se mantengan en prisión mientras sigue la investigación en su contra por el delito de estafa.
A los imputados se les acusa de promover paquetes vacacionales a través de una falsa agencia de viajes, Trópico Travel. En este nuevo proceso se han registrado las denuncias de 51 víctimas
De acuerdo a la investigación y testimonios de las víctimas, los imputados vendían membresías turísticas con un amplio portafolio de beneficios, logrando que les pagaran con tarjetas de crédito, pero cuando las víctimas querían hacer uso de lo que habían adquirido, no pudieron.
El monto que se reclama en calidad de responsabilidad civil a favor de las víctimas es de $77,042.00 dólares.
La primera audiencia en contra de los imputados se realizó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, el caso pasa a la etapa de instrucción.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, la detención provisional en contra de Gerardo Quijada Orellana, mejor conocido como “Mr. Miyagui”, por el delito de estafa en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con las investigaciones, en abril de 2024, la víctima decidió llevar su vehículo al taller “GQ Racing”, propiedad de Quijada, para realizar una reparación.
Tras hacerle un scáner, le dijeron que la reparación por el cambio de árbol de llaves y cárter tendría un costo de $1,000, a lo que la víctima accedió y canceló.
El día de la entrega del vehículo, la víctima reportó el mismo fallo mecánico, razón por la que volvió a llevar el vehículo al taller, donde Quijada Orellana asumió el costo de la supuesta reparación por problemas en la bomba de gasolina. La víctima pidió que le entregaran la pieza dañada, pero el ahora procesado se negó.
El problema en el vehículo continúo, la víctima decidió llevar su vehículo a otro taller donde le diagnosticaron que el problema era con la caja de velocidades, con un costo de $1,200.
La víctima intentó contactar a Gerardo Quijada Orellana para que asumiera los costos, pero nunca le respondió
A 26 años de prisión fue condenada Flor Arely Molina tras ser hallada culpable de arrebatarle la vida a un pequeño de solo dos años y medio de edad, informó la Fiscalía General de la República (FGR), la tarde del viernes.
La FGR explicó que el menor perdió la vida tras ser golpeado. “Este lamentable hecho ocurrió en noviembre de 2023, en Santa Tecla, La Libertad”, añadieron autoridades.
Según el reporte, Molina era la cuidadora o niñera del menor, y fue valiéndose de esa situación que sucedieron los hechos.
Tras el desfile de pruebas el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso la sentencia ante la contundencia de las mismas. Por su parte, la Fiscalía dijo sentirse satisfecha con la condena.
