Judicial
Sección de Investigación Judicial de la CSJ admite denuncia contra juez 8° de Instrucción por varios delitos contra empresario Rais
La Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema Justicia (CSJ) admitió una denuncia contra el Juez 8º de Instrucción, Mario Osmín Mira Montes, por una serie de delitos contra el empresario Enrique Rais.
El abogado Rafael Hernán Cortez Saravia acusó al juez Mario Mira Montes de admitir prueba “nula e ilegal” ya que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca contó con la autorización para intervenir los teléfonos cuya propiedad se atribuía a su representando.
Dicha ilegalidad fue incluso reconocida por la fiscal del caso que en un escrito ante la Cámara 1° de lo Penal cuando admitió: “Disculpe señor juez, fue un error de la técnico Ena Maricela Granados Ponce, efectivamente el número (intervenido) no era de enrique rais, era de otra persona”.
Entre las diligencias de investigación contra el juez Mira Montes, se ha solicitado una constancia a la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar que el juez tiene investigación abierta en dicha institución. Además, se pide un expediente administrativo al Consejo Nacional de la Judicatura en el que conste auditorias realizadas a dicho juez, afecto de determinar que este ha resulto los otros procesos de forma distinta al tramitado actualmente contra el empresario Enrique Rais.
Los apoderados legales del empresario, han denunciado que se está llevando una persecución contra su definido, así como una serie de irregularidades en el caso, entre ellas la sostiene que el juez Mira Montes fue traído desde el Juzgado de Paz de Soyapango para que conociera este caso en específico.
De acuerdo a la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial de la CSJ, el juez 8° de Instrucción de San Salvador admitió pruebas contaminadas porque la FGR rompió la cadena de custodia, y desarrolla un juicio que tiene como origen anular al señor Enrique Rais para arrebatarle su empresa MIDES y para sacarlo del negocio de la disposición final de la basura.
En la denuncia admitida por la Sección de Investigación Judicial se solicitó que se separe del caso al juez Mario Mira Montes por su sesgo a favor de la representación del ministerio público.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















