Judicial
Se instala juicio contra exdiputado Roberto Silva Pereira
Tras dos suspensiones, el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador se prepara para instalar la vista pública contra el exdiputado Roberto Silva Pereira.
El exparlamentario está siendo acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de cohecho activo y lavado de dinero.
Este juicio debió iniciar la semana anterior, pero fue suspendido en dos ocasiones, la primera por la ausencia de abogados particulares y la segunda por una petición para cambiar a los defensores de Silva Pereira.
Entre octubre de 2004 y el 2006, Silva Pereira buscó “acercamientos al margen de la ley con los alcaldes de diferentes municipios” a los que les ofrecía sobornos, precisa el fiscal del caso.
El acusado ofreció sobornos a alcaldes para que le adjudicaran la ejecución de proyectos municipales, según la tesis fiscal.
“A cambio de que estos contratos le fueran adjudicados, él iba a otorgar una comisión que oscilaba alrededor del 10% por cada proyecto”, agrega la FGR.
El fiscal del caso resalta que hay pruebas de que alcaldes pagaron del 100% de la obra a Silva Pereira, antes que le adjudicaran el contrato.
Hay casos en los que inclusive se pagó el 100% de la obra al acusado, cuando ni siquiera se había iniciado la licitación de la misma.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
