Judicial
Raúl Mijango y Nelson Rauda regresan hoy a los tribunales para nuevo juicio en caso «Tregua»
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara un recurso para apelar una sentencia absolutoria, este miércoles el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador prevé instalar la vista pública del caso denominado “Tregua”.
En ese juicio se volverán a procesar a 19 imputados, entre los que se encuentra el exmediador de la tregua entre pandillas, Mario Alberto Mijango (Raúl Mijango), y Juan Roberto Castillo Díaz, ambos procesados por tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios y agrupaciones ilícitas.
También el recurso de apelación fue contra la absolución del exdirector general de Centros Penales Nelson Rauda Portillo y Anílber Eduviges Rodríguez, a quienes se les atribuye haber cometido actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos prohibidos.
Otros implicados en el caso son Carmen Elena Arévalo, Sara Encarnación Hernández, Nancy Eugenia Escobar, Arija Vanessa Torres, Sandra Marilin Campos, Ronald José Zúñiga, Clara Maribel Linares, Maricruz del Carmen Hernández y José Antonio Meza, a ellos se les atribuyo el delito de falsedad ideológica.
Félix Antonio Ruiz, Rigoberto Palacio Carrillo, Juan José Zepeda, José Adrián Abarca y Miguel Ángel Abarca, por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de delitos prohibidos en centros penitenciarios.
Se prevé que la nueva audiencia finalice el 3 de mayo. El argumento principal para revertir el fallo pronunciado el 29 de agosto del año pasado por el juez Godofredo Salazar Torres fue que hubo prueba que el funcionario no valoró durante el juicio.
Ante esto, el ahora exfiscal general Douglas Meléndez cuestionó la decisión absolutoria de Salazar Torres. Comentó que era uno de los 10 juzgadores más denunciados y que una Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó que lo investigaran.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.



















