Judicial
Prisión preventiva por posesión y tenencia con fines de tráfico
El Juzgado 4º de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso y decretó la detención provisional contra Cristian Alexander H., de 18 años, por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, tipificado y sancionado en el Artículo 34, inciso tercero, de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD), en perjuicio de la salud pública. El proceso pasó al Juzgado 3º de Instrucción, donde será el Juez Instructor el que determine si acepta o no los 180 días de investigación que ha solicitado la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos por los que el imputado está siendo juzgado ocurrieron el 9 de septiembre del presente año, cuando un agente destacado en la Sección Antinarcóticos de Ahuachapán recibió una llamada telefónica de un informante dándole datos de una supuesta transacción de droga que se haría el 10 de septiembre en horas de la madrugada en la ciudad de Santa Ana por parte de la Mara Salvatrucha, de la clica Stoner Locos Salvatruchos. El agente informó a la jefatura y se acordó montar un dispositivo en la colonia Captus, del cantón El Portezuelo, con apoyo de la Sección Táctico Operativa (STO) y soldados de la Fuerza Armada.
A las tres de la mañana del 10 de septiembre, los agentes observaron que sobre la calle principal de la referida colonia iba caminando un sujeto con un saco de nylon color rojo en sus hombros, procediendo a darle los comandos verbales de alto y pidiéndole que bajara el saco. Al verificar el contenido del bulto encontraron 10 porciones grandes de material vegetal cada uno envuelto en plástico color negro y sujetos con cinta adhesiva color beige, que al hacerle la prueba de campo dio positivo a marihuana.
El total de la droga incautada fue de 9,461.8 gramos, con los cuales se pudieron haber elaborado un total de 18,922 cigarrillos de manufactura casera, percibiendo un valor económico de $10,785.31.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
