Judicial
Prisión preventiva por posesión y tenencia con fines de tráfico

El Juzgado 4º de Paz de Santa Ana ordenó la continuación del proceso y decretó la detención provisional contra Cristian Alexander H., de 18 años, por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, tipificado y sancionado en el Artículo 34, inciso tercero, de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD), en perjuicio de la salud pública. El proceso pasó al Juzgado 3º de Instrucción, donde será el Juez Instructor el que determine si acepta o no los 180 días de investigación que ha solicitado la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos por los que el imputado está siendo juzgado ocurrieron el 9 de septiembre del presente año, cuando un agente destacado en la Sección Antinarcóticos de Ahuachapán recibió una llamada telefónica de un informante dándole datos de una supuesta transacción de droga que se haría el 10 de septiembre en horas de la madrugada en la ciudad de Santa Ana por parte de la Mara Salvatrucha, de la clica Stoner Locos Salvatruchos. El agente informó a la jefatura y se acordó montar un dispositivo en la colonia Captus, del cantón El Portezuelo, con apoyo de la Sección Táctico Operativa (STO) y soldados de la Fuerza Armada.
A las tres de la mañana del 10 de septiembre, los agentes observaron que sobre la calle principal de la referida colonia iba caminando un sujeto con un saco de nylon color rojo en sus hombros, procediendo a darle los comandos verbales de alto y pidiéndole que bajara el saco. Al verificar el contenido del bulto encontraron 10 porciones grandes de material vegetal cada uno envuelto en plástico color negro y sujetos con cinta adhesiva color beige, que al hacerle la prueba de campo dio positivo a marihuana.
El total de la droga incautada fue de 9,461.8 gramos, con los cuales se pudieron haber elaborado un total de 18,922 cigarrillos de manufactura casera, percibiendo un valor económico de $10,785.31.
Judicial
Tribunal inicia proceso penal contra 48 alumnos señalados de pertenecer a la «La Raza”

El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Judicial
Condenan a pandilleros de la MS por asesinato en torneo navideño en La Unión

Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.