Judicial
Presentan nueva denuncia penal contra Salume y el alcalde de Santa Teca, Roberto d’Aubuisson por graves delitos
El abogado Sergio Portillo Toruño interpuso una nueva denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del señor Salume y el alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson por violación a la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) al continuar la ampliación del botadero de La Libertad, y su uso ilegal, sin los permisos correspondientes.
La acción del abogado ambientalista se deriva luego que al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). le han presentado cuatro Recursos de Revisión y Reconsideración sobre el ilegal funcionamiento del botadero de cielo abierto, los cuales aún están pendientes de resolución. La base de la solicitud son los artículos 91 y 97 de la Ley de Medio Ambiente, por lo que Portillo Toruño considera que de oficio debe iniciarse procedimientos sancionatorios contra los señalados.
En dichos recursos, se pide dejar sin efecto el permiso de funcionamiento del “Proyecto de ampliación del relleno sanitario de La Libertad”, por incumplimientos, deforestación y depredación de la flora y fauna y mal funcionamiento.
La alcaldía de Santa Tecla firmó un contrato con el botadero ilegal en la zona costera pese a no contar con los permisos ambientales ni de funcionamiento, según conoció.
Una auditoría hecha pública de Corte de Cuentas de la República en 2019 confirma que cuando se llevó a cabo la negociación ilícita, no tenían los permisos y por lo tanto no podían hacer entre ellos los contratos, lo cual lo convierte en una estafa, pues “utilizaron y malversaron fondos públicos”, detalla.
DENUNCIA A EXMINISTRA DE MARN, LINA POHL.
El abogado ambientalista Portillo Toruño también presentó en la Fiscalía, en junio 2015, una denuncia penal contra la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, a quien se pidió se investigue por la contaminación ambiental provocada por el botadero a cielo abierto del señor Salume,
En la denuncia penal interpuesta por el abogado se pidió al ministerio público que se investigue a Pohl por los delitos de actos arbitrarios y contaminación ambiental en perjuicio de la administración pública, ya que habría concedido permisos de funcionamiento a un botadero de basura propiedad del señor Salume, sin que tuviera la capacidad para procesar todos los desechos que recibe.
De acuerdo con el abogado, la ministra Pohl otorgó un permiso al referido botadero para que recibiera hasta 500 toneladas de basura diarias, ya que esa es su capacidad máxima, pero desde el mes de mayo de 2018 el mencionado botadero está captando a diario 620 toneladas de desechos de la alcaldía de San Salvador, excediendo los límites autorizados.
La situación está poniendo en inminente riesgo a los habitantes de las al menos seis comunidades aledañas al botadero, ya que son más de 1,200 toneladas de basura diarias las que recibe, cuando la capacidad máxima es 500.
Por esta situación el Juzgado Medioambiental con sede en la Libertad impuso medidas cautelares al referido botadero del señor Salume, de modo que el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño solicitó que la FGR deduzca la responsabilidad de la exministra Pohl ya que se le advirtió de esta situación sin que tomara cartas en el asunto
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Raúl Arturo Alegría Centeno, acusado de los delitos de homicidio, hurto y robo agravado, en perjuicio de más de diez víctimas.
Según la investigación fiscal, entre 2011 y 2013, Raúl Alegría se asoció con un grupo que se dedicaba a cometer robos, utilizando armas de fuego para irrumpir en establecimientos comerciales. En algunos casos, las víctimas fueron sometidas por los delincuentes.
Entre los lugares asaltados se encuentran restaurantes, tiendas de misceláneos, tiendas de juegos, bares y una institución educativa, de la cual sustrajeron máquinas tragamonedas, televisores LED, computadoras, celulares, dinero en efectivo, entre otros bienes.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental que acreditó la participación de Raúl Alegría en un homicidio, dos casos de hurto agravado y seis casos de robo agravado, el Tribunal lo condenó a 93 años de prisión y a pagar más de $8,000 en concepto de responsabilidad civil por sus delitos.
Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a una pena de cuatro años de prisión tras ser hallado culpable de incumplir con sus obligaciones laborales.
Muyshondt era también acusado por la Fiscalía por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, delito por el que fue absuelto por el juez de sentencia.
En el caso de Heriberto Portillo, extesorero de la alcaldía, que estaba siendo acusado junto a Muyshondt, se impuso una condena de 4 años por retenciones de cuotas laborales.
El exalcalde fue capturado el 4 de junio de 2021 y acusado pocas horas después por la retención de cuotas. Durante su gestión entre 2018 y 2021, se le acusó de no efectuar el pago correspondiente de las cuotas laborales a los trabajadores del municipio.
El exalcalde sigue siendo procesado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La Fiscalía lo acusó en 2020 junto con otras personas de otorgar dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.
Judicial
50 años de cárcel para exmilitar que mató a su pareja luego que ella decidiera terminar la relación
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador llevó a cabo una vista pública contra Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, acusado del delito de feminicidio, ocurrido en un mercado municipal de Chalatenango.
Según la investigación, el acusado, un militar que sirvió en Irak, mantenía una relación sentimental con la víctima, Blanca Iris Rivera; sin embargo, ella decidió terminar la convivencia debido a los constantes maltratos, episodios de celos y el control que Rodríguez Velásquez ejercía sobre ella. Ante la negativa de continuar la relación, el acusado comenzó a acosarla, hostigarla y amenazarla con atentar contra su vida y la de sus familiares.
El 16 de julio de 2018, el acusado llegó al lugar de trabajo de su expareja. Testigos que lo reconocieron declararon que Álvaro Rodríguez se dirigió directamente hacia ella y le disparó, provocándole heridas en el cráneo y tórax que causaron su muerte.
Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental, la jueza encontró a Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez culpable del delito de feminicidio y lo condenó a 50 años de prisión. El hombre se encuentra prófugo desde el día que cometió el feminicidio.
