Judicial
Presentan nueva denuncia penal contra Salume y el alcalde de Santa Teca, Roberto d’Aubuisson por graves delitos
El abogado Sergio Portillo Toruño interpuso una nueva denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del señor Salume y el alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson por violación a la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) al continuar la ampliación del botadero de La Libertad, y su uso ilegal, sin los permisos correspondientes.
La acción del abogado ambientalista se deriva luego que al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). le han presentado cuatro Recursos de Revisión y Reconsideración sobre el ilegal funcionamiento del botadero de cielo abierto, los cuales aún están pendientes de resolución. La base de la solicitud son los artículos 91 y 97 de la Ley de Medio Ambiente, por lo que Portillo Toruño considera que de oficio debe iniciarse procedimientos sancionatorios contra los señalados.
En dichos recursos, se pide dejar sin efecto el permiso de funcionamiento del “Proyecto de ampliación del relleno sanitario de La Libertad”, por incumplimientos, deforestación y depredación de la flora y fauna y mal funcionamiento.
La alcaldía de Santa Tecla firmó un contrato con el botadero ilegal en la zona costera pese a no contar con los permisos ambientales ni de funcionamiento, según conoció.
Una auditoría hecha pública de Corte de Cuentas de la República en 2019 confirma que cuando se llevó a cabo la negociación ilícita, no tenían los permisos y por lo tanto no podían hacer entre ellos los contratos, lo cual lo convierte en una estafa, pues “utilizaron y malversaron fondos públicos”, detalla.
DENUNCIA A EXMINISTRA DE MARN, LINA POHL.
El abogado ambientalista Portillo Toruño también presentó en la Fiscalía, en junio 2015, una denuncia penal contra la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, a quien se pidió se investigue por la contaminación ambiental provocada por el botadero a cielo abierto del señor Salume,
En la denuncia penal interpuesta por el abogado se pidió al ministerio público que se investigue a Pohl por los delitos de actos arbitrarios y contaminación ambiental en perjuicio de la administración pública, ya que habría concedido permisos de funcionamiento a un botadero de basura propiedad del señor Salume, sin que tuviera la capacidad para procesar todos los desechos que recibe.
De acuerdo con el abogado, la ministra Pohl otorgó un permiso al referido botadero para que recibiera hasta 500 toneladas de basura diarias, ya que esa es su capacidad máxima, pero desde el mes de mayo de 2018 el mencionado botadero está captando a diario 620 toneladas de desechos de la alcaldía de San Salvador, excediendo los límites autorizados.
La situación está poniendo en inminente riesgo a los habitantes de las al menos seis comunidades aledañas al botadero, ya que son más de 1,200 toneladas de basura diarias las que recibe, cuando la capacidad máxima es 500.
Por esta situación el Juzgado Medioambiental con sede en la Libertad impuso medidas cautelares al referido botadero del señor Salume, de modo que el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño solicitó que la FGR deduzca la responsabilidad de la exministra Pohl ya que se le advirtió de esta situación sin que tomara cartas en el asunto
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
