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Pandilleros son sentenciados a 15 años de cárcel por extorsionar a una víctima con $500 a cambio de no atentar contra su vida
Un grupo de pandilleros fueron encontrados culpables por el delito de extorsión en perjuicio de una víctima a la que le exigían 500 dólares en base a amenazas de muerte.
Por este caso, registrado en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, se condenó a 8 miembros de la MS13 a pasar 15 años en prisión, explicaron fuentes de la Fiscalía.
De acuerdo con reportes oficiales, el hecho delincuencial ocurrió en de diciembre de 2016.
Según la declaración de la víctima, le salieron al paso los sujetos que le manifestaron que tenía que colaborar con $500, si quería trabajar tranquilo en esa zona.
Los sujetos afirmaron que la «feria» la querían en ese momento, y si no la entregaba lo iban a “reventar”, por lo que la víctima les dijo que les podía colaborar pero no con esa cantidad, los sujetos los rodearon, uno de ellos le puso una arma en la cabeza.
Ante esa situación, tuvo que entregar el dinero exigido. Los tipos también le advirtieron que no fuera a la policía ya que si lo hacían lo iban a matar.
Tras recibir la denuncia, las autoridades comenzaron las investigaciones que terminaron en la captura de esta estructura.
El jefe de la oficina Fiscal de Chalatenango Andrés Amaya, dijo que los ocho imputados fueron capturados con orden de detención administrativa girada por la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de esta sede fiscal, el 28 de agosto de 2017.
Los Pandilleros fueron identificados como: Noé Antonio Morán Chávez, alias “Yute, Chuleo Chute”, de 32 años; Rosa Esperanza Recinos Valle, alias “Marimacha”, de 33 años; José Antonio Tejada Inglés, alias “Guasón”, de 35 años; y José Enemías Tejada Crisóstomo o José Jeremías Crisorto, alias “Cantor”, de 30 años.
A estos le acompañan Rosa Amelia Mejia Deras, alias “Mamá del Sangriento”, de 50 años; Juan Carlos Oliva o Juan Carlos Oliva Abrego, alias “Pirulo”; Gabriel de Jesús Contreras Calderón, alias “Tilinte”, y José Manuel Mojica Castañeda, alias “Pululo o Chimbolo”.
El 21 de diciembre 2016, la víctima identificada con la clave “Armando” denunció que había sido víctima de extorsión de parte de sujetos de la Mara Salvatrucha, que operan en la jurisdicción de Nueva Concepción, Chalatenango.
Durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Segundo de Sentencia de Chalatenango, la Fiscalía presentó un álbum fotográfico, declaración de la víctima protegida, del testigo presencial y las declaraciones de los investigadores del caso.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
