Judicial
Pandilleros extorsionistas son condenados a 20 años de prisión en San Miguel
Seis integrantes de la MS que recibieron dinero exigido con amenazas de muerte recibieron diversas condenas, entre los 20, 10 y 6 años de cárcel, así lo afirmó el Fiscal del caso del grupo Antiextorsiones de la oficina de San Miguel.
La víctima residente en el municipio de Jucuapa, Usulután, comenzó a recibir llamadas extorsivas desde el año 2011, y según las investigaciones fiscales y policiales fueron realizadas desde el penal de San Francisco Gotera, Morazán, en las que le demandaron la entrega de US$200.00 semanales.
Por los amedrentamientos la víctima hizo 19 entregas, que hacen un valor total de US$3,800.00 entre los años 2011 y 2012 en las modalidades de entregas personales y a través de los servicios de depósitos de una compañía telefónica.
Con las herramientas técnicas y científicas de investigación se estableció que uno de los que hizo las llamadas desde el penal de San Francisco Gotera, fue Juan Antonio Ramos Ramos, que recibió una condena de 20 años de cárcel.
Igual pena de prisión se le impuso a Damary Yasmín Cuadra Aparicio que recibió varios depósitos de dinero a través de los servicios electrónicos de remesas.
Mientras que Noé Gerardo Ramírez Miranda y Ana del Rosario Palacios fueron sentenciados a 10 años de prisión.
Y Connie Iveth Polanco Maltez y Carlos Alfredo Aparicio Guevara aceptaron voluntariamente el delito de Extorsión Agravada y fueron condenados a 6 años de cárcel.
Las penas de prisión fueron impuestas por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, con base a las diferentes pruebas periciales, documentales y testimoniales que demostraron su participación en delito de Extorsión Agravada.
Esta mañana se instaló la audiencia preliminar en contra de Kevin Alexander Miranda Santamaria, a quién las autoridades le acusas de ser narcotraficante.
Según las autoridades fiscales, la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto a quién le encontraron cocaína, marihuana y anfetaminas, valoradas en $153,992,00.
Así mismo, se le decomisó un arma de fuego sin su respectiva documentación y una cantidad de $20,690.00. en efectivo.
Los delitos que se le atribuyen son: tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y casos especiales de lavado de dinero.
Las autoridades dicen contar con las suficientes pruebas que incriminan al sujeto para que sea enviado a prisión.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
