Judicial
Pandilleros extorsionistas son condenados a 20 años de prisión en San Miguel
Seis integrantes de la MS que recibieron dinero exigido con amenazas de muerte recibieron diversas condenas, entre los 20, 10 y 6 años de cárcel, así lo afirmó el Fiscal del caso del grupo Antiextorsiones de la oficina de San Miguel.
La víctima residente en el municipio de Jucuapa, Usulután, comenzó a recibir llamadas extorsivas desde el año 2011, y según las investigaciones fiscales y policiales fueron realizadas desde el penal de San Francisco Gotera, Morazán, en las que le demandaron la entrega de US$200.00 semanales.
Por los amedrentamientos la víctima hizo 19 entregas, que hacen un valor total de US$3,800.00 entre los años 2011 y 2012 en las modalidades de entregas personales y a través de los servicios de depósitos de una compañía telefónica.
Con las herramientas técnicas y científicas de investigación se estableció que uno de los que hizo las llamadas desde el penal de San Francisco Gotera, fue Juan Antonio Ramos Ramos, que recibió una condena de 20 años de cárcel.
Igual pena de prisión se le impuso a Damary Yasmín Cuadra Aparicio que recibió varios depósitos de dinero a través de los servicios electrónicos de remesas.
Mientras que Noé Gerardo Ramírez Miranda y Ana del Rosario Palacios fueron sentenciados a 10 años de prisión.
Y Connie Iveth Polanco Maltez y Carlos Alfredo Aparicio Guevara aceptaron voluntariamente el delito de Extorsión Agravada y fueron condenados a 6 años de cárcel.
Las penas de prisión fueron impuestas por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, con base a las diferentes pruebas periciales, documentales y testimoniales que demostraron su participación en delito de Extorsión Agravada.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
