Judicial
Mujer es víctima de violencia doméstica por no poder cocinar: “inútil” le llamaba su compañero de vida
“Si yo hubiera sabido que no podías cocinar, entonces no me hubiera quedado con vos”, era una de las frases que Claudia (nombre cambiado por protección) escuchaba constantemente por parte de Carlos M.C., un comerciante de 51 años de edad que además de humillarla al tildarla como “inútil” la agredía físicamente e incluso llegó a amenazarla de muerte.
Luego de haberse convertido en madre soltera y pasar sin pareja durante varios años, la mujer conoció al sujeto y tras varios encuentros decidieron residir juntos en octubre de 2011.
Por ello, la mujer de 39 años de edad recibió en el condominio donde habitaba -situado en el municipio de Mejicanos- a su nueva pareja, quien hasta la fecha se encuentra pensionado por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a consecuencia de una invalidez permanente, por lo que se dedica a alquilar una bodega en las cercanías del mercado ex Cuartel, en San Salvador, según cita un expediente judicial.
Cinco meses después de habitar juntos, el sujeto cambió de actitud con la mujer, por lo que en marzo de 2012, este empezó a agredirla física y verbalmente, al decirle que era una “inútil” y que no servía como mujer debido a que ella no sabía cocinar.
Además, ambos discutían por razones económicas e incluso el sujeto en varias ocasiones la lanzaba contra la pared. En una de esas agresiones, le provocó hematomas en ambas manos por la fuerza que le produjo al sostenerla de ellas.
Claudia calló por mucho tiempo en el maltrato. Sin embargo, decidió no interponer una denuncia en contra de Carlos por temor. Él la había amenazado a muerte de hacerlo. Pese a todo y con el paso del tiempo, ambos procrearon a una niña.
Según el expediente judicial, en noviembre de 2014, el pensionado golpeó a la mujer en diferentes partes del cuerpo, por lo que decidió separarse de él. Como uno de los acuerdos, Carlos podía ir a visitar a la niña, pero con aviso previo.
Claudia pidió a los vigilantes que cuidaban la zona de los condominios que no le permitieran la entrada al sitio, sobre todo por temor a que los episodios violentos volvieran.
El golpe en una fiesta infantil que desató la furia
El 17 de mayo de 2015, Claudia asistió a una piñata junto a sus hijos. Accidentalmente, la niña –hija de Carlos- se tropezó, cayó al suelo y producto de ello resultó con un raspón en su frente.
Al retornar a la casa, el hijo mayor de la mujer salió a jugar con sus vecinos; la niña, se durmió a eso de las 5:00 de la tarde. Media hora después, sin previa notificación, Carlos ingresó al apartamento.
Al escuchar su voz, la niña se despertó y el padre entró a la habitación de ella para saludarla. Este al verla raspada de su rostro insultó a Claudia. La acusó de maltrato infantil y al no bastarle eso la golpeó. Según el expediente judicial, la mujer cayó al suelo tras ser empujada por este.
“Hoy te vas a morir. Ya no me importa ir a Mariona por esto. Te merecés morir”, dijo el sujeto, quien descargó diversas patadas en el cuerpo y rostro de la mujer.
“Te voy a cortar el cuello. Ahora sí te vas a morir”, volvió a decir el hombre y para cumplir sus amenazas sacó una navaja frente a los ojos de su hija.
Un ruido en la sala distrajo a Carlos. Salió de la habitación de la menor de edad para ver de qué se trataba y la supuesta víctima logró ponerse de pie.
El supuesto agresor retornó al escenario en donde había empezado a atacar a Claudia. Esta vez utilizó su navaja. Le provocó una herida en la oreja derecha, según consta en el documento judicial.
La mujer le suplicó a Carlos que no la asesinara y menos frente a su hija de tres años de edad, pero este le marcó su plan: “Yo he venido a matarte”.
Alguien tocó la puerta principal del apartamento y esto volvió a distraer al sujeto. Salió de nuevo de la habitación para ver quién era. Esa acción fue aprovechada por Claudia, quien cerró la puerta del cuarto y logró llamar a la unidad de emergencia del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante esto, el sujeto escapó.
Las lesiones y la acusación
La víctima fue trasladada hacia el Instituto de Medicina Legal (IML) para que sus lesiones fueran inspeccionadas, debido a la gravedad de las mismas. El rostro tenía diversos hematomas. De acuerdo al peritaje médico, las lesiones de Claudia sanarían en al menos 15 días.
La afectada relató que el sujeto es agresivo y que en varias ocasiones la ha agredido físicamente, la ha insultado y la ha amenazado a muerte.
El proceso en donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acuso de cometer los delitos de amenazas, expresiones de violencia contra la mujer y lesiones agravadas inició en el Juzgado 2° de Paz de Mejicanos, por lo que Carlos fue detenido pero luego recibió medidas sustitutivas a la prisión provisional por parte del Juzgado de Instrucción del mismo municipio.
El Tribunal 3° de Sentencia desarrollará el juicio en contra del sujeto el próximo 11 de junio de este 2018, tras aplazarse la vista pública.
Pese a todo, la mujer lesionada por el pensionado del IPSFA solicitó el pasado 14 de marzo suspender el proceso judicial del tribunal. En el expediente del caso se añadió una carta en donde ella refleja que desea desistir del procesamiento contra su expareja.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
