Judicial
Mujer es víctima de violencia doméstica por no poder cocinar: “inútil” le llamaba su compañero de vida
“Si yo hubiera sabido que no podías cocinar, entonces no me hubiera quedado con vos”, era una de las frases que Claudia (nombre cambiado por protección) escuchaba constantemente por parte de Carlos M.C., un comerciante de 51 años de edad que además de humillarla al tildarla como “inútil” la agredía físicamente e incluso llegó a amenazarla de muerte.
Luego de haberse convertido en madre soltera y pasar sin pareja durante varios años, la mujer conoció al sujeto y tras varios encuentros decidieron residir juntos en octubre de 2011.
Por ello, la mujer de 39 años de edad recibió en el condominio donde habitaba -situado en el municipio de Mejicanos- a su nueva pareja, quien hasta la fecha se encuentra pensionado por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a consecuencia de una invalidez permanente, por lo que se dedica a alquilar una bodega en las cercanías del mercado ex Cuartel, en San Salvador, según cita un expediente judicial.
Cinco meses después de habitar juntos, el sujeto cambió de actitud con la mujer, por lo que en marzo de 2012, este empezó a agredirla física y verbalmente, al decirle que era una “inútil” y que no servía como mujer debido a que ella no sabía cocinar.
Además, ambos discutían por razones económicas e incluso el sujeto en varias ocasiones la lanzaba contra la pared. En una de esas agresiones, le provocó hematomas en ambas manos por la fuerza que le produjo al sostenerla de ellas.
Claudia calló por mucho tiempo en el maltrato. Sin embargo, decidió no interponer una denuncia en contra de Carlos por temor. Él la había amenazado a muerte de hacerlo. Pese a todo y con el paso del tiempo, ambos procrearon a una niña.
Según el expediente judicial, en noviembre de 2014, el pensionado golpeó a la mujer en diferentes partes del cuerpo, por lo que decidió separarse de él. Como uno de los acuerdos, Carlos podía ir a visitar a la niña, pero con aviso previo.
Claudia pidió a los vigilantes que cuidaban la zona de los condominios que no le permitieran la entrada al sitio, sobre todo por temor a que los episodios violentos volvieran.
El golpe en una fiesta infantil que desató la furia
El 17 de mayo de 2015, Claudia asistió a una piñata junto a sus hijos. Accidentalmente, la niña –hija de Carlos- se tropezó, cayó al suelo y producto de ello resultó con un raspón en su frente.
Al retornar a la casa, el hijo mayor de la mujer salió a jugar con sus vecinos; la niña, se durmió a eso de las 5:00 de la tarde. Media hora después, sin previa notificación, Carlos ingresó al apartamento.
Al escuchar su voz, la niña se despertó y el padre entró a la habitación de ella para saludarla. Este al verla raspada de su rostro insultó a Claudia. La acusó de maltrato infantil y al no bastarle eso la golpeó. Según el expediente judicial, la mujer cayó al suelo tras ser empujada por este.
“Hoy te vas a morir. Ya no me importa ir a Mariona por esto. Te merecés morir”, dijo el sujeto, quien descargó diversas patadas en el cuerpo y rostro de la mujer.
“Te voy a cortar el cuello. Ahora sí te vas a morir”, volvió a decir el hombre y para cumplir sus amenazas sacó una navaja frente a los ojos de su hija.
Un ruido en la sala distrajo a Carlos. Salió de la habitación de la menor de edad para ver de qué se trataba y la supuesta víctima logró ponerse de pie.
El supuesto agresor retornó al escenario en donde había empezado a atacar a Claudia. Esta vez utilizó su navaja. Le provocó una herida en la oreja derecha, según consta en el documento judicial.
La mujer le suplicó a Carlos que no la asesinara y menos frente a su hija de tres años de edad, pero este le marcó su plan: “Yo he venido a matarte”.
Alguien tocó la puerta principal del apartamento y esto volvió a distraer al sujeto. Salió de nuevo de la habitación para ver quién era. Esa acción fue aprovechada por Claudia, quien cerró la puerta del cuarto y logró llamar a la unidad de emergencia del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante esto, el sujeto escapó.
Las lesiones y la acusación
La víctima fue trasladada hacia el Instituto de Medicina Legal (IML) para que sus lesiones fueran inspeccionadas, debido a la gravedad de las mismas. El rostro tenía diversos hematomas. De acuerdo al peritaje médico, las lesiones de Claudia sanarían en al menos 15 días.
La afectada relató que el sujeto es agresivo y que en varias ocasiones la ha agredido físicamente, la ha insultado y la ha amenazado a muerte.
El proceso en donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acuso de cometer los delitos de amenazas, expresiones de violencia contra la mujer y lesiones agravadas inició en el Juzgado 2° de Paz de Mejicanos, por lo que Carlos fue detenido pero luego recibió medidas sustitutivas a la prisión provisional por parte del Juzgado de Instrucción del mismo municipio.
El Tribunal 3° de Sentencia desarrollará el juicio en contra del sujeto el próximo 11 de junio de este 2018, tras aplazarse la vista pública.
Pese a todo, la mujer lesionada por el pensionado del IPSFA solicitó el pasado 14 de marzo suspender el proceso judicial del tribunal. En el expediente del caso se añadió una carta en donde ella refleja que desea desistir del procesamiento contra su expareja.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
