Judicial
Mujer es víctima de violencia doméstica por no poder cocinar: “inútil” le llamaba su compañero de vida
“Si yo hubiera sabido que no podías cocinar, entonces no me hubiera quedado con vos”, era una de las frases que Claudia (nombre cambiado por protección) escuchaba constantemente por parte de Carlos M.C., un comerciante de 51 años de edad que además de humillarla al tildarla como “inútil” la agredía físicamente e incluso llegó a amenazarla de muerte.
Luego de haberse convertido en madre soltera y pasar sin pareja durante varios años, la mujer conoció al sujeto y tras varios encuentros decidieron residir juntos en octubre de 2011.
Por ello, la mujer de 39 años de edad recibió en el condominio donde habitaba -situado en el municipio de Mejicanos- a su nueva pareja, quien hasta la fecha se encuentra pensionado por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a consecuencia de una invalidez permanente, por lo que se dedica a alquilar una bodega en las cercanías del mercado ex Cuartel, en San Salvador, según cita un expediente judicial.
Cinco meses después de habitar juntos, el sujeto cambió de actitud con la mujer, por lo que en marzo de 2012, este empezó a agredirla física y verbalmente, al decirle que era una “inútil” y que no servía como mujer debido a que ella no sabía cocinar.
Además, ambos discutían por razones económicas e incluso el sujeto en varias ocasiones la lanzaba contra la pared. En una de esas agresiones, le provocó hematomas en ambas manos por la fuerza que le produjo al sostenerla de ellas.
Claudia calló por mucho tiempo en el maltrato. Sin embargo, decidió no interponer una denuncia en contra de Carlos por temor. Él la había amenazado a muerte de hacerlo. Pese a todo y con el paso del tiempo, ambos procrearon a una niña.
Según el expediente judicial, en noviembre de 2014, el pensionado golpeó a la mujer en diferentes partes del cuerpo, por lo que decidió separarse de él. Como uno de los acuerdos, Carlos podía ir a visitar a la niña, pero con aviso previo.
Claudia pidió a los vigilantes que cuidaban la zona de los condominios que no le permitieran la entrada al sitio, sobre todo por temor a que los episodios violentos volvieran.
El golpe en una fiesta infantil que desató la furia
El 17 de mayo de 2015, Claudia asistió a una piñata junto a sus hijos. Accidentalmente, la niña –hija de Carlos- se tropezó, cayó al suelo y producto de ello resultó con un raspón en su frente.
Al retornar a la casa, el hijo mayor de la mujer salió a jugar con sus vecinos; la niña, se durmió a eso de las 5:00 de la tarde. Media hora después, sin previa notificación, Carlos ingresó al apartamento.
Al escuchar su voz, la niña se despertó y el padre entró a la habitación de ella para saludarla. Este al verla raspada de su rostro insultó a Claudia. La acusó de maltrato infantil y al no bastarle eso la golpeó. Según el expediente judicial, la mujer cayó al suelo tras ser empujada por este.
“Hoy te vas a morir. Ya no me importa ir a Mariona por esto. Te merecés morir”, dijo el sujeto, quien descargó diversas patadas en el cuerpo y rostro de la mujer.
“Te voy a cortar el cuello. Ahora sí te vas a morir”, volvió a decir el hombre y para cumplir sus amenazas sacó una navaja frente a los ojos de su hija.
Un ruido en la sala distrajo a Carlos. Salió de la habitación de la menor de edad para ver de qué se trataba y la supuesta víctima logró ponerse de pie.
El supuesto agresor retornó al escenario en donde había empezado a atacar a Claudia. Esta vez utilizó su navaja. Le provocó una herida en la oreja derecha, según consta en el documento judicial.
La mujer le suplicó a Carlos que no la asesinara y menos frente a su hija de tres años de edad, pero este le marcó su plan: “Yo he venido a matarte”.
Alguien tocó la puerta principal del apartamento y esto volvió a distraer al sujeto. Salió de nuevo de la habitación para ver quién era. Esa acción fue aprovechada por Claudia, quien cerró la puerta del cuarto y logró llamar a la unidad de emergencia del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante esto, el sujeto escapó.
Las lesiones y la acusación
La víctima fue trasladada hacia el Instituto de Medicina Legal (IML) para que sus lesiones fueran inspeccionadas, debido a la gravedad de las mismas. El rostro tenía diversos hematomas. De acuerdo al peritaje médico, las lesiones de Claudia sanarían en al menos 15 días.
La afectada relató que el sujeto es agresivo y que en varias ocasiones la ha agredido físicamente, la ha insultado y la ha amenazado a muerte.
El proceso en donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acuso de cometer los delitos de amenazas, expresiones de violencia contra la mujer y lesiones agravadas inició en el Juzgado 2° de Paz de Mejicanos, por lo que Carlos fue detenido pero luego recibió medidas sustitutivas a la prisión provisional por parte del Juzgado de Instrucción del mismo municipio.
El Tribunal 3° de Sentencia desarrollará el juicio en contra del sujeto el próximo 11 de junio de este 2018, tras aplazarse la vista pública.
Pese a todo, la mujer lesionada por el pensionado del IPSFA solicitó el pasado 14 de marzo suspender el proceso judicial del tribunal. En el expediente del caso se añadió una carta en donde ella refleja que desea desistir del procesamiento contra su expareja.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
