Judicial
Mujer acusa a su madrastra de haberle despojado de parte de su herencia con papeles falsos
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a una mujer por ocupar documentos con el objetivo de quitarle a su hijastro dos vehículos que había dejado su esposo después de que este fuera asesinado. La mujer se declaró en reiteradas ocasiones inocente de los alegatos presentados.
Ana Flores Quinteros conoció a José (nombre modificado por seguridad) hace 19 años y tiempo después se unieron en matrimonio, en el que criaron a un niño que él tenía de una relación anterior.
Todo comenzó bien en la pareja y Carlos (nombre modificado por seguridad) comenzó a llamarla mamá, ya que desde que era muy pequeño lo crió como si fuera propio.
Durante la audiencia, Ana dijo que con el tiempo Carlos fue creciendo y con esto la relación se fue deteriorando entre los tres, ya que las malas amistades y su mal comportamiento hicieron que incluso José se cansara de él. “Él todo el tiempo peleaba por los vehículos. El papá nunca le dijo nada porque era muy pleitista”, explicó Ana durante su declaración.
El 12 de octubre y 19 de noviembre de 2015, José y Ana fueron ante un notario a los alrededores de Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN) para realizar el traspaso de dos vehículos que inmediatamente fueron puestos a nombre de Ana por ser su esposa.
Ambos pensaron en poner a su hijo como propietario, pero su comportamiento daba a entender que no se merecía esa consideración.
El inicio de una disputa familiar que terminó en Tribunales
Dos meses después de ese trámite, José fue asesinado por sujetos desconocidos dentro de su vivienda en Acajutla, Sonsonate. Esto llenó de luto y tristeza a la familia, pero trajo consigo una serie de conflictos entre la madrastra y Carlos.
Además, todo empeoró porque José nunca realizó algún tipo de testamento que especificara la pertenencia de sus propiedades. Tanto Ana como Carlos quedaron a la deriva.
Durante la audiencia, ella dijo que Carlos la había sacado de la casa por la muerte de su padre. Ella se molestó, ya que nunca imaginó que el hijo que había criado desde que era un bebé la sacaría de su vivienda, pero le advirtió que regresaría por los dos vehículos que su esposo le había dejado.
Carlos apuntó que a los tres días de que se fue de la casa ella llegó para pedirle los vehículos, pero que él le dijo que no se los entregaría por ninguna razón, ya que por ser hijo de José le correspondían los bienes que había dejado.
Su madrastra, muy molesta, se volvió a retirar pero regresó a los veinte días con dos agentes policiales para llevárselos. En el momento, le dijo que tenía la compraventa de los dos vehículos que por ley le correspondían. Él los observó y vio que tenían la firma de su papá y la de ella; ante la presión policial él decidió entregarle uno de los carros que tenía dentro de la vivienda y posteriormente le cedió el otro.
“Ella personalmente me dijo que se los entregara. Me mostró las tarjetas cuando fue con la Policía. Primero, entregué el pick up y le dije que se lo iba a dar, pero que yo me iba a quedar con uno. Después, llegó con los mismos policías para pedirme el otro, así era la única forma en la que yo se los podría entregar”, dijo Carlos durante la audiencia.
Sin embargo, a él le parecía extraño que ella tuviera esos documentos, ya que él contaba con una tarjeta de circulación donde aún aparecía el nombre de su padre como el propietario de los automotores.
“Le dije que ya no molestara más, pero yo quería saber si era cierto que esos documentos eran verdaderos. Porque él me dijo que no me iba a dejar herencia, pero no dejó testamento”, dijo. Ana posteriormente vendió los vehículos a otras personas días después.
La denuncia
Ante esa duda, Carlos decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara sobre los documentos con los cuales ella había reclamado los carros y así fue como se giró una orden de captura en su contra bajo el delito de uso y tenencia de documentos falsos.
En el desfile de pruebas, se presentó un perito, quien afirmó que las firmas de los documentos aportados por la imputada no correspondían a la dinámica del trazo de una cédula de 13 años atrás. El cotejo de los documentos se realizó a través exámenes microscópicos.
Ante esta observación, el abogado defensor señaló que la diferencia entre ambas firmas no iba a corresponder, ya que con el paso del tiempo esta sería diferente.
Las autoridades no pudieron determinar si los documentes que Ana tenía en su poder ella los había falsificado o si hubo participación de terceros en la elaboración, pero ella reiteró que los papeles eran verdaderos y que estaba en regla.
Sin embargo, las pruebas documentales y testimoniales le dieron el aval para que el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador la condenara el pasado miércoles 18 de julio a seis años de prisión por ese delito.
Su defensa solicitará una apelación ante la Cámara de lo Penal esperando que su condena sea modificada.
Por: El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
