Judicial
Mujer acusa a su madrastra de haberle despojado de parte de su herencia con papeles falsos

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a una mujer por ocupar documentos con el objetivo de quitarle a su hijastro dos vehículos que había dejado su esposo después de que este fuera asesinado. La mujer se declaró en reiteradas ocasiones inocente de los alegatos presentados.
Ana Flores Quinteros conoció a José (nombre modificado por seguridad) hace 19 años y tiempo después se unieron en matrimonio, en el que criaron a un niño que él tenía de una relación anterior.
Todo comenzó bien en la pareja y Carlos (nombre modificado por seguridad) comenzó a llamarla mamá, ya que desde que era muy pequeño lo crió como si fuera propio.
Durante la audiencia, Ana dijo que con el tiempo Carlos fue creciendo y con esto la relación se fue deteriorando entre los tres, ya que las malas amistades y su mal comportamiento hicieron que incluso José se cansara de él. “Él todo el tiempo peleaba por los vehículos. El papá nunca le dijo nada porque era muy pleitista”, explicó Ana durante su declaración.
El 12 de octubre y 19 de noviembre de 2015, José y Ana fueron ante un notario a los alrededores de Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN) para realizar el traspaso de dos vehículos que inmediatamente fueron puestos a nombre de Ana por ser su esposa.
Ambos pensaron en poner a su hijo como propietario, pero su comportamiento daba a entender que no se merecía esa consideración.
El inicio de una disputa familiar que terminó en Tribunales
Dos meses después de ese trámite, José fue asesinado por sujetos desconocidos dentro de su vivienda en Acajutla, Sonsonate. Esto llenó de luto y tristeza a la familia, pero trajo consigo una serie de conflictos entre la madrastra y Carlos.
Además, todo empeoró porque José nunca realizó algún tipo de testamento que especificara la pertenencia de sus propiedades. Tanto Ana como Carlos quedaron a la deriva.
Durante la audiencia, ella dijo que Carlos la había sacado de la casa por la muerte de su padre. Ella se molestó, ya que nunca imaginó que el hijo que había criado desde que era un bebé la sacaría de su vivienda, pero le advirtió que regresaría por los dos vehículos que su esposo le había dejado.
Carlos apuntó que a los tres días de que se fue de la casa ella llegó para pedirle los vehículos, pero que él le dijo que no se los entregaría por ninguna razón, ya que por ser hijo de José le correspondían los bienes que había dejado.
Su madrastra, muy molesta, se volvió a retirar pero regresó a los veinte días con dos agentes policiales para llevárselos. En el momento, le dijo que tenía la compraventa de los dos vehículos que por ley le correspondían. Él los observó y vio que tenían la firma de su papá y la de ella; ante la presión policial él decidió entregarle uno de los carros que tenía dentro de la vivienda y posteriormente le cedió el otro.
“Ella personalmente me dijo que se los entregara. Me mostró las tarjetas cuando fue con la Policía. Primero, entregué el pick up y le dije que se lo iba a dar, pero que yo me iba a quedar con uno. Después, llegó con los mismos policías para pedirme el otro, así era la única forma en la que yo se los podría entregar”, dijo Carlos durante la audiencia.
Sin embargo, a él le parecía extraño que ella tuviera esos documentos, ya que él contaba con una tarjeta de circulación donde aún aparecía el nombre de su padre como el propietario de los automotores.
“Le dije que ya no molestara más, pero yo quería saber si era cierto que esos documentos eran verdaderos. Porque él me dijo que no me iba a dejar herencia, pero no dejó testamento”, dijo. Ana posteriormente vendió los vehículos a otras personas días después.
La denuncia
Ante esa duda, Carlos decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara sobre los documentos con los cuales ella había reclamado los carros y así fue como se giró una orden de captura en su contra bajo el delito de uso y tenencia de documentos falsos.
En el desfile de pruebas, se presentó un perito, quien afirmó que las firmas de los documentos aportados por la imputada no correspondían a la dinámica del trazo de una cédula de 13 años atrás. El cotejo de los documentos se realizó a través exámenes microscópicos.
Ante esta observación, el abogado defensor señaló que la diferencia entre ambas firmas no iba a corresponder, ya que con el paso del tiempo esta sería diferente.
Las autoridades no pudieron determinar si los documentes que Ana tenía en su poder ella los había falsificado o si hubo participación de terceros en la elaboración, pero ella reiteró que los papeles eran verdaderos y que estaba en regla.
Sin embargo, las pruebas documentales y testimoniales le dieron el aval para que el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador la condenara el pasado miércoles 18 de julio a seis años de prisión por ese delito.
Su defensa solicitará una apelación ante la Cámara de lo Penal esperando que su condena sea modificada.
Por: El Salvador Times
Judicial
Discusión entre mujeres en transporte público llega hasta los tribunales de Ilopango

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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
Judicial
Sigfrido Reyes y su red enfrentan audiencia por acusaciones de corrupción

En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas

José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.