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Judicial

Mujer acusa a su madrastra de haberle despojado de parte de su herencia con papeles falsos

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a una mujer por ocupar documentos con el objetivo de quitarle a su hijastro dos vehículos que había dejado su esposo después de que este fuera asesinado. La mujer se declaró  en reiteradas ocasiones inocente de los alegatos presentados.

 

Ana Flores Quinteros conoció a José (nombre modificado por seguridad) hace 19 años y tiempo después se unieron en matrimonio, en el que criaron a un niño que él tenía de una relación anterior.

 

Todo comenzó bien en la pareja y Carlos (nombre modificado por seguridad) comenzó a llamarla mamá, ya que desde que era muy pequeño lo crió como si fuera propio.

 

Durante la audiencia, Ana dijo que con el tiempo Carlos fue creciendo y con esto la relación se fue deteriorando entre los tres, ya que las malas amistades y su mal comportamiento hicieron que incluso José se cansara de él. “Él todo el tiempo peleaba por los vehículos. El papá nunca le dijo nada porque era muy pleitista”, explicó Ana durante su declaración.

 

El 12 de octubre y 19 de noviembre de 2015, José y Ana fueron ante un notario a los alrededores de Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN) para realizar el traspaso de dos vehículos que inmediatamente fueron puestos a nombre de Ana por ser su esposa.

 

Ambos pensaron en poner a su hijo como propietario, pero su comportamiento daba a entender que no se merecía esa consideración.

 

El inicio de una disputa familiar que terminó en Tribunales

 

Dos meses después de ese trámite, José fue asesinado por sujetos desconocidos dentro de su vivienda en Acajutla, Sonsonate. Esto llenó de luto y tristeza a la familia, pero trajo consigo una serie de conflictos entre la madrastra y Carlos.

 

Además, todo empeoró porque José  nunca realizó algún tipo de testamento que especificara la pertenencia de sus propiedades. Tanto Ana como Carlos quedaron a la deriva.

 

Durante la audiencia, ella dijo que Carlos la había sacado de la casa por la muerte de su padre. Ella se molestó, ya que nunca imaginó que el hijo que había criado desde que era un bebé la sacaría de su vivienda, pero le advirtió que regresaría por los dos vehículos que su esposo le había dejado.

 

Carlos apuntó que a los tres días de que se fue de la casa ella llegó para pedirle los vehículos, pero que él le dijo que no se los entregaría por ninguna razón, ya que por ser hijo de José le correspondían los bienes que había dejado.

 

Su madrastra, muy molesta, se volvió a retirar pero regresó a los veinte días con dos agentes policiales para llevárselos. En el momento, le dijo que tenía la compraventa de los dos vehículos que por ley le correspondían. Él los observó y vio que tenían la firma de su papá y la de ella; ante la presión policial él decidió entregarle uno de los carros que tenía dentro de la vivienda y posteriormente le cedió el otro.

 

“Ella personalmente me dijo que se los entregara. Me mostró las tarjetas cuando fue con la Policía. Primero, entregué el pick up y le dije que se lo iba a dar, pero que yo me iba a quedar con uno. Después, llegó con los mismos policías para pedirme el otro, así era la única forma en la que yo se los podría entregar”, dijo Carlos durante la audiencia.

 

Sin embargo, a él le parecía extraño que ella tuviera esos documentos, ya que él contaba con una tarjeta de circulación donde aún aparecía el nombre de su padre como el propietario de los automotores.

 

“Le dije que ya no molestara más, pero yo quería saber si era cierto que esos documentos eran verdaderos. Porque él me dijo que no me iba a dejar herencia, pero no dejó testamento”, dijo. Ana posteriormente vendió los vehículos a otras personas días después.

 

La denuncia

 

Ante esa duda, Carlos decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara sobre los documentos con los cuales ella había reclamado los carros y así fue como se giró una orden de captura en su contra bajo el delito de uso y tenencia de documentos falsos.

 

En el desfile de pruebas, se presentó un perito, quien afirmó que las firmas de los documentos aportados por la imputada no correspondían a la dinámica del trazo de una cédula de 13 años atrás. El cotejo de los documentos se realizó a través exámenes microscópicos.

 

Ante esta observación, el abogado defensor señaló que la diferencia entre ambas firmas no iba a corresponder, ya que con el paso del tiempo esta sería diferente.

 

Las autoridades no pudieron determinar si los documentes que Ana tenía en su poder ella los había falsificado o si hubo participación de terceros en la elaboración, pero ella reiteró que los papeles eran verdaderos y que estaba en regla.

 

Sin embargo, las pruebas documentales y testimoniales le dieron el aval para que el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador la condenara el pasado miércoles 18 de julio a seis años de prisión por ese delito.

 

Su defensa solicitará una apelación ante la Cámara de lo Penal esperando que su condena sea modificada.

Por:  El Salvador Times

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Imponen 23 años de cárcel a sujeto por delitos sexuales cometidos en Comasagua

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.

De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.

El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.

Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.

Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.

Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.

Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.

Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.

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Condenan a 50 años de prisión a pandillero de la MS-13 por asesinato de padre e hijo en Colón

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A 50 años de cárcel fue condenado José Luis Laínez Alvarado por haber asesinado con arma de fuego a dos comerciantes -padre e hijo-, el 15 de junio de 2010 en Colón, La Libertad Oeste. El imputado es miembro activo de la pandilla MS-13.

Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el doble homicidio agravado fue cometido cuando las víctimas comercializaban telas en el sector de la comunidad Villa Madrid de la jurisdicción de Colón.

Laínez y tres sujetos más perfilaron a las víctimas y a una distancia de 20 metros les comenzaron a disparar hasta quitarles la vida.

Anteriormente, un familiar de las víctimas había sido privado de libertad y desaparecido por Alvarado y otros pandilleros.

Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador se logró demostrar la participación de Laínez en el doble homicidio.

La sentencia de cárcel fue impuesta gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a prófugos de la justicia.

Laínez también enfrentará otro juicio por agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura criminal antes mencionada.

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Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano

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Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.

En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.

También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.

Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.

Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.

Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.

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