Judicial
Mujer acusa a su madrastra de haberle despojado de parte de su herencia con papeles falsos
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a una mujer por ocupar documentos con el objetivo de quitarle a su hijastro dos vehículos que había dejado su esposo después de que este fuera asesinado. La mujer se declaró en reiteradas ocasiones inocente de los alegatos presentados.
Ana Flores Quinteros conoció a José (nombre modificado por seguridad) hace 19 años y tiempo después se unieron en matrimonio, en el que criaron a un niño que él tenía de una relación anterior.
Todo comenzó bien en la pareja y Carlos (nombre modificado por seguridad) comenzó a llamarla mamá, ya que desde que era muy pequeño lo crió como si fuera propio.
Durante la audiencia, Ana dijo que con el tiempo Carlos fue creciendo y con esto la relación se fue deteriorando entre los tres, ya que las malas amistades y su mal comportamiento hicieron que incluso José se cansara de él. “Él todo el tiempo peleaba por los vehículos. El papá nunca le dijo nada porque era muy pleitista”, explicó Ana durante su declaración.
El 12 de octubre y 19 de noviembre de 2015, José y Ana fueron ante un notario a los alrededores de Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN) para realizar el traspaso de dos vehículos que inmediatamente fueron puestos a nombre de Ana por ser su esposa.
Ambos pensaron en poner a su hijo como propietario, pero su comportamiento daba a entender que no se merecía esa consideración.
El inicio de una disputa familiar que terminó en Tribunales
Dos meses después de ese trámite, José fue asesinado por sujetos desconocidos dentro de su vivienda en Acajutla, Sonsonate. Esto llenó de luto y tristeza a la familia, pero trajo consigo una serie de conflictos entre la madrastra y Carlos.
Además, todo empeoró porque José nunca realizó algún tipo de testamento que especificara la pertenencia de sus propiedades. Tanto Ana como Carlos quedaron a la deriva.
Durante la audiencia, ella dijo que Carlos la había sacado de la casa por la muerte de su padre. Ella se molestó, ya que nunca imaginó que el hijo que había criado desde que era un bebé la sacaría de su vivienda, pero le advirtió que regresaría por los dos vehículos que su esposo le había dejado.
Carlos apuntó que a los tres días de que se fue de la casa ella llegó para pedirle los vehículos, pero que él le dijo que no se los entregaría por ninguna razón, ya que por ser hijo de José le correspondían los bienes que había dejado.
Su madrastra, muy molesta, se volvió a retirar pero regresó a los veinte días con dos agentes policiales para llevárselos. En el momento, le dijo que tenía la compraventa de los dos vehículos que por ley le correspondían. Él los observó y vio que tenían la firma de su papá y la de ella; ante la presión policial él decidió entregarle uno de los carros que tenía dentro de la vivienda y posteriormente le cedió el otro.
“Ella personalmente me dijo que se los entregara. Me mostró las tarjetas cuando fue con la Policía. Primero, entregué el pick up y le dije que se lo iba a dar, pero que yo me iba a quedar con uno. Después, llegó con los mismos policías para pedirme el otro, así era la única forma en la que yo se los podría entregar”, dijo Carlos durante la audiencia.
Sin embargo, a él le parecía extraño que ella tuviera esos documentos, ya que él contaba con una tarjeta de circulación donde aún aparecía el nombre de su padre como el propietario de los automotores.
“Le dije que ya no molestara más, pero yo quería saber si era cierto que esos documentos eran verdaderos. Porque él me dijo que no me iba a dejar herencia, pero no dejó testamento”, dijo. Ana posteriormente vendió los vehículos a otras personas días después.
La denuncia
Ante esa duda, Carlos decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara sobre los documentos con los cuales ella había reclamado los carros y así fue como se giró una orden de captura en su contra bajo el delito de uso y tenencia de documentos falsos.
En el desfile de pruebas, se presentó un perito, quien afirmó que las firmas de los documentos aportados por la imputada no correspondían a la dinámica del trazo de una cédula de 13 años atrás. El cotejo de los documentos se realizó a través exámenes microscópicos.
Ante esta observación, el abogado defensor señaló que la diferencia entre ambas firmas no iba a corresponder, ya que con el paso del tiempo esta sería diferente.
Las autoridades no pudieron determinar si los documentes que Ana tenía en su poder ella los había falsificado o si hubo participación de terceros en la elaboración, pero ella reiteró que los papeles eran verdaderos y que estaba en regla.
Sin embargo, las pruebas documentales y testimoniales le dieron el aval para que el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador la condenara el pasado miércoles 18 de julio a seis años de prisión por ese delito.
Su defensa solicitará una apelación ante la Cámara de lo Penal esperando que su condena sea modificada.
Por: El Salvador Times
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
