Judicial
Mujer acusa a su madrastra de haberle despojado de parte de su herencia con papeles falsos
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a una mujer por ocupar documentos con el objetivo de quitarle a su hijastro dos vehículos que había dejado su esposo después de que este fuera asesinado. La mujer se declaró en reiteradas ocasiones inocente de los alegatos presentados.
Ana Flores Quinteros conoció a José (nombre modificado por seguridad) hace 19 años y tiempo después se unieron en matrimonio, en el que criaron a un niño que él tenía de una relación anterior.
Todo comenzó bien en la pareja y Carlos (nombre modificado por seguridad) comenzó a llamarla mamá, ya que desde que era muy pequeño lo crió como si fuera propio.
Durante la audiencia, Ana dijo que con el tiempo Carlos fue creciendo y con esto la relación se fue deteriorando entre los tres, ya que las malas amistades y su mal comportamiento hicieron que incluso José se cansara de él. “Él todo el tiempo peleaba por los vehículos. El papá nunca le dijo nada porque era muy pleitista”, explicó Ana durante su declaración.
El 12 de octubre y 19 de noviembre de 2015, José y Ana fueron ante un notario a los alrededores de Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN) para realizar el traspaso de dos vehículos que inmediatamente fueron puestos a nombre de Ana por ser su esposa.
Ambos pensaron en poner a su hijo como propietario, pero su comportamiento daba a entender que no se merecía esa consideración.
El inicio de una disputa familiar que terminó en Tribunales
Dos meses después de ese trámite, José fue asesinado por sujetos desconocidos dentro de su vivienda en Acajutla, Sonsonate. Esto llenó de luto y tristeza a la familia, pero trajo consigo una serie de conflictos entre la madrastra y Carlos.
Además, todo empeoró porque José nunca realizó algún tipo de testamento que especificara la pertenencia de sus propiedades. Tanto Ana como Carlos quedaron a la deriva.
Durante la audiencia, ella dijo que Carlos la había sacado de la casa por la muerte de su padre. Ella se molestó, ya que nunca imaginó que el hijo que había criado desde que era un bebé la sacaría de su vivienda, pero le advirtió que regresaría por los dos vehículos que su esposo le había dejado.
Carlos apuntó que a los tres días de que se fue de la casa ella llegó para pedirle los vehículos, pero que él le dijo que no se los entregaría por ninguna razón, ya que por ser hijo de José le correspondían los bienes que había dejado.
Su madrastra, muy molesta, se volvió a retirar pero regresó a los veinte días con dos agentes policiales para llevárselos. En el momento, le dijo que tenía la compraventa de los dos vehículos que por ley le correspondían. Él los observó y vio que tenían la firma de su papá y la de ella; ante la presión policial él decidió entregarle uno de los carros que tenía dentro de la vivienda y posteriormente le cedió el otro.
“Ella personalmente me dijo que se los entregara. Me mostró las tarjetas cuando fue con la Policía. Primero, entregué el pick up y le dije que se lo iba a dar, pero que yo me iba a quedar con uno. Después, llegó con los mismos policías para pedirme el otro, así era la única forma en la que yo se los podría entregar”, dijo Carlos durante la audiencia.
Sin embargo, a él le parecía extraño que ella tuviera esos documentos, ya que él contaba con una tarjeta de circulación donde aún aparecía el nombre de su padre como el propietario de los automotores.
“Le dije que ya no molestara más, pero yo quería saber si era cierto que esos documentos eran verdaderos. Porque él me dijo que no me iba a dejar herencia, pero no dejó testamento”, dijo. Ana posteriormente vendió los vehículos a otras personas días después.
La denuncia
Ante esa duda, Carlos decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigara sobre los documentos con los cuales ella había reclamado los carros y así fue como se giró una orden de captura en su contra bajo el delito de uso y tenencia de documentos falsos.
En el desfile de pruebas, se presentó un perito, quien afirmó que las firmas de los documentos aportados por la imputada no correspondían a la dinámica del trazo de una cédula de 13 años atrás. El cotejo de los documentos se realizó a través exámenes microscópicos.
Ante esta observación, el abogado defensor señaló que la diferencia entre ambas firmas no iba a corresponder, ya que con el paso del tiempo esta sería diferente.
Las autoridades no pudieron determinar si los documentes que Ana tenía en su poder ella los había falsificado o si hubo participación de terceros en la elaboración, pero ella reiteró que los papeles eran verdaderos y que estaba en regla.
Sin embargo, las pruebas documentales y testimoniales le dieron el aval para que el juez del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador la condenara el pasado miércoles 18 de julio a seis años de prisión por ese delito.
Su defensa solicitará una apelación ante la Cámara de lo Penal esperando que su condena sea modificada.
Por: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
