Judicial
Matteo Pasquale y Franco Paccetti enfrentan órdenes de captura por el delito de extorsión, tras ratificación del juzgado 5º de Instrucción
La Jueza Quinta de Instrucción de San Salvador declaró en rebeldía y ratificó las órdenes de captura de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Paccetti a quienes se les atribuyen los delitos de apropiación o retención indebida y extorsión.
Los ciudadanos canadienses fueron declarados en rebeldía tras no haber atendido el citatorio judicial por lo que se declaró desobediencia o incumplido de sus deberes y la no disponibilidad como imputados en el caso legal que enfrentan por haber ejercido acciones de presión, coacción y amenazas por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas contra Enrique Rais.
Asimismo, Rais fue víctima Pasquale y Paccetti al estar siendo sujeto de amenazas por parte de estos al no acceder a las pretensiones económicas de los imputados.
Con esta resolución deja en firme que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó favorecer a los Canadienses al decir que Rais utilizando su relación de amistad con el exfiscal Luis Martínez y que formuló falsas denuncias contra los canadienses y fue así que inexplicablemente la FGR pidió al juez un sobreseimiento definitivo para los canadienses; sin embargo, el juez no se dejó del caso tomó a bien que se proceda a las órdenes de captura y mandó a instrucción formal a los imputados canadienses.
También ha quedado demostrado el «interés» de la Fiscalía por proteger a los canadienses y que por el contrario, el proceso que según dice Rais, «le montaron», fue por encargo de Matteo Pasquale y Franco Paccetti. Asimismo, los abogados de Rais aseguran que su mandante ha manifestado su extrañeza de que la FGR procediera a atribuirle los delitos de Falsedad Documental y Falsedad Ideológica cuando con solo la vista de autos, el juez concluyó en que se trataba de un delito imposible dado que estas figuras no encajan en un particular que no es ni abogado ni notario.
De igual manera, con esto queda desvirtuado lo dicho por el actual fiscal general Douglas Meléndez, quien afirmó que Rais fue favorecido por el exfiscal Luis Martínez.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
